Si los grandes partidos se hubieran puesto de acuerdo en buscar una fórmula para cargarse el Tribunal Constitucional, difícilmente habrían encontrado una mejor que esta: hacer imposible su renovación. Sólo se trata de encontrar cuatro personas de prestigio. No son unos Messi ni unos Ronaldo que, al parecer, son únicos en el mundo y hay que fichar con decenas de millones de euros. Son jueces, catedráticos, juristas, que no diré que existan a patadas, pero tampoco son difíciles de encontrar.
Y, sin embargo, no los encuentran. Veinte candidatos han propuesto las comunidades autónomas, y los grupos mayoritarios del Senado son incapaces de seleccionar cuatro. Es para ellos una tarea tan titánica que, después de tres años de retraso, se han dado un nuevo plazo, hasta el 7 de septiembre. Necesitan el intermedio de las vacaciones para reponer fuerzas, aclarar ideas, superar el estrés como los controladores, o esperar algún tipo de inspiración divina, tan solicitada en los últimos tiempos.
No, señores. La situación es mucho más burda. Lo que pretenden los partidos es que no se cuele en la institución alguien de una ideología contraria. En el caso concreto del Partido Popular, que no se pierda la actual correlación de fuerzas, que le da un cómodo dominio. Ante ello, digamos: el Tribunal Constitucional no es una empresa pública o una caja de ahorros de las que se pueda esperar alguna prebenda. Sus magistrados no son miembros de un consejo de administración desde el que se pueden hacer favores. Su función es, como se sabe muy bien en Catalunya, decidir la constitucionalidad de las leyes y defender los derechos de los ciudadanos.
Se comprenden las luchas de poder. Se comprenden las ambiciones de dominio y las apetencias personales. Pero el juicio de las leyes, para ser respetado y creíble, tiene que ser neutral y no partidista. Si los partidos quieren meter sus zarpas en el órgano que hace ese juicio, es que piensan que la acomodación a la Constitución no es técnica, sino ideológica. No piensan en la Constitución, sino en su programa. Pues, si es así, para eso ya tenemos el Congreso. Para ser una representación política, no hace falta el tribunal.
27-VII-10, Fernando Ónega, lavanguardia