Según Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, pero lo cierto es que a menudo tiende a la transgresión y que cada uno de nosotros establece sus propios límites respecto al cumplimiento de las normas establecidas. Por ello, la sociedad acepta el control sobre algunos aspectos de la conducta humana.
Después de los últimos casos de corrupción, se ha abierto un debate sobre cómo dar seguridad y confianza al ciudadano mediante el control sobre el uso de los bienes públicos. Por ejemplo, son loables algunas medidas anunciadas en el anteproyecto de ley de Economía Sostenible (como la de forzar la rendición de cuentas de los entes municipales, paralizando transferencias de fondos si la incumplen) o un futuro decreto de la Generalitat de Catalunya que ampliará la información a publicar en las memorias de las fundaciones (si bien se echa en falta su extensión a las asociaciones). Estas medidas son útiles, pero deben acompañarse de otras.
Los entes públicos y los de interés público deben rendir sus cuentas en los plazos legales; pero, además, convendría complementarlas con un sistema de indexación comparativa que permitiera medir la eficiencia, por ejemplo, de los servicios entre diferentes municipios, siguiendo el modelo de la Audit Comission inglesa. Se debería fomentar también la exposición pública de la información, priorizar el control sobre las áreas de riesgo y lograr un sistema de control que proporcione los medios precisos para cubrir sus objetivos, frente al modelo actual de auditar hasta donde los medios lo permiten.
El Col · legi de Censors Jurats de Comptes propone la creación de un grupo mixto de profesionales del control - público y privado-que diseñe un nuevo modelo de rendición de cuentas en el sector público, más abierto, más recurrente y que, al propio tiempo, permita potenciar su eficiencia económica. En la actual gestación de la nueva ley de la Sindicatura de Cuentas sería muy oportuna una reflexión sobre su redactado final.
Aunque es imposible erradicar absolutamente el fraude y la corrupción en un sistema económico, sí que es posible reducirlo a niveles residuales: dificultando la tentación ante el riesgo de ser descubierto e intensificando la densidad del control a través de un diseño previo, ágil y lo menos gravoso posible. Las correcciones en el sistema de información y control de las cuentas públicas, junto con algunos cambios realistas en la ley de Financiación de Partidos Políticos, así como la equiparación de la rendición, publicidad y control de cuentas en el sector público a la del sector privado, y la de las asociaciones al de las fundaciones, harían menos vulnerable nuestra sociedad.
5-III-10, Albert Folia, Presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes, lavanguardia