¿Es asequible la libertad académica en tiempos de crisis económica? Ese fue el tema de debate este año en la firma anual de la Magna Charta Universitatum en la madre de las universidades, la Universidad de Bolonia.
La Magna Charta es la declaración de principios para la promoción y protección de la autonomía universitaria. A lo largo de las dos últimas décadas, cerca de 700 instituciones de educación superior de todos los continentes la han firmado. Sin embargo, persiste la molesta sensación de que las universidades son lujos ahora que la gente común y corriente tiene que esforzarse por llegar a fin de mes.
Hace cerca de 50 años, un historiador de la ciencia con interés por las estadísticas. Derek de Solla Price, observó que el mejor indicador de producción de investigación académica es el consumo de energía per cápita de una nación: ambos crecen a la par. Esto no supone una sorpresa. Desde un punto de vista estrictamente económico, la libertad académica requiere una relativa inmunidad frente a los costes, ya sean los que implican la experimentación de ensayo y error o los retos más radicales al statu quo. Pero ¿deberían las universidades reducir ahora sus exigencias para satisfacer las necesidades de la sociedad en general?
Si las universidades han de seguir siéndolo en el sentido planteado originalmente por los abogados boloñeses, la respuesta es no. De hecho, las universidades deben de ser los productos de inversión de capital de largo plazo de rendimiento más constante y uniforme. Después de todo, la misión institucional específica de la universidad es crear conocimientos como bien público. Los nuevos conocimientos producidos por la investigación original son un ejemplo de formación de capital social.
En esta etapa, el conocimiento es simplemente propiedad intelectual, y el acceso a este se restringe a los clientes que pagan por él. Sin embargo, las universidades también tienen un mandato institucional de enseñar, lo que obliga a que se facilite el acceso al conocimiento, con lo que se rompe el monopolio que, de otro modo, tendrían los investigadores y quienes los financian. Una vez que la enseñanza reduce, si no elimina, la ventaja competitiva original relacionada con un estudio académico, los investigadores y sus financistas se ven obligados a buscar nuevas fuentes de ventaja, produciendo más conocimientos. En el proceso, el público en general - quienes no participan de la producción original de nuevos conocimientos-se beneficia a través de la instrucción en el aula.
Los gestores actuales, que se centran en la eficiencia, dicen que la idea misma de la universidad como lugar donde las mismas personas producen y distribuyen es un retroceso a la edad media. Se dice que hoy es más fácil entregar conocimiento en línea y que la mejor manera de investigar es a través de "parques científicos". Las universidades llevan a cabo su función económica natural cuando los académicos hablan y escriben con franqueza, desmitifican las jergas, presentan sus ideas en medios de comunicación alternativos y ponen énfasis en aplicaciones en dominios no académicos. En pocas palabras, las universidades demuestran su valor si a los estudiantes les resulta más fácil apropiarse del conocimiento académico que a los académicos en su producción original.
12-IX-10, Steve Fuller, Profesor de Sociología en la Universidad de Warwick , lavanguardia