el Tribunal Supremo (argentino) golpea la impunidad de la dictadura

El Tribunal Supremo argentino ratificó ayer la inconstitucionalidad del indulto otorgado por el ex presidente Carlos Menem al dictador Jorge Rafael Videla, y anuló también el perdón al poderoso ministro de Economía del régimen militar, el funcionario civil José Alfredo Martínez de Hoz. Ambos indultos fueron concedidos en 1989 y 1990.

La resolución judicial afecta sobre todo a Martínez de Hoz, que finalmente podrá ser juzgado como han venido reclamando numerosas organizaciones de derechos humanos.

En el caso de Videla, su indulto ya había sido declarado inconstitucional en otras causas, como la que del secuestro de 33 bebés de opositoras desaparecidas, para entregarlos en adopción ilegal a militares o personas adeptas a la dictadura. Por esa causa, el ex dictador cumple prisión preventiva en una cárcel común desde el 2008, tras haber disfrutado antes del beneficio del arresto domiciliario durante diez años.



El inicio del juicio oral por la sustracción de niños está previsto para el próximo 20 de septiembre y, además de Videla, sentará en el banquillo a otro ex presidente de facto, el general Reynaldo Bignone, que la semana pasada recibió su primera condena (25 años) por los crímenes cometidos en el cuartel de Campo de Mayo.

Una vez anulado el indulto a Martínez de Hoz, de 84 años, la orden de detención contra él podría llegar en cualquier momento. Al ministro de Economía entre 1976 y 1981 se le imputa el secuestro del empresario algodonero Federico Gutheim y de su hijo Miguel, así como la desaparición del funcionario del Ministerio de Economía Juan Carlos Casariego de Bel.

Los Gutheim fueron detenidos y encarcelados ilegalmente durante cinco meses entre 1976 y 1977, y sólo fueron liberados tras firmar un contrato exportador con Hong Kong, que beneficiaba los intereses del régimen militar. En 1990, los Gutheim demandaron al Estado y lograron una indemnización de 16000 dólares. En esta causa también están imputados Videla y el ministro del Interior de la época, Albano Eduardo Harguindeguy.

El secretario de Derechos Humanos de Argentina, Eduardo Duhalde, expresó hoy su "gran satisfacción" por el fallo. "De este modo cae finalmente la impunidad que rodeó durante décadas el accionar delictivo del verdadero jefe civil del golpe", añadió Duhalde.

Por su parte la presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Graciela Rosemblum coincidió con Duhalde en que esta sentencia "abre la puerta para llevar a juicio a civiles que participaron en la estructura del terrorismo de Estado".

28-IV-10, R. Mur, lavanguardia