´La era del juez´, Ralf Dahrendorf.
La era del juez
Ralf Dahrendorf es miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido, ex rector de la London School of Economics y ex decano del St. Anthony's College de Oxford.
LV, 28-VIII-2003.
Alexander Hamilton, el célebre autor de muchos de los “Documentos federalistas” (Federalist Papers) donde se expone la lógica para adoptar la Constitución de EE.UU., no tenía dudas en cuanto al peso relativo de los tres poderes del Estado. En el “Federalist” n.º 78, escribió que el ejecutivo controla “el poder de la espada”, con lo que se convierte en el instrumento de la violencia legítima. El legislativo controla “el poder del bolsillo”, y así da forma a todas la reglas. Pero el judicial “no tiene influencia ni sobre la espada ni sobre el bolsillo”, no tiene “ni fuerza ni voluntad, sólo criterio”, lo que lo hace “incomparablemente el más débil de los tres departamentos del poder”.
Hamilton prosigue dando argumentos en favor de la independencia de los jueces para fortalecer su posición, y esos argumentos siguen siendo inobjetables. Más allá de eso, sin embargo, el observador de la política contemporánea apenas reconocerá el boceto trazado por el gran teórico constitucional de Estados Unidos.
Para el presidente de EE.UU., el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema reviste la mayor importancia, porque la Corte tiene el poder de determinar el curso de los acontecimientos en aspectos importantes, como el tema de la igualdad racial. En Alemania, las minorías derrotadas en el Parlamento presentan muchos asuntos políticos controvertidos ante la Corte Constitucional.
En Italia, y también en España, los jueces (en ambos casos, jueces investigadores) parecen influir más sobre el debate político que la interacción entre el Gobierno y la oposición. Incluso en Gran Bretaña, donde la soberanía del Parlamento era sacrosanta hasta hace poco, y la separación de los poderes estaba subdesarrollada, se habrá de crear una Corte Suprema para analizar las decisiones políticas sobre la base de la Convención Europea de Derechos Humanos. ¿Cómo es que actualmente el tercer poder no es, ni mucho menos, el más débil? ¿Está bien eso?
En términos técnicos, tal vez una de las razones que explican el cambio sea la complejidad de las sociedades modernas reguladas en exceso. Los jueces son expertos en complejidad, lo que no se puede decir de los parlamentarios o incluso del ejecutivo. Más allá de ello, sin embargo, el poder judicial emana precisamente del supuesto de independencia que Hamilton consideraba crucial para su posición. Siempre existe un deseo fuerte y tal vez creciente de encontrar puntos de vista “independientes” entre las controversias políticas marcadamente partidistas (y a menudo excesivamente polémicas) de hoy en día.
La gente común asocia vagamente la independencia con la verdad, y el partidismo con mentiras, o al menos con falta de credibilidad. Así, pocos protestan si se le pide a un juez que lleve a cabo una investigación independiente incluso en temas como los motivos que están detrás de la guerra de Iraq. En las democracias se escucha y se obedece a los tribunales, incluso si sus fallos afectan al poder original del Parlamento sobre el bolsillo, como en los recientes casos en Alemania relativos a los derechos de pensiones de ciertos grupos.
Está claro que a los políticos no les agrada este viraje del poder hacia el judicial. Si les afecta en lo personal, como al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, no atacan directamente al poder judicial, sino que cuestionan la independencia de los jueces. Es innegable que hoy en día la independencia de los jueces requiere más que un cargo vitalicio y un salario razonable (que eran las preocupaciones de Hamilton). En las sociedades modernas, las influencias sobre personas aparentemente independientes son numerosas y difíciles de controlar.
Pero las discusiones sobre la posibilidad de que un juez italiano, español o belga sea parcial en casos altamente sensibles distraen la atención de la pregunta sobre si el aumento en las facultades del poder judicial no ha ido demasiado lejos. ¿Hay argumentos en favor de que el péndulo regrese hacia los poderes más políticos, en particular el legislativo?
Yo creo que ese regreso es necesario. La política, por su naturaleza, se ocupa de conflictos, que las reglas de las constituciones democráticas regulan. La política también se hace con ensayo y error. Las decisiones políticas no pueden (o al menos no deberían) alegar que representan la verdad. Intrínsecamente son intentos limitados en el tiempo para hacer frente a temas específicos, y si se basan en las deliberaciones de una mayoría de representantes electos, se debe permitir que sigan su curso.
Incluso se podría alegar que la “judicialización” del proceso político mismo ha ido demasiado lejos. Los comités parlamentarios, con la asesoría de expertos legales, intentan con demasiado empeño perfeccionar las cosas para siempre, y en el camino se olvidan de sus intenciones originales. Así que sí hay argumentos para regresar a la política básica.
Esto es relevante para las discusiones actuales sobre las reformas en muchos países democráticos. Se podría afirmar que cuanto mayor es el poder judicial en un país, más lento se hace el ritmo de las reformas.
Tal lentitud es autodestructiva a fin de cuentas, ya que conduce a un callejón sin salida del que sólo se puede escapar con medidas dramáticas. Con una política más segura y con una menor dependencia hacia el tercer poder de Hamilton se podría aumentar la flexibilidad de una sociedad. Incluso podría ser útil para reforzar la confianza en la verdadera independencia de los jueces, quienes son muy necesarios como última instancia, cuando los derechos de los individuos, y por lo tanto, el Estado de derecho mismo, están en riesgo.
