Las cifras del déficit público han hecho sonar ya todas las alarmas, amplificadas por el antiejemplo griego y azuzados por las intranquilidades de los mercados financieros y sus oráculos. Pero el déficit público es tanto o más un síntoma que una causa. Es cierto que hay factores estructurales -como cierta tendencia al clientelismo y a las corruptelas- superior a la media europea, y un fácil recurso a tratar de meter la mano en el bolsillo del contribuyente para cubrir cualquier revés, desde los buscados por insensatas decisiones hasta los más inexorables de las vicisitudes de la vida.
Pero hay que ser conscientes de que el principal déficit de la economía española es de competitividad. Yel déficit público se ha visto agravado y prolongado por la incapacidad para reasignar los recursos dando prioridad a esa dimensión. Por el contrario, las políticas fiscales centradas en gasto de baja o dudosa productividad, más centradas en mantener el statu quo que en adecuar nuestra economía a las nuevas realidades, traicionan las fundamentos -y desperdician los recursos- de unas políticas públicas cuya legitimación radica en su papel de sostenimiento del consumo y generación de inversiones que permitan recuperar la confianza necesaria para que la actividad privada, el dinamismo empresarial, tomen de nuevo su papel fundamental de motor económico.
Los sectores que lideraron el anterior modelo de crecimiento estaban sobredimensionados en bastantes puntos del PIB respecto a la media razonable de nuestro entorno. Cualquier recuperación sostenible -y no meramente subsidiada y generadora de déficit público- requiere propiciar que aflore nueva actividad al menos por una cuantía equivalente. ¿Dónde podemos encontrarla? En un tejido emprendedor y productivo que encuentre de verdad incentivos, apoyos e impulsos a asumir las nuevas exigencias de la competitividad global, con más flexibilidad interna en muchos aspectos y con aumentada capacidad de conexión con los polos de demanda externos. Y que disponga de la financiación adecuada por parte de un sistema financiero al que, de no hacerlo por propia iniciativa, se debería recordar que su función esencial radica en canalizar el ahorro hacia la inversión productiva y que ninguna urgencia puede desviarle tan sustancialmente como se ha hecho de esta esencial tarea.
Es crucial reconocer este papel causal del problema de la competitividad. Antes de la crisis ya nos dejamos deslumbrar por termómetros como el crecimiento del PIB o el superávit público que fueron coartadas para no mejorar los fundamentos de la competitividad.
Ahora, la señal del termómetro del déficit público es reconocidamente grave, pero si nos limitamos a ponerle hielo, si no afrontamos con realismo también -y principalmente- el problema de fondo de la competitividad, acabará sirviendo de poco. Que lo urgente no nos haga olvidar de nuevo lo importante.
4-V-10, Juan Tugores Ques, catedrático de Economía de la UB, lavanguardia