"El Gobierno, como encargado de la vigilancia de sus reclusos, tiene la potestad constitucional para actuar y proteger a las comunidades del peligro que representan estos presos". Así expresó el sentir de la mayoría el magistrado Sthepen Breyer en la sentencia que avala que las autoridades federales mantengan indefinidamente entre rejas a aquellos delincuentes sexuales que consideren que no se han rehabilitado. Este pronunciamiento, con siete votos a favor y dos en contra, significa revocar la decisión de un tribunal menor que denegó la potestad del Congreso para decretar detenciones sin término.
Esa primera decisión contraria, en la que se consideró que se daba un poder excesivo al poder legislativo, se produjo como respuesta a una iniciativa rubricada por el presidente George W. Bush. En el año 2006, la Cámara de Representantes aprobó el acta Adam Walsh ante el caso de cuatro hombres que cumplían condena, de tres a ocho años por posesión de pornografía infantil o por abusos sexuales a menores. Aunque su confinamiento hacía ya un tiempo que debía haber concluido, los responsables penitenciarios consideraron que su liberación suponía un riesgo para la sociedad. Un quinto inculpado también fue acusado, pero se le incapacitó.
El tribunal de Richmond sentenció el pasado año que era "exagerada" la ley que permitía al Gobierno mantener la prisión indefinida a las personas sexualmente peligrosas. En sentido contrario, el Supremo concluye que la Cámara no se extralimitó yda ahora luz verde a esa iniciativa. "Concluimos que la Constitución concede al Congreso el poder suficiente", escribe Sthepen Breyer.
Sin embargo, el juez Clarence Thomas disiente de esta apreciación. En su voto contrario señaló que en ningún punto de la Constitución se delega al Congreso para que un compromiso civil afecte al régimen penal de una persona, por peligrosa que sea.
En enero, Elena Kagan, en el ejercicio de su cargo de procuradora general de Estados Unidos, defendió ante el Tribunal Supremo que las autoridades penitenciarias habían detectado a unos 15.000 internos con antecedentes de violencia sexual o abusos de menores, de los que sólo 105 habían sido declarados enfermos mentales. Ante ellos surgía la "duda razonable" de que reincidieran si regresaban a la calle. En su alegato, Elena Kagan remarcó que entre las competencias del Gobierno se incluye la potestad de "mantener un sistema de justicia penal responsable". Esta circunstancia equivale, subrayó, a impedir que los delincuentes conflictivos "se escapen entre las grietas de la custodia federal y el restablecimiento del control estatal".
