el embajador Máximo Cajal
Acabamos de conmemorar un acontecimiento tan trágico como inolvidable: el incendio de la embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980 por las fuerzas de seguridad de aquel país. Han sido tres décadas de patológica impunidad, dentro de la descomunal impunidad general predominante en aquella sociedad, que sólo llega a castigar el 2% de los miles de acciones criminales.
En aquellos comienzos de los 80, Guatemala era escenario de una pavorosa tragedia: el ejército y sus fuerzas afines irrumpían en las comunidades mayas, secuestraban, torturaban, mutilaban, asesinaban, violaban a gran número de mujeres, degollaban a los niños, y extraían los fetos de las mujeres embarazadas. Todo ello imposible de creer si no fuera por las irrefutables 3.800 páginas y los 12 volúmenes de testimonios del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU, a la que tuvimos el honor de pertenecer. Aquel genocidio tuvo una finalidad estratégica: impedir, mediante el terror paralizante, que la población maya (más del 40% del total) colaborase con la guerrilla.
el embajador Máximo Cajal
Un grupo de indígenas, encabezados por el catequista Vicente Menchú (padre de Rigoberta), con el apoyo de un grupo de universitarios, decidió ocupar pacíficamente la embajada de España, atrayendo así la atención internacional, para emitir un comunicado dando a conocer los horrores que los mayas estaban padeciendo.
La policía rodeó nuestra embajada. En vano el embajador Máximo Cajal instó a los sitiadores a no intervenir. Aquellas fuerzas, mal llamadas de seguridad, irrumpieron violentamente en el recinto diplomático, que pocos momentos después se vio envuelto en llamas. Todos los presentes murieron abrasados, excepto el embajador, seriamente herido. Murieron 37 personas, tres de ellas españolas. La justicia española mantiene procesadas a las máximas autoridades entonces responsables, civiles y militares, sometidas a busca y captura internacional. El Gobierno de Guatemala no concederá ninguna extradición. Pero los grandes asesinos aún vivos saben que no pueden poner los pies fuera de su país, y que al menos existe en el mundo un tribunal que los tiene bajo su punto de mira, cumpliendo la exigencia irreductible de la justicia universal.
