Parlamento Europeo pide a Francia la suspensión inmediata de las deportaciones de gitanos

Thomas Hammarberg, comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, insistió ayer en su comparación -hecha el miércoles en Twitter- de la retórica antigitana con la nazi. Ante la protesta de París, dijo que no apuntaba al Gobierno francés, pero señaló que este "no establece una distinción clara entre la comunidad gitana y algunos delincuentes".

La política de expulsión de gitanos de Nicolas Sarkozy recibió ayer una fulminante tarjeta roja del Parlamento Europeo.

Su pleno, reunido en Estrasburgo, votó mayoritariamente a favor de una resolución reprobatoria presentada por socialistas, liberales, verdes y comunistas, en la que pide a Francia la "suspensión inmediata" de las deportaciones de ciudadanos de esta etnia. El texto fue aprobado por un amplio margen: 337 votos a favor, 245 en contra y 51 abstenciones, mientras el propuesto por el Partido Popular Europeo, en absoluto crítico con París o Bruselas, era rápidamente desestimado.

La resolución extiende sus observaciones y críticas a "otros Estados miembros" pero sin citarlos, para no perder los muy necesarios apoyos de diputados de algunos de los países que estos días han estado, junto con Francia, en el punto de mira de la Eurocámara por sus polémicas expulsiones de gitanos: Italia, Hungría y Dinamarca, por ejemplo.



La institución señala su "honda preocupación" por este tipo de acciones, que "violan" la legislación europea sobre libre circulación y la Carta europea de derechos fundamentales por su naturaleza discriminatoria. "La toma de huellas dactilares de los gitanos expulsados", como hacen las autoridades francesas, es una práctica "ilegal", recuerda.

La moción, no vinculante, reconoce la posibilidad legal de imponer limitaciones a la libertad de circulación y residencia dentro de la UE por razones de orden y seguridad. Pero estas acciones, subraya, "sólo podrán basarse en la conducta personal del interesado y no en consideraciones generales de prevención ni en el origen étnico o nacional". Como recuerda la resolución, el tribunal administrativo de Lille ha confirmado su primera decisión judicial por la que se rechazan las órdenes de deportación de siete personas gitanas, "aduciendo que las autoridades no habían demostrado que constituían una amenaza para el orden público".

El Gobierno francés ha rebajado el tono desde que en julio lanzó una nueva política de seguridad que incluía, entre otras medidas, el desmantelamiento de campamentos ilegales de gitanos y la expulsión de ciudadanos comunitarios. Estas deportaciones, asegura París, no se han centrado en ninguna etnia en particular (aunque 828 de los 979 expulsados en agosto son gitanos), y son además acordes con la normativa europea y los valores de la República Francesa.

Estas explicaciones no han convencido a los eurodiputados, que recuerdan que la expulsión de ciudadanos comunitarios debe realizarse "de forma individualizada, teniendo en cuenta las circunstancias personales, con las debidas garantías procesales y posibilidad de recurso".

La Comisión Europea, que se inclina por creer a Francia, recibió ayer su dosis de crítica por su "tardía y limitada respuesta", afirma la Eurocámara, que la insta a verificar con rapidez si las deportaciones son o no legales. Algunos eurodiputados han planteado que si Bruselas no lo hace en un plazo de tiempo razonable, sean los servicios jurídicos de la Eurocámara quienes asuman la responsabilidad.

El texto arremete también contra "la retórica incendiaria y abiertamente discriminatoria" que ha rodeado a estas acciones y que "ha dado credibilidad a declaraciones racistas". También rechaza "cualquier declaración que relacione minorías e inmigración con criminalidad y que cree estereotipos discriminatorios".

El posicionamiento del Europarlamento se produce después de una semana de encendidos debates. Ayer por la mañana nadie estaba seguro de poder sacar adelante su propuesta de resolución.

