sin sustancial mejora para los presos políticos cubanos
El carácter dictatorial del Gobierno cubano está ampliamente reconocido. Pero se ha producido un cambio. La Habana exportó, o intentó exportar, la revolución por África y América Latina, donde el Che murió solo cuando en Cuba había miles de latinoamericanos dispuestos a extender la guerra de guerrillas. Eso ocurrió en la segunda mitad de la década de 1960. Ahora, el legado revolucionario del castrismo en el exterior es más simbólico que real. Cuba se ha convertido en un actor moderado, en contraste con los años setenta, cuando Fidel Castro sacudía América Latina. Pero este cambio se ha producido en el exterior; en el interior aún pintan bastos.
El Gobierno cubano reprime toda disidencia y en las cárceles hay presos políticos, pero nadie parece saber a ciencia cierta cuántos, lo que, entre otras cosas, impide que la Unión Europea modifique su política hacia la isla, que condiciona a un proceso de democratización. Pero hay presos políticos, aunque la confusión rodea su número y su situación. La confusión se explica por las peculiaridades jurídicas y políticas del castrismo. Una buena parte de estos presos han sido condenados por su actividad política, por reclamar la libertad de expresión o por pedir elecciones multipartidistas. Pero el régimen los ha condenado bajo la acusación de delincuencia común. Una situación, pues, kafkiana. Otros están entre rejas porque el régimen considera que representan una "peligrosidad social predelictiva", figura penal que en la isla cubre un amplio abanico y, además, es de uso frecuente. Una situación, pues, incluso más kafkiana, si cabe. Y otros cubanos sufren cárcel porque se considera que han vulnerado la ley de Protección de la Independencia Nacional, que la oposición prefiere denominar ley mordaza,sin que sea necesario extenderse en la explicación del porqué.
La Habana ha comenzado, sin embargo, a poner en libertad a algunos presos con cuentagotas. Los excarcelados desde el pasado julio han sido trasladados a España como parte de un acuerdo entre el Gobierno de Raúl Castro y la Iglesia católica, en el que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha colaborado. Los dirigentes cubanos se han comprometido a liberar a los 52 presos del Grupo de los 75, encarcelados en la primavera del 2003, en un plazo de cuatro meses, que termina el próximo noviembre. La esperanza de La Habana es que este acuerdo dé pie a que la Unión Europea ponga fin a la posición común,que desde 1996 condiciona las relaciones con Cuba a la mejora de los derechos humanos. Pero el respeto a los derechos humanos no sólo es poner en libertad a los presos políticos.
18-X-10, lavanguardia
¿Cuántos presos políticos quedan en las cárceles cubanas? La disparidad entre las respuestas de grupos disidentes, organizaciones de derechos humanos y países interesados es tan amplia que roza el absurdo. Mientras unos ven el tema prácticamente zanjado tras las liberaciones y anuncios de los últimos meses, otros manejan listas cada vez más complejas o hablan de "centenares" de prisioneros de ese tipo.
El asunto adquiere especial importancia ahora que Raúl Castro acaba de confirmar con los hechos su disposición a extender las excarcelaciones más allá de lo pactado con la Iglesia en julio.
El presidente cubano se comprometió entonces ante el cardenal Jaime Ortega a poner en libertad a 52 presos políticos en el plazo de "tres o cuatro meses", con prioridad para los que accedieran a trasladarse a España. Se trataba de aquellos que, dentro del grupo de los 75 detenidos en la Primavera Negra (2003), aún permanecían en prisión en aquel momento. A fecha de hoy, las excarcelaciones en este grupo suman 39. Así que sólo quedan 13 por salir, aunque la mayoría de estos se niegan a viajar a España.
Pero el pasado sábado la Iglesia cubana, encargada de comunicar las liberaciones, anunció la próxima salida de la cárcel de tres reclusos que no figuran entre aquellos 52. Uno de estos tres, Rolando Jiménez Posada, condenado a doce años por revelación de secretos de la Seguridad del Estado y desacato, figura entre los adoptados por Amnistía Internacional (AI) como "presos de conciencia". Su excarcelación y las de los que restan de la Primavera Negra pondrían a cero la lista de la respetada organización.
