´Legitimidad y elecciones´, Ralf Dahrendorf.

Legitimidad y elecciones

LV, 26-I-2005.

Finalmente, Ucrania tiene un Gobierno legítimo. ¿Lo es? Viktor Yushenko fue elegido con un 52% del voto popular. Su oponente consiguió un 44%. Los observadores confirman que las infracciones a las leyes electorales fueron muy poco significativas. Sin embargo, persisten los interrogantes. El candidato derrotado, Viktor Yanukovich, impugnó el resultado. El país está profundamente dividido. ¿Comenzarán los mineros de Donetsk la próxima revolución, esta vez de rojo frente al naranja de las protestas iniciadas por los partidarios de Yushenko contra la elección original y su resultado claramente ilegítimo? ¿Habrá un movimiento de secesión en el este de Ucrania?

La legitimidad es un elemento delicado y, sin embargo, de la mayor importancia para la existencia de sistemas políticos democráticos y estables. También es complicada. ¿Fue George W.

Bush el presidente de Estados Unidos legítimamente electo en su primer periodo, habiendo asumido el cargo sólo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara el fin del recuento en Florida y obteniendo sólo una minoría de los votos a nivel nacional?

¿Son legítimamente electos los presidentes de algunas ex repúblicas soviéticas que parecen lograr el 90% del voto popular? ¿Serán vistas como legítimas las elecciones programadas en Iraq, tanto interna como externamente?

Es esencial recordar que las elecciones por sí solas no garantizan la legitimidad, incluso si son vistas como libres y justas.Alos estadounidenses les cuesta comprender esto, como les ocurre a otros en las afortunadas democracias del mundo anglosajón. Para ellos, la legitimidad simplemente significa que la votación y el recuento de los votos se realicen según reglas indiscutibles. Lo que es legal, piensan, también es legítimo.

No obstante, hay muchos en el mundo para quienes hay otros dos problemas sobre la mesa. Primero, la participación electoral es crucial: quién ha votado y quién no. El segundo interrogante es si persiste una oposición al resultado que sea sistemática y potencialmente violenta.

El punto acerca del primer periodo de George W. Bush fue que, a pesar de los refunfuños y una constante y ruidosa oposición, en general se aceptó el resultado de las elecciones del 2000. O pensemos en la "arrasadora victoria" de Tony Blair en el 2001, cuando los laboristas obtuvieron el 40% de los votos en unas elecciones con una participación electoral del 60%. De hecho, el 25% del electorado total dio a Blair cerca de dos tercios de los escaños de la Cámara de los Comunes. ¿Dudó alguien de la legitimidad del resultado? No en Gran Bretaña, ni entre ninguno de sus aliados.

Pero no hay muchos países en donde algo así podría pasar. En la mayoría de las demás naciones se exigiría, como mínimo, un gobierno de coalición para reflejar la diversidad de visiones existente. La legitimidad dada por una elección es particularmente problemática en países donde existe lo que se podría llamar minorías endémicas.

En Canadá, por ejemplo, sería arriesgado pasar por alto los intereses especiales de Quebec. En Ucrania, los intereses divergentes del este y el oeste del país tienen que ser reconocidos para que se pueda alcanzar la legitimidad. En Iraq, una mayoría técnica en unas elecciones completamente legales casi no tiene significación si no se reconoce explícitamente la posición de los musulmanes suníes o la de los kurdos. Por lo tanto, las potencias ocupantes tienen razón al inquietarse por unas elecciones en las que una abstención masiva de los suníes podría generar una gran mayoría chií.

Así las cosas, la legitimidad es un concepto que va más allá de la noción de legalidad. Depende de lo que las personas afectadas consideren como real. Como mínimo, debe haber ausencia de una oposición violenta, incluida la amenaza de secesión.

En los países occidentales, particularmente en Estados Unidos, la gente tiende a dar por supuestas demasiadas cosas cuando se trata de llevar la democracia (con el significado principal de realizar elecciones) a otros pueblos. En particular, suponemos un electorado esencialmente homogéneo, de modo que incluso una baja participación electoral no implica una desventaja para grupos étnicos o culturales específicos. También suponemos la aceptación automática de reglas que, de hecho, tardaron mucho tiempo en echar raíces, incluso en Estados Unidos.

Sin legitimidad, ningún sistema político puede lograr estabilidad, y sin elecciones (es decir, sin una expresión explícita del consentimiento popular hacia quienes detentan el poder) no puede haber legitimidad. Pero, si bien las elecciones libres son una condición necesaria para la legitimidad, están lejos de ser suficientes para garantizarla. Las disposiciones constitucionales deben garantizar un lugar en las instituciones políticas de los países a todos los grupos presentes en ellos. Es igualmente imperativo establecer el imperio de la ley, ejercido por un poder judicial independiente y respetado.

Debemos tener en cuenta esto en momentos en que tratamos de alcanzar el esquivo objetivo de la democracia en Iraq, de manera que no nos tome por sorpresa la posibilidad de que las próximas elecciones no logren generar un gobierno legítimo.