Si bien es cierto que los impuestos se pagan por imperativo legal, no hay que olvidar que la única razón que justifica su existencia es la obligación constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. En este sentido, la lucha contra el fraude es necesaria para que el cumplimiento de dicho mandato sea una realidad y no una mera declaración de intenciones. Sin embargo, a pesar de que el fraude se identifica con quien está obligado a pagar los impuestos, es también predicable, o habría de serlo, respecto a quien los exige.
En efecto; si la justificación y destino de los impuestos es hacer frente a los gastos públicos, parece lógico que no se pueden exigir más tributos que los necesarios para cubrirlos. De lo contrario, el impuesto carece de justificación. Desde esta perspectiva, la relación Administración-ciudadano adolece de una enorme desproporción, ya que, frente a los mecanismos coercitivos y represivos que nuestro ordenamiento prevé contra quien defrauda u oculta bienes o ingresos, el único coste de quienes gestionan inadecuadamente el gasto público, y de quienes con su silencio lo permiten, es de tipo político; lo cierto, sin embargo, es que con su negligente actuación producen un daño patrimonial al contribuyente permitiendo que se le exijan unos tributos excesivos.
No se trata, aclarémoslo, de cuestionar las políticas de gasto e inversión ni la mayor o menor justicia del sistema tributario. Se trata, simplemente, de que nadie está obligado a pagar más impuestos que los necesarios o, si se prefiere, de que carece de fundamento exigir el pago de tributos para sufragar gastos innecesarios o mal gestionados.
10-III-10, Antonio Durán-Sindreu Buxadé, profesor UPF y consultor empresas, lavanguardia