La zona euro se enfrenta a una crisis fundamental que los ataques a los especuladores financieros no resolverán. El Consejo de Ministros de la UE tuvo que prometer cientos de miles de millones de euros a sus países miembros financieramente en peligro, pese a que la economía europea en su conjunto no está realmente en crisis. Al revés, la mayoría de los informes e indicadores macroeconómicos apuntan a una gran mejora, con sólo un país realmente con problemas -Grecia-, que supone sólo el 3% del PIB del área.
Sin embargo, la crisis plantea casi un reto existencial a la Unión Europea -y ha hecho necesarias tan ingentes cantidades- porque afecta directamente al principio básico de la gobernanza europea: la naturaleza del Estado. El caso griego ha puesto sobre la mesa la pregunta básica pero fundamental: ¿se puede dejar caer a un país miembro de la UE? Una visión defiende que el Estado es sacrosanto: la UE tiene que intervenir y ayudar a cualquier miembro errante para que vuelva sobre sus pasos. Pero esta visión asume que todos los países miembros se adhieren a los valores económicos, a la prudencia fiscal y a las reformas del mercado que rigen la Unión. Los problemas podrían surgir sólo por movimientos no previstos, dificultades políticas locales temporales y -especialmente- por los mercados irracionales.
Aplicado a Grecia, este punto de vista supone que la crisis fiscal del país es fruto de una sobrerreacción de los mercados financieros mundiales a problemas políticos internos (exceso de gasto por el gobierno griego antes de las elecciones del pasado año). Es más, implica que la crisis está completamente bajo control europeo y que las autoridades europeas han elaborado un plan que resolverá todos los problemas fiscales y estructurales griegos. De ahí el estribillo -digamos sureño- oficial: "El plan de laUE y el FMI tendrá éxito. No se considera el fracaso".
El punto de vista alternativo es más pragmático y basado en las reglas de juego. Esta visión norteña parte de la premisa de que los estados miembros son unidades soberanas y de que es posible que un país miembro no implemente un programa de ajuste económico que era necesario. Este planteamiento se plasma en la cláusula de "no rescate" en el documento fundacional del euro, que establece que cada país es responsable de su propia deuda pública. La quiebra se convierte entonces en una posibilidad si el país afectado viola las normas básicas de la moneda única.
Los mercados financieros no participan directamente en este debate. Pero son parte del juego. Cualquier poseedor de deuda griega, especialmente de deuda a largo plazo, debe calcular la probabilidad de que el sistema político griego se demuestre lo bastante fuerte para llevar a cabo las reformas necesarias que permitan al país pagar totalmente su deuda (y a tiempo).
El juicio colectivo de los mercados financieros ante cualquier política económica y fiscal de un gobierno se expresa en la prima de riesgo que ese gobierno debe pagar por su deuda externa. Las dudas en los mercados financieros conllevan una prima de riesgo más alta, lo que hace aún más difícil financiar a un gobierno que ya afronta problemas financieros. Los mercados a menudo se equivocan en sus juicios, pero son una realidad que no puede acomodarse a nuestros deseos, ni pueden estar sujetos a una regulación absoluta. Se podría objetar que la diferencia entre los puntos de vista del sur y del norte es académica, porque la quiebra no es una opción real, ya que acarrearía una desastrosa reacción de los mercados financieros globales. Pero el Consejo Europeo ha creado un grupo especial, una task force,bajo el mandato del presidente Herman van Rompuy para que elabore propuestas concretas para reformar la unión monetaria.
La elección para este grupo es sencilla: ¿debe dirigir sus esfuerzos únicamente a impedir la quiebra (incluyendo apoyo fiscal indefinido) o debe prepararse también para mitigar las consecuencias de la quiebra de un Estado miembro si esta se produjera? La primera opción llevaría a elaborar medidas para hacer más de lo mismo -por ejemplo, fortalecer el pacto de estabilidad y crecimiento-, con más provisiones para una política económica de vigilancia y cooperación. Pero esta vía no contesta la pregunta fundamental: ¿y si la estructura no funciona? Mientras los líderes europeos no sean capaces de contestar esta pregunta, los mercados financieros seguirán abrigando dudas sobre la estabilidad del euro a largo plazo.
La eurozona no puede estabilizarse en términos políticos y económicos sin una sólida estructura para resolver las crisis y una capacidad para afrontar la deuda soberana de un país miembro. La opción de que no se puede dejar que caiga un Estado miembro supone lógicamente que una unión política, o al menos fiscal, debe apuntalar el euro. Este es el dilema al que se enfrentan los líderes europeos: dar un paso radical hacia una integración política o crear una estructura capaz de afrontar las consecuencias de que un país miembro quiebre, ateniéndose a las normas fundamentales de la unión monetaria. No hay cifra de dinero que permita a los líderes europeos eludir esta cuestión.