Hace unas semanas la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona me pidió que la acompañara a la sesión en la que iba a defender el proyecto de la universidad que preside ante la comisión de expertos que los ministerios de Educación y de Ciencia e Innovación nombraron para seleccionar los campus de excelencia internacional que habían sido preseleccionados en un proceso competitivo en el que habían participado una cincuentena de universidades españolas y de las que se habían preseleccionado dieciocho.
El origen de este proceso, anunciado hace tiempo por el entonces secretario de Estado Màrius Rubiralta, supongo que se inspiraba en procesos similares que han seguido otros países europeos en un intento de corregir la alarmante posición de las universidades europeas continentales en los rankings de más solvencia que se publican periódicamente. Estos países, creo que encabezados por Alemania, ya pusieron en marcha un proceso de diferenciación al decidirse a impulsar algunas pocas universidades en un intento de que Alemania pudiera tener un Harvard, en palabras del ex canciller Schröder.
En España, una vez superada la etapa de la universidad española, en la que todas las universidades eran extensiones clónicas del ministerio del ramo, y establecida constitucionalmente la autonomía universitaria recogida inicialmente en la ley de Reforma Universitaria, el número creciente de universidades empezó sus procesos de diferenciación.
Sin entrar a analizar algunos aspectos negativos, el proceso ha sido francamente positivo, cosa lógica, ya que, en principio, siempre ha de ser mejor el resultado de disponer de un equipo pensante por cada universidad que él de un solo equipo, por muy ministerial que sea, que piense para todas. Amí, que ahora estoy un poco apartado de mi universidad, me encantó escuchar las propuestas de las 18 universidades, que juzgo que son el fruto de estos veinticinco años de una, aún no completa, autonomía universitaria.
Quedaba, sin embargo, un problema pendiente: a ojos de la sociedad, todas las universidades seguían siendo iguales y podríamos decir que ninguna era excelente en el sentido de estar entre las 100 primeras de las clasificaciones más solventes. Se podría pensar en que, lo ideal, sería que las setenta universidades españolas fueran excelentes, pero ello es utópico y no hay en el mundo ninguna economía que lo soporte. El país con más universidades, Estados Unidos, tiene algunas decenas de muy buenas pero también tiene centenares de medianas o flojas. España no podía seguir pensando que todas sus universidades podían ser buenas.
Creo que esta ha sido la razón que ha llevado a la administración a empezar un, por ahora tímido, proceso de diferenciación: la decisión de dotar un fondo al que pudieran optar las universidades con proyectos y compromisos concretos. Lo que se ha denominado campus de excelencia internacional y que hace unos días ha llegado a su fase última al señalar que ciertas universidades, por sí mismas o parte de ellas, tienen la capacidad de progresar en calidad y escalar puestos en el escalafón internacional.
Por descontado que no ha sido un proceso fácil y se puede criticar que la cifra con la que se ayudará a las universidades seleccionadas es demasiado escasa, sobre todo si se compara con lo sucedido en procesos similares en otros países, pero creo que lo importante es empezar a marcar y a reconocer diferencias. Ahora vendrá el duro camino de mantener el rumbo apuntado contra la marea de la uniformización: mantener un proceso de excelencia es siempre difícil, ya que esta es, por definición, minoritaria. Pero hay que recordar dos frases pronunciadas por los ministros en el acto final del proceso: "Lo que no se mide no avanza", dijo la ministra Garmendia, y "lo que no se evalúa se devalúa", añadió el ministro Gabilondo.
Creo que no sólo es esencial que el proceso de diferenciación de las universidades no se detenga, sino que este debe ir acompañado de algo aún más difícil: modificar el sistema de gobierno de nuestras universidades públicas. Es cierto lo que dijo el ministro de que las universidades se han de modificar desde dentro; pero yo añado que no sólo desde dentro. La autonomía universitaria no quiere decir que la sociedad no tenga nada que decir, y menos en el siglo XXI, en la gobernación de las universidades.