El caso HSBC es noticia por las cuentas bancarias no declaradas por algunos ciudadanos españoles. La Agencia Tributaria (AEAT) ha decidido actuar, pero sorprende el trato dispensado al invitarles previamente a regularizar; trato que no se justifica ni por las dudas legales que puedan existir sobre la validez en España de la información obtenida por medios ilícitos ni por el hecho que, según parece, los datos de que se disponen son incompletos. Sea como fuere, casos como el de HSBC invitan a la reflexión.
Primero, porque evidencian una cierta incompetencia de la Administración en la lucha contra el verdadero fraude ya que, de hecho, las actuaciones en curso son el fruto de la acción de un tercero ajeno a la AEAT y no de la política de esta última contra el fraude. Y segundo, porque una vez más se constata que la información que Hacienda no tiene no existe, circunstancia que preocupa, y mucho, porque significa que las actuaciones de la AEAT se centran básicamente en quienes declaran.
En definitiva, no se dedican los recursos necesarios a investigar lo oculto sino en comprobar lo ya declarado, actividades, sin embargo, que son muy distintas. Comprobar es verificar que lo declarado es correcto, y para ello el punto de partida son los datos declarados y los que la AEAT dispone, sin perjuicio de los que se descubran en el transcurso de la propia comprobación. Por el contrario, investigar es averiguar hechos, actos o negocios que no sólo no se han declarado, sino de los que la Administración no dispone de ninguna información.
Pero lo preocupante no es ya únicamente que esta última actividad no sea la habitual, sino que el éxito de la comprobación no sea tampoco atribuible íntegramente a la AEAT, sino fundamentalmente a los contribuyentes, a los que la normativa les impone desproporcionadas obligaciones de información y control cruzado. Por incomprensible que parezca, la denominada lucha contra el fraude se alimenta de una desmesurada presión sobre quienes cumplen, de interpretaciones al límite de una ley hecha más bien para alimentar la conflictividad, de un sistema en el que la duda razonable, se diga lo que se diga, es favorable a la Administración y de las desorbitadas facultades que la ley concede a la Administración y que parecen concebidas como si lo habitual fuera el fraude.
Pero sin negar el resultado que para esta tiene este sistema, la ausencia de investigación y los pleitos cuyo origen son la deficiente legislación protegen a quienes defraudan y desaniman a quienes cumplen. El caso HSBC creo será, de nuevo, un ejemplo más. A pesar de ello, no hay que olvidar que el principal antídoto frente al fraude es la asfixiante, rápida y ejemplar presión sobre quienes incumplen. Y, por favor, dejemos ya de repetir el temor a la fuga de capitales, ya que acabaremos dando las gracias a quienes más tienen aunque no sean quienes más paguen.
31-VIII-10, Antonio Durán-Sindreu Buxadé, Profesor de la UPF y socio director de Durán-Sindreu Abogados, lavanguardia