El país centroasiático se desliza hacia el caos desde hace meses. Sin la ayuda de la comunidad internacional será complicado impedir la implosión de un Estado muy vulnerable al narcotráfico y el extremismo.
Hay un hueco en medio del mapa de Asia Central, donde solía hallarse Kirguizistán. Este país, anteriormente considerado como un enclave con unos niveles relativos de tolerancia y democracia en una región de regímenes autoritarios deficientes, se ha convertido hoy en un Estado casi fallido y profundamente dividido. Sin una respuesta internacional rápida y contundente, las consecuencias serán desastrosas.
Lo ocurrido en Kirguizistán en los últimos meses ha sido toda una caída vertiginosa hacia el caos político. Tras años de mala administración y corrupción, el presidente Kurmanbek Bakíev fue derrocado en abril, instaurándose en su lugar un Gobierno provisional que no consigue imponer su autoridad en una parte muy significativa del país. Ante tal fragilidad del Estado, una explosión de violencia, destrucción y pillaje azotó el sur del país en junio, acabando con la vida de cientos de personas, en su mayoría uzbekos, echando abajo alrededor de 2.000 edificios, casi todos viviendas, y ensanchando la brecha entre las comunidades étnicas kirguís y uzbeka.
En el proceso, el Gobierno central perdió todo el control sobre la región meridional que alguna vez había afirmado tener. En medio del derramamiento de sangre, con credenciales extremistas, surgió la figura de Melis Myrzakmatov, un implacable y decidido joven nacionalista, alcalde de Osh, principal ciudad del sur del país. El reciente intento de echar a Myrzakmatov supuso un vergonzoso fracaso del que ha salido reforzado: la presidenta Roza Otunbayeva le ordenó su dimisión, a lo que él se negó, proclamando, ante una multitud enardecida en Osh, que Bishkek no tiene autoridad alguna en el sur y, más aún, reclamando el traslado de la capital a su ciudad.
El sur de Kirguizistán se encuentra inmerso, ahora ya abiertamente, en un conflicto que enfrenta, por un lado, a un humillado Gobierno provisional y, por otro, a un alcalde renegado, lo que resulta un riesgo para la seguridad de la región y más allá. Mientras toda esta zona, y las numerosas fuerzas de seguridad desplegadas en ella, sigan escapándose al control de Bishkek, el narcotráfico, un factor ya a tener en cuenta, podría extender todavía más su poder. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), estima que 95 toneladas de estupefacientes atraviesan los Estados de Asia Central en su camino hacia Rusia y Europa cada año, y califica a Osh como “el centro neurálgico regional del narcotráfico”.
Además, la región podría rápidamente convertirse en un acogedor entorno para las guerrillas islámicas: el vacío político podría darles la oportunidad de conseguir nuevos adeptos y militantes. Y no sólo eso, los pogromos del mes de junio han agrandado el abismo existente entre las etnias kirguís y uzbeka, lo que hace que un nuevo estallido de violencia sea inevitable si el camino hacia el nacionalismo extremo permanece despejado. La próxima vez, la parte victimizada podría acudir al islamismo radical en busca de ayuda.
La senda de vuelta a la estabilidad será larga y difícil, más aún cuando no se ha desplegado ninguna fuerza de seguridad fiable, ni siquiera de vigilancia, en la zona afectada. El país centroasiático necesita una investigación de los pogromos amparada internacionalmente, con una presencia diplomática y policial internacional tan visible como sea posible para intentar evitar que se vuelvan a producir, y estrecha coordinación para una reconstrucción efectiva de las diversas ciudades y comunidades.
En este momento, las perspectivas de que algo así ocurra no son muy alentadoras. Incluso la simbólica fuerza tardía de 52 asesores desarmados de la policía enviada por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, ha sido blanco de la ira nacionalista kirguís, a la que tanto el Ejecutivo central como la OSCE se muestran tristemente contrarios a desafiar.
Cuando las autoridades estatales no quieren o no pueden estabilizar la situación de un país, la comunidad internacional necesita mostrarse más activa. El mundo debe respaldar una investigación de lo acaecido en junio, en la que tengan un rol principal organizaciones internacionales con experiencia en el terreno, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o el Alto Comisionado de la OSCE para las Minorías Nacionales. La comunidad internacional debería dejar claro que una futura ayuda al gobierno de Kirguizistán estará supeditada a dicha investigación.
Asimismo, el resto del mundo debe diseñar una estrategia unificada para la reconstrucción del sur del país, con un control exhaustivo en la zona que asegure que la ayuda económica no acaba en manos de nacionalistas extremos o de oficiales corruptos. En particular, los donantes tendrán que cerciorarse de que el dinero no llega al Gobierno de Osh, mientras éste siga defendiendo una política de exclusión étnica y se niegue a someterse a la autoridad del Ejecutivo central.
Desafortunadamente, los acontecimientos están muy avanzados y los esfuerzos internacionales para sacar al país del borde del abismo de la desintegración, pueden llegar demasiado tarde. El Consejo de Seguridad de la ONU y, en particular, Estados Unidos y Rusia, deberían emprender una planificación de contingencia activa para que la comunidad internacional y sus instituciones clave puedan responder a tiempo y de manera efectiva a cualquier futura ola de violencia o a posibles flujos de refugiados.
Esperar que la comunidad internacional siga estas directrices puede sonar optimista, teniendo en cuenta la deliberada falta de interés del resto del mundo en involucrarse incluso cuando se estaban produciendo los pogromos. La alternativa, sin embargo, es quedarse sentado contemplando la progresiva implosión de un país entero.
Louise Arbour es la presidenta de International Crisis Group.
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