Finalmente triunfaron las tesis de la izquierda frente a las del Partido Popular Europeo (PPE) que, con apoyo de los tories británicos, presentó una resolución que no citaba a Francia y avalaba sus argumentos, al subrayar el derecho de los Gobiernos a restringir la libertad de circulación y residencia para proteger la seguridad pública.

El texto del PPE fue rechazado por 328 votos en contra, 287 a favor y 20 abstenciones. Su responsable, el eurodiputado Simon Busuttil, criticó después en un comunicado la "explotación política de los gitanos" por parte de la izquierda europarlamentaria que no ayuda a resolver los problemas de educación, empleo y vivienda que sufre esta amplia porción de la población europea, entre 10 y 12 millones de personas repartidas por toda la UE.

Pese a la derrota de las tesis de su familia política, la conservadora húngara Lívia Járóka (la única eurodiputada de etnia gitana en esta legislatura) celebró que el Parlamento Europeo haya decidido volver a crear un grupo de trabajo sobre la integración de esta minoría.

El grupo socialista, en cambio, celebró la aprobación del texto como un mensaje claro de oposición "a la xenofobia y la violación de los derechos de los ciudadanos que en los últimos meses ha sido agitada por la política derechista de algunos estados miembros", en palabras de Hannes Swoboda. "Rechazamos toda acción de índole populista que en lugar de dar soluciones busca chivos expiatorios", añadió Juan Fernando López Aguilar, presidente de la Comisión de Libertades Civiles.

10-IX-10, B. Navarro, lavanguardia

"Ni hablar". Pas question! El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, rechazó ayer categóricamente que Francia se someta a la exigencia del Parlamento Europeo de suspender las repatriaciones de gitanos rumanos y búlgaros - roms-a sus países de origen. "El Parlamento Europeo se ha salido de sus prerrogativas y, evidentemente, no tenemos por qué someternos aundiktatpolítico", manifestó en Bucarest, donde le sorprendió el voto de la Eurocámara. Besson y el ministro de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, viajaron ayer a Rumanía para abordar justamente el problema de los gitanos. París presiona a Bucarest para que asuma sus responsabilidades respecto a la comunidad rom y ponga en marcha antes de final de año un plan de integración social.

El ministro de Inmigración fue el encargado de responder en nombre del Gobierno francés a las exigencias del Parlamento Europeo. La respuesta fue clara y contundente: las expulsiones no se detendrán. Besson reiteró que Francia respeta "escrupulosamente" tanto la legislación francesa como la comunitaria, justificó el desmantelamiento de los campamentos por ilegales, negó que las expulsiones estén ligadas a una etnia determinada - "Los roms no son considerados en tanto que tales, sino como ciudadanos del país del que tienen la nacionalidad", aseguró-y atribuyó la resolución del Parlamento Europeo a una "multiplicación de mentiras y de caricaturas".

La campaña de expulsión de gitanos rumanos y búlgaros, iniciada este verano a instancias de Nicolas Sarkozy - que la incluyó dentro de un paquete de medidas para combatir la delincuencia-,ha conducido fuera de las fronteras francesas a un millar de roms en un mes. Pese a tratarse de ciudadanos europeos, con derecho - bajo ciertas restricciones-a la libre circulación, rumanos y búlgaros pueden ser repatriados tres meses después de su entrada en el país si no disponen de medios de subsistencia. Y volver al día siguiente en toda legalidad...

Francia se ha mostrado hasta ahora muy crítica con Rumanía, a la que responsabiliza de desentenderse del problema de los roms,exportando de alguna forma sus problemas. "Si alguien piensa que se puede desplazar, en el interior de la UE, a poblaciones en dificultad y ponerlas a cargo de otros países, ellos mismos en crisis, podemos poner en peligro la idea misma de Europa", advirtió Lellouche en Le Monde.

Los dos ministros franceses, que se reunieron en Bucarest con los titulares rumanos de Asuntos Exteriores, Interior y Trabajo, arrancaron un compromiso para la presentación de un plan de integración de los roms antes de fin de año, que París se compromete a apoyar en el seno de la UE.

10-IX-10, Ll. Uría, lavanguardia