No deja de ser inquietante que Mariano Rajoy y el ministro José Blanco coincidan en que ahora no hay que renovar el Tribunal Constitucional, después de que la más alta instancia judicial del Estado no llegara a un acuerdo sobre el Estatut de Catalunya que ha sido objeto de discusiones numantinas durante casi cuatro años. Es inquietante porque parece que el Partido Popular y el Partido Socialista no han entendido que se trata simplemente de que el TC tenga su propia casa en orden, es decir, que todos los magistrados cumplan los requisitos que establecen las normas para poder ejercer sus funciones.
No se trata, por tanto, de renovación, sino de sustitución de los magistrados cuyo mandato ha caducado y también del nombramiento de la vacante producida por el fallecimiento de uno de sus miembros. Si el máximo tribunal del Estado no tiene sus papeles en regla durante tanto tiempo, ¿cómo se puede exigir la idoneidad del resto de los tribunales en las distintas jurisdicciones estatales y autonómicas?
El sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional es competencia del Parlamento, que los tiene que aprobar por una mayoría de tres quintas partes. Está en manos del Partido Socialista y del Partido Popular el enderezar las anomalías que afectan al máximo tribunal.
Las discrepancias entre el sector llamado progresista a la hora de emitir un fallo sobre el recurso al Estatut de Catalunya evidencian que no es una mera división entre conservadores y progresistas, sino una discrepancia mucho más profunda sobre la organización territorial y política del Estado. Es sintomático que algunos artículos recurridos del Estatut hayan pasado sin problemas en otros estatutos como el andaluz.
Cabe pensar, por tanto, que el problema es Catalunya, que ha aprobado un texto pasando por todos los requisitos legales establecidos y que, además, ha sido plebiscitado por el pueblo catalán. Lo que no se acepta es la singularidad de Catalunya dentro del Estado, un hecho que viene a poner de relieve la inoportuna fórmula del café para todos de Adolfo Suárez.
El Estado ha cedido ya muchas competencias y no está dispuesto a seguir perdiendo protagonismo ante una realidad cada día más descentralizada. Que se ponga al día el TC, pero habrá que pensar en si no sería más inteligente modificar la Constitución.
20-IV-10, Lluís Foix, lavanguardia