El magistrado también condenó a la desaparecida subsidiaria india de la estadounidense Union Carbide a una multa equivalente a 8.880 euros por aquella fuga letal. En previsión de que el medio millón de afectados por los efectos nocivos del gas -metil isocianato- se sintieran estafados, las autoridades prohibieron ayer las reuniones a menos de un kilómetro del juzgado.
La lentitud del proceso y la práctica exculpación de la multinacional fue calificada por el propio ministro de Justicia, Virappa Moily, como "un entierro de la ley". En realidad, lo que permanece enterrado bajo la ruina industrial de Bhopal son miles de toneladas de residuos tóxicos, que siguen contaminando las aguas freáticas y provocando malformaciones y dolencias. Union Carbide, propietaria de la planta, parece haber conseguido eludir de una vez por todas a la justicia india y ningún norteamericano se ha sentado en el banquillo. Tampoco su entonces presidente, el prófugo Warren Anderson.
La empresa sigue hablando de "sabotaje", pese a que la investigación ha demostrado la precariedad en mantenimiento y medidas de seguridad (fallaron cuatro) que tenía como objeto eliminar costes. El ahorro en refrigeración provocó que el metil isocianato líquido se convirtiera en un gas mortífero. Nada que ver con las medidas en vigor en la planta del mismo tipo que Union Carbide poseía en Virginia, (EE. UU.)
Union Carbide consiguió cerrar ya en 1989 un apresurado acuerdo con el Gobierno de India, entonces presidido por Rajiv Gandhi, por el que limitó a 470 millones de dólares su responsabilidad presente y futura.
En el estado afectado, Madhya Pradesh, existe incluso un Ministerio de la Catástrofe de Bhopal, encargado de velar por los enfermos. Sin embargo, las propias cifras oficiales admiten que de los 575.000 afectados, unos 200.000 siguen sin tener documentos que les den acceso a asistencia sanitaria pública. Incluso hoy en día, las clausuradas instalaciones de Union Carbide siguen rodeadas por catorce barrios chabolistas, de fuerte presencia musulmana.
El magnate Ratan Tata intercedió en su día en favor de Dow Chemical - que absorbió Union Carbide en el 2001-para que fueran empresas indias las que descontaminaran el lugar y para que cesara la exigencia de una fianza a cargo de Dow Chemical para sufragar dichos costes.
A instancias del Ministerio de Exteriores, el CBI (el FBI indio) rebajó la acusación de homicidio involuntario, con una pena máxima de diez años, por la de negligencia, con una pena de dos años que no implica extradición. Cuando la semana pasada el ministro de Exteriores indio fue recibido en EE. UU. por Barack Obama el asunto no figuró en la agenda.
De hecho, para indignación de muchas víctimas, Union Carbide ha vuelto a India bajo el disfraz de Dow Chemical, uno de los principales interesados en vender una segunda revolución verde de la mano de alimentos transgénicos y semillas patentadas en EE. UU. Una iniciativa que cuenta con el primer ministro, Manmohan Singh, como valedor.
