eutanasia, derecho individual pre-democrático

Si una mayoría social la respalda, ¿hay que introducir en el ordenamiento jurídico la pena de muerte? He aquí uno de esos dilemas éticos que desgarran a una sociedad civilizada. Y ese mismo tipo de desgarro parece afectar a un tema tan sensible como la eutanasia, hasta el extremo de convertirlo en un auténtico tabú, oculto bajo un manto de tenso silencio. Sin embargo, resulta poco viable ignorar una demanda social como la que vienen reflejando desde hace más de 20 años las encuestas que indagan sobre la atención a pacientes en fase terminal en España. Esas encuestas evidencian, además, el divorcio entre las demandas de los ciudadanos -muy definidas y decantadas- y las respuestas, muy contenidas, que ofrece el sistema en su conjunto. Un exhaustivo sondeo del CIS realizado hace un año pero difundido recientemente confirma la persistencia de este divorcio, que se resume en el hecho de que 6 de cada 10 ciudadanos creen que España debería regular por ley la eutanasia, mientras que sólo uno de cada 10 se opone abiertamente a ello.

Ahora bien, hay algo más significativo que la posición genérica de la opinión pública en torno a un tema tan polémico como la eutanasia: las posturas de los ciudadanos ante los dramáticos dilemas que plantea una enfermedad terminal. Y esas actitudes vienen de lejos. Ya en 1988, otro sondeo del CIS reflejaba que una mayoría nítida (del 60% frente al 22%) creía que "un médico debería tener la posibilidad de acabar, sin dolor, con la vida de un enfermo incurable si este se lo pide libremente". Y los posteriores sondeos se han limitado a reproducir al alza esa correlación, de modo que hoy por hoy las posiciones favorables superan el 63% (o el 80% si se contabilizan las posturas más matizadas), mientras que las actitudes opuestas han caído por debajo del 15%.

Lo llamativo de esta radiografía social es que refleja posiciones que pasan por encima de la filiación electoral o religiosa de los consultados. Como si unos y otros apelasen a un mismo Dios compasivo. De hecho, en algunos supuestos apenas hay diferencias entre los electores de izquierdas o de derechas. Así ocurre, por ejemplo, con la posibilidad de "prolongar la vida de forma artificial cuando no exista esperanza alguna de curación"; el denominado "encarnizamiento terapéutico". Sólo un 3% de lo votantes del PSOE y algo más del 4% de los del PP se muestran "totalmente" de acuerdo con esa posibilidad.

Naturalmente, la ideología de los consultados influye en sus posiciones ante los supuestos más controvertidos, pero menos de lo presumible. Por ejemplo, los matices son de escaso calado ante la opción de recibir "la medicación necesaria para aliviar el sufrimiento aunque acelere la muerte": un 62% de los votantes del PSOE y un 54% de los del PP están "totalmente de acuerdo" con ese tratamiento (y sólo uno de cada 10 está "poco o nada de acuerdo"). Y si se trata de que la ley permita a los médicos poner fin a la vida y al sufrimiento de un paciente terminal que así lo pida, más de la mitad de los electores del PP y el 70% de los del PSOE o

CiU expresan un apoyo total. Únicamente ante la posibilidad de recibir ayuda para "morir y evitar el sufrimiento" de una enfermedad en fase terminal, los apoyos se reducen y las diferencias entre los distintos grupos de votantes se amplían, aunque siguen siendo mayoritarias las posturas a favor. De hecho, si este mismo dilema se plantea en términos legales, las tasas de apoyo a lo que en la práctica sería un suicidio asistido crecen hasta el 50%. Y si se añaden los respaldos más condicionados, casi un 70% cree que la "ley debería permitir que los médicos proporcionasen los medios necesarios para que una persona con una enfermedad en fase terminal pudiera ella misma terminar con su vida si así lo solicita libremente". En este caso, un 77% de los votantes del PSOE, un 73% de los de CiU y casi un 60% de los del PP se muestran del todo o bastante a favor de que la ley permitiese este comportamiento.

Las posiciones apenas varían ante los diversos escenarios trágicos que plantean las enfermedades terminales, como un prolongado coma neurovegetativo o las dolencias degenerativas incurables con un horizonte de incapacitación mental y física. De ahí que una mayoría de ciudadanos cercana al 40% (o superior al 52% si se incluyen los respaldos menos tajantes) apoye la regulación de un supuesto tan controvertido (y para muchos confuso) como el "suicidio médicamente asistido", y que sólo un 26% se oponga en diversos grados. Y es que, más allá de los tremendos costes y sufrimientos que implican las enfermedades incurables, las encuestas reflejan un anhelo legítimo: afrontar el capítulo final de la vida sin perder la dignidad que caracteriza al ser humano. Ese es probablemente el verdadero sentido de la muerte digna: evitar la humillación del dolor insoportable y de un deterioro insufrible.

28-VIII-10, C. Castro, lavanguardia