"Viejos demonios", Manuel Castells.

Viejos demonios

Las amenazas intimidatorias del teniente general Mena nos retrotraen a un pasado infausto. Sería un error banalizar el incidente. Claro que no hay condiciones para un golpe militar, ni en el contexto europeo, ni en el conjunto de la sociedad ni entre las fuerzas armadas, aun con un nuevo Estatut de Catalunya. Pero esa declaración solemne de quien tenía el mando operativo para apretar el gatillo y los apoyos o comprensiones que ha suscitado han incidido en la deliberación política de un tema fundamental. Algo que está estrictamente vedado legalmente a los mandos militares actuando en el ejercicio de su función, se dé las vueltas que se le dé al anacrónico artículo 8 de la Constitución. Un artículo que o bien es redundante o es contradictorio con el espíritu y la letra del conjunto del texto.

Lo preocupante es que se trata de un nuevo síntoma de la incomprensión del hecho diferencial catalán por parte de amplios sectores de la sociedad española, incluyendo parte de las fuerzas vivas del país que siguen viviendo en la España grande, libre y, sobre todo, una. Entre las decenas de militares retirados que se han solidarizado con Mena hay dos tenientes generales, incluido el que fue nombrado jefe de Estado Mayor en 1998, y el reciente gobernador militar de Madrid. Al tiempo que otras altas instancias del Estado abundan en el rechazo al Estatut, llegando al insulto del señor Hernando, presidente del Tribunal Supremo, al comparar la necesidad de hablar catalán para los jueces en Catalunya con el saber bailar sevillanas en Andalucía. Aún más significativo es que el principal partido de la oposición se haya mostrado inicialmente comprensivo con el discurso de Mena.

Aunque sabemos que, afortunadamente, el PP es un partido diverso y que el señor Elorriaga, más que portavoz del PP, lo es del partido de Aznar y Acebes, distinto del PP de Piqué y, si me apuran, de Rajoy, aunque la marea negra le esté arrastrando hacia las procelosas aguas de la derecha furibunda en donde naufragarían sus posibilidades de ser Gobierno. Sin embargo, el reflejo nacionalista español está también profundamente arraigado en el PSOE, como demuestran los exabruptos de alguien con ejemplar trayectoria socialista y democrática como es Rodríguez Ibarra, que dice bien alto lo que otros prohombres socialistas dejan entender en diferentes tonos. No en vano el jacobinismo, o centralismo normalizador de culturas, ha sido una de las banderas de la izquierda tradicional. Ese nacionalismo está mayoritariamente presente en la ciudadanía fuera de Catalunya. Yes amplificado por algunos medios de comunicación hostiles al catalanismo. En algunos casos, como el de la Cope, se empeñan en una campaña ideológica que, como demuestra el Consell Audiovisual de Catalunya, tiene poco de información y mucho de azuzar los bajos instintos, una práctica que deshonra al periodismo. Pero no debiera plantearse silenciar a la Cope, aun presentando querellas puntuales en el juzgado de guardia. No sólo por el principio irrenunciable de una libertad de opinión indivisa, sino porque no se acalla el mensaje matando al mensajero. Si a la Cope la escuchan, será por algo. Y ese algo es que hay mucha gente que, aunque no piense lo mismo, es sensible a sus improperios. ¿O es que creíamos que los cientos de años de oscurantismo, autoritarismo y centralismo se disolverían como azucarillo en el agua democrática en las mentes de los españolitos a quienes siempre les partía el corazón una de las dos Españas? Pues imagínese si además de estas dos Españas añadimos Catalunya, aun dejando fuera del tema a Euskadi para no angustiarle en demasía.

Así las cosas, ¿por qué plantear todo este lío del Estatut? Pues porque alguna salida política hay que dar a la afirmación de la identidad catalana y a sus reivindicaciones de autonomía institucional y financiera. Porque así lo pensó la inmensa mayoría del Parlament de Catalunya y porque así lo piensan más de dos tercios de los ciudadanos de Catalunya. Y porque el Estatut propuesto, aunque sea prolijo, mal redactado e innecesariamente estatista, en el fondo es sumamente moderado. A condición, claro, de que se acepte que el federalismo es una forma de organización del Estado que no pone en cuestión la unidad del Estado, sino que más bien la refuerza, según la experiencia internacional. Si los vericuetos de la historia llevan a coexistir en un mismo Estado a sociedades y naciones diversas, lo razonable es que las instituciones de ese Estado, para ser estables, reflejen dicha diversidad.