Las tres liberaciones extra corroboraban, por otra parte, dos anuncios anteriores respecto a la política de cierta manga ancha prevista por Raúl Castro en este tema: uno, el que el presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, hizo a finales de julio en el sentido de que el Gobierno liberaría a "todos" los presos políticos sin delitos de sangre; y dos, el formulado a primeros de este mes por el portavoz de la disidente Comisión por los Derechos Humanos en Cuba, Elizardo Sánchez, sobre una nueva e inminente excarcelación "masiva" que beneficiaría incluso a algunos condenados por "terrorismo", aunque él y otros opositores cuestionan la veracidad de dicho cargo.
Sánchez ha ejercido durante años como portavoz disidente en lo referido a los presos en la isla. Su lista de reclusos por motivos políticos asciende actualmente a 101, pero, aunque suele tomarse como referencia, su composición es muy controvertida. Sobre todo porque en ese centenar se incluyen los nombres de dos condenados por un atentado terrorista con un muerto, los salvadoreños Ernesto Cruz y Otto Rodríguez; a un tercero, Humberto Real, declarado culpable de asesinar a un militante comunista; a cinco cómplices de este último, y a más de cuatro decenas de convictos por terrorismo, actos de sabotaje, tenencia de armas, espionaje y piratería.
Las combativas Damas de Blanco - esposas y madres de los 75-se desmarcaron hace semanas de la lista de Sánchez, precisamente por considerar que los implicados en delitos de sangre y otros hechos violentos deben ser excluidos del proceso. Pero el miércoles último las Damas entregaron a la Iglesia una lista propia con 113 nombres de presos que, a su juicio, el Gobierno debería añadir a los 52 mencionados. Según la portavoz del movimiento, Laura Pollán, el documento acoge sobre todo a decenas de reclusos con derecho a la libertad condicional por haber cumplido más de dos tercios de condena, así como a otros con expedientes judiciales no públicos o dudosos.
Más moderadas parecen las expectativas de la Iglesia y el Gobierno español, que también manejan informes de disidentes y familiares. Pese a su discreción al respecto, puede estimarse que ambas instituciones aspiran a que las liberaciones suplementarias a las del dossier de la Primavera Negra sumen de 60 a 80.
El listón más alto, incluso por encima de la disidencia interna, lo ponen el Partido Popular español y la organización Human Rights Watch (HRW). Uno y otra aseguran que en Cuba quedan cientos de presos políticos aparte de los que está previsto liberar: una presunción aún más negativa que la de Estados Unidos, que suele hablar de "más de cien".
La postura del PP es, no obstante, compleja. Días después de que su portavoz de Asuntos Exteriores, Gustavo de Arístegui, denunciara la existencia de esos "centenares" de reclusos, su grupo entregó al Gobierno un documento con sólo 27 excarcelables.
Tanta confusión en torno al número de presos políticos en Cuba sólo se explica teniendo en cuenta algunas peculiaridades jurídicas y políticas. Una porción importante de presos reivindicados por su actividad política fueron condenados bajo acusaciones de delincuencia común. Otros están entre rejas por "peligrosidad social predelictiva", controvertida figura penal de amplísimo espectro. O por vulnerar la ley de Protección de la Independencia Nacional, que la oposición ha rebautizado como ley mordaza por su enorme "discrecionalidad".
El enconamiento político entre las partes y los intereses personales y hasta materiales de una parte de la oposición tampoco son ajenos a la guerra de cifras. No es un secreto que EE. UU. dedica decenas de millones de dólares a lo que Washington y sus leyes de embargo llaman "apoyo a la democracia en Cuba", aunque la mayor parte del dinero se queda en Miami.
La existencia de un número considerable de presos es un argumento crucial para la oposición, lo que también juega a favor de las listas más numerosas.
Estiren o no los números, los disidentes se quejan por otra parte de lo que ven como "destierro" de los excarcelados, aunque todos los que han viajado firmaron una declaración de voluntariedad.
Esta semana, el Gobierno ofreció el traslado a EE. UU. a la familia de Orlando Zapata, el preso fallecido en huelga de hambre, y a siete ex reclusos con licencia extrapenal por enfermedad, de los que cinco aceptan y dos reclaman el derecho a salir y volver libremente.
Algunos sectores de la disidencia, como las propias Damas de Blanco y la comisión de Elizardo Sánchez, empiezan a cambiar y diversificar sus discursos para poner menos énfasis en estos reclusos y más en los derechos cívicos y culturales, en general, así como en los problemas económicos del país, el recorte de empleo público en marcha (500.000 puestos de aquí a marzo) o la "insuficiencia" de la apertura a la economía privada mediante la planeada concesión de cientos de miles de licencias para el trabajo por cuenta propia.
17-X-10, lavanguardia
