´La exclusión del catalanismo de la doctrina constitucional´, Jordi Barbeta

El pacto PSOE-PP para renovar cuatro magistrados del Tribunal Constitucional confirma la involución política que significó la sentencia contra el Estatut y demuestra que el Partido Socialista comparte con el PP ya sin ningún disimulo la voluntad política de consumar la marcha atrás del pacto constitucional de 1978. El espíritu de las aportaciones que hizo el catalanismo político a la Constitución española quedó definitivamente neutralizado y, por si acaso, los dos grandes partidos españoles se aseguran de que no acceda al tribunal ningún magistrado que pudiera recordarlo.

El Gobierno y el PSOE se comprometieron solemnemente con el president Montilla a renovar el TC antes de la sentencia del Estatut e incluso amagaron con forzar la modificación de la ley orgánica si el PP se empecinaba en impedirla. Lo suyo fue puro teatro. Gobierno y PSOE no sólo no movieron un dedo, sino que apresuraron al tribunal para que fallara sobre el Estatut antes de que las iniciativas catalanas en el Senado les pusieran en evidencia.

El tribunal sentenció el Estatut y entonces sí que todo eran prisas para renovar el tribunal y cambiar la correlación interna antes de la sentencia sobre la ley del aborto. Finalmente, Zapatero y Rajoy se han repartido los magistrados, con lo que queda definitivamente excluido de la doctrina constitucional cualquier planteamiento ajeno a sus respectivos idearios, y ya se sabe que PSOE y PP rápidamente se ponen de acuerdo en defender el concepto uniforme y radial de España. Como estamos en vísperas electorales, le han dicho al president Montilla que la próxima vez ya sentarán a un catalán como el que sienta un pobre a su mesa el día de Navidad, pero Eliseo Aja no será elegido por catalán, sino porque al PSOE le gusta su manera de pensar.

En el sistema político español, la voluntad de los catalanes tiene que someterse al dictado de un tribunal cuyos miembros podrán ser más o menos conservadores, pero en ningún caso defensores del criterio mayoritariamente representado en el Parlament de Catalunya, lo que, se mire por donde se mire, es un déficit democrático por resolver.

30-IX-10, Jordi Barbeta, lavanguardia