Admirable que los dirigentes, ahora destituidos, de CajaSur, la Caja de los Canónigos de la Catedral de Córdoba, hayan alegado la defensa de los trabajadores para resistirse a la fusión que andaban negociando con Unicaja desde el 12 de junio del 2009. El resultado de su negativa a un acuerdo que garantizaba la viabilidad ha sido la intervención obligada por parte del Banco de España en la madrugada del viernes al sábado. La propuesta contraria a la fusión tuvo como paladín al presidente de CajaSur, el presbítero Santiago Gómez Sierra. Ahora, la broma requiere que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) inyecte 550 millones de euros en recursos de capital para garantizar el coeficiente mínimo de solvencia exigido por la supervisión a que vienen obligadas las instituciones financieras.
Tranquilidad porque el Gobierno, el Banco de España y la Junta de Andalucía han actuado de consuno para garantizar dicha inyección y las que deban añadirse por cuenta de los contribuyentes, la integridad de los fondos de los impositores. Pero al consejo de CajaSur, con sus canónigos y afines, habrá que examinarlo conforme a lo que marcan las leyes yen su caso denunciar a sus integrantes ante la Fiscalía y acordar su inhabilitación por el Banco de España para impedir que vuelvan a las andadas. El cuento de la lechera, en este caso cordobesa, se ha venido abajo con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, cuyos avisos fueron una y otra vez desoídos con temeridad inexplicable, incluso después del informe de la consultora Deloitte, fechado en abril del 2009, en el que se recomendaba reforzar la solvencia.
El PP amparó los desmanes del anterior presidente de CajaSur, aquel canónigo sinvergüenza, Miguel Castillejo, que logró liberarse de la tutela de la Junta de Andalucía y de la del anterior obispo, monseñor Asenjo, trasladado de diócesis por negarse a convalidar los más negros excesos. El actual titular de la diócesis, monseñor Demetrio Fernández, todo lo encuentra conforme pero habría que considerar si de la aportación que resulte del 0,7% de las declaraciones del IRPF para la Iglesia, cabría deducir el coste en que nos han metido los canónigos para evitar mayores quebrantos en la crisis. El que juega, paga.
25-V-10, Miguel Ángel Aguilar, lavanguardia