Es bastante irrelevante que sean gobiernos de derechas o de izquierdas los que recorten o congelen partidas básicas del Estado de bienestar. Lo están afeitando gobiernos conservadores de grandes países como el Reino Unido, Alemania y Francia, y también países medios como Italia y España, así como Portugal, Grecia e Irlanda.
Una observación llana y sencilla indica que el pastel no da más de sí y que las promesas electorales de los partidos que hoy están en el gobierno no se pueden cumplir. Se han acabado, por tanto, las campañas advirtiendo que viene el lobo si la derecha llega al poder para castigar a pensionistas, funcionarios y trabajadores de sueldos bajos. La derecha y la izquierda lo están imponiendo a toda prisa en toda Europa.
Se anuncian medidas de recortes en todos los ámbitos, forzadas por las circunstancias, según Zapatero, o por los déficits acumulados en tantos países que luchan para la supervivencia del euro o, lo que es más inquietante, para que el Estado no entre en bancarrota como ha ocurrido en Grecia y se vea incapacitado de ofrecer las prestaciones que han conformado un conjunto de derechos que conocemos como el Estado de bienestar.
Se han señalado como principales culpables de esta crisis en las democracias occidentales los trapicheos de instituciones financieras que jugaron con los intereses y ahorros de millones de personas que depositaron su confianza en bancos, cajas, con los conocidos fondos de inversión tóxicos, que llegaron a construir un sistema financiero fuera de todo control. Ciertamente, el origen de la crisis que sufrimos está en el mundo de los especuladores y de los nuevos ricos a costa de hacer trampas con los euros o los dólares de los demás. La convulsión global en el mundo de las finanzas no la pueden apaciguar ni siquiera el Banco Central Europeo, la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra.
Pero también son causantes de la crisis los gobiernos que no supieron dotar de una estructura jurídica mínima al movimiento de capitales transnacionales que no estaban sujetos a tratamientos fiscales adecuados. Las medidas que toman los gobiernos parecen imprescindibles para evitar la bancarrota o ser sometidos a fuertes vaivenes nacionales.
No se trata de abonarse a la idea de que el Estado de bienestar está a la deriva y no volverá a ser lo que fue. Se trata, más bien, de revisarlo y ver en qué puntos puede ser corregido sin que perjudique injustamente a los más frágiles. Nadie habla de la necesaria reforma del sistema de financiación de partidos ode los gastos del Estado que pueden ser suprimidos. Se están erosionando los pilares del Estado de bienestar sin que se oigan voces sobre cómo recomponerlo, cómo crear más riqueza, cómo dedicar más recursos a la educación y a la investigación. Para repartir hay que crear primero.
27-V-10, Lluís Foix, lavanguardia