El PP, entre tanto, aceleró para tomar posiciones y ayer mismo registró en el Congreso una proposición de ley que tiene por objetivo "la protección de la fiesta de los toros por su interés cultural y turístico". El texto, que no se debatirá en la Cámara Baja hasta el otoño, explicita que el Estado "deberá garantizar la igualdad de los españoles en el ejercicio de su derecho al acceso a la fiesta de los toros, como parte de nuestro patrimonio cultural, en todo el territorio nacional".
Además, el PP pretende blindar las corridas frente a futuras iniciativas de parlamentos autonómicos, por lo que su proposición de ley plantea una disposición adicional en la que se establece que "cualquier cambio en el régimen especial de protección de la fiesta de los toros exigirá una ley aprobada por las Cortes Generales".
30-VII-10, J.C. Merino/L. Izquierdo, lavanguardia
Mariano Rajoy ha salido en tromba envuelto en la bandera de la libertad frente a la prohibición de las corridas de toros en Catalunya. Y José Luis Rodríguez Zapatero intenta de nuevo ponerse de perfil y hacer equilibrismos entre su necesario respeto como presidente del Gobierno a la decisión del Parlament y el rechazo del Ejecutivo y del PSOE a la prohibición. Con la libertad como argumento, Rajoy y el PP trasladarán la polémica al Congreso para arrinconar allí a Zapatero y al PSOE. Su estrategia es que el presidente del Gobierno y el grupo socialista - con los 25 diputados del PSC-se pronuncien a favor del Parlament y contra los toros o a favor de la libertad y de la que consideran fiesta nacional.
Al tiempo que el Parlament aprobaba la prohibición, el líder del PP anunció en Cádiz que su grupo presentará una moción en el Congreso "en defensa de la libertad" para que las corridas de toros sean declaradas de interés cultural general y, con ello, eviten la prohibición catalana.
El grupo popular trabaja ya en un proposición de ley que eche por tierra la decisión del Parlament y evite que otras comunidades sigan su ejemplo. El texto avanzará en la regresión de la descentralización autonómica, pues tratará de limitar la capacidad legislativa de sus parlamentos en ciertos aspectos. Y si esos instrumentos no sirven para frenar a los prohibicionistas, el PP está dispuesto a llevar el asunto al Tribunal Constitucional (TC).
29-VII-10, L. Izquierdo/J.C. Merino, lavanguardia |