¿Cuáles son los obstáculos en la negociación del Estatut? El problema previo tiene que ver con las maniobras de cada partido, en Catalunya y en Madrid, para salir reforzado de ese proceso. Sin superar las visiones partidistas, no habrá consenso. Presuponiendo buena voluntad, el acuerdo es posible. Se ha avanzado en numerosos aspectos técnicos e institucionales, hasta llegar al meollo ideológico (nación) y a la madre del cordero (financiación). No son problemas insalvables. En un borrador del Estatut aparecía en el preámbulo, una formulación técnicamente impecable: "Catalunya es una nación dentro del Estado español". Es lo que en realidad es y no amenaza la unidad del Estado. En alguna de las divagaciones nocturnas entre partidos y asesores, la bandera nacional amaneció izada en el artículo primero y sin el paraguas del Estado. Y entonces se convirtió en trinchera identitaria sin implicación jurídica real. No parece que la preambulación de la proclama, acompañada por una rearticulación de ésta en tono menor atente contra principios irrenunciables. La financiación es un tema más espinoso. Resolverlo requiere no empecinarse en una, dos o tres agencias tributarias. Como dijo Saura, "no se trata de cómo cobro, sino de lo que cobro". Definido el principio del reparto, el resto es gestión. El federalismo fiscal gestiona diferencialmente los impuestos propios de la comunidad y los del Estado. El problema, claro, está en los segundos. Y aquí se trata de ver si lo que recibe la comunidad del Estado está en proporción con lo que genera para el Estado. Se sabe que Catalunya contribuye bastante más de lo que recibe. Pero aquí opera el principio de solidaridad con otras comunidades. Hay también acuerdo en dicho principio. Aunque, ¿cuánto cuesta la solidaridad? ¿Es lo más eficaz que lo defina el Estado central? Si al primer motor de la economía española le sustraen los recursos para invertir pierde competitividad y genera menos producto, con lo cual todos pierden. ¿No sería más inteligente seguir la fórmula china con sus provincias, mediante la cual se define anualmente un monto fijo de lo que el Estado debe recibir en concepto de solidaridad y luego la provincia (la nación en esta caso) se las arregla para pagárselo? Si lo hace bien y se queda con más, mejor para Catalunya. Ysi no, se fastidia y pierde. O sea, autonomía para jugársela, pero sin poner en peligro el fondo de solidaridad garantizado por el Estado a un nivel aceptable para las comunidades más pobres. Si tal principio se acepta, la Agencia Tributaria se convierte en tema menor.Hay posibilidades razonables de acuerdo. Si no se concretan, será por algo más profundo, por las tensiones suscitadas por el rechazo del nacionalismo español, persistente en la sociedad y en las instituciones del Estado, a aceptar las consecuencias de que Catalunya tenga una historia y una cultura propias. Compartidas con España, pero no subsumidas en una España uniforme. Y como la mayoría de los ciudadanos españoles no lo entienden y la mayoría de los catalanes lo consideran así, ¿qué hacemos? ¿Se aguantan los catalanes porque perdieron tres guerras con la España imperial? ¿Por el artículo 8 o el 14? Si así fuera, si se bloquean las salidas institucionales, en el siglo XXI hay muchas formas de resistencia pacífica. Por ejemplo, en una situación de humillación impuesta por la fuerza, ¿qué pasaría si los catalanes (el 93% de los cuales pueden hablar catalán) hicieran de verdad algo de lo que se les acusa sin fundamento, a saber, hacer oídos sordos al castellano? Se crearía un caos comunicativo. Hay mil formas posibles de protesta cívica (¿recuerdan la campaña contra Galinsoga en plena dictadura franquista?) que no mencionaré porque tan sólo quiero ilustrar la idea de que a las malas Catalunya no entrará en el ruedo ibérico.

Eso lo sabe Rodríguez Zapatero. Y por eso está decidido a integrar por fin a Catalunya en una España plural y federal antes de que los vientos de destrucción vuelvan a soplar. Aunque no se lo perdonen algunas de sus gentes. Y aunque pueda perder las elecciones. Si bien el cerrilismo de la derecha carpetovetónica le puede permitir no sólo hacer historia, sino además gobernar. Por si acaso, sin embargo, bien harían los partidos catalanes en aprovechar una oportunidad histórica más allá de la cual están la negación o el enfrentamiento.

lavanguardia, 14-I-06