Nuestros juzgados y tribunales están colapsados por una gran carga de trabajo, lo que va en detrimento de una correcta administración de la justicia. La solución podría consistir en aumentar la plantilla de jueces y profesionales de la justicia, pero comportaría un incremento del gasto público que nuestros gobernantes no quieren afrontar, apostando por el contrario por medios alternativos a la solución de conflictos como la conciliación, el arbitraje y la mediación. En este sentido, cabe interpretar la actual tramitación parlamentaria del proyecto de ley de reforma de la ley de arbitraje. Nada que objetar a la potenciación de estos medios alternativos. Al contrario. El problema surge de la lectura del proyecto. El remedio puede ser peor que la enfermedad. En efecto, en el nuevo texto desaparece la institución, de gran tradición y probada eficacia, del arbitraje de equidad, que permite una solución al conflicto sin necesidad de una rígida interpretación jurídica -y que pueden resolver personas legas en derecho- y se sustituye por la nueva institución de la mediación.
Si casi nunca es recomendable desvestir a un santo para vestir a otro, menos aún en este caso, dado que la mediación consiste en un mero intento de solución por un amigable componedor, pero puede concluir sin solventar el problema, mientras que el arbitraje debe finalizar necesariamente con una decisión que ponga fin al conflicto y obligue a las partes como si fuera una sentencia judicial firme. Desaparece, pues, el arbitraje de equidad, pero permanece y se potencia el arbitraje de derecho, que concluye también con una decisión del árbitro, la cual debe estar en este caso necesariamente fundada en derecho (es la diferencia entre el arbitraje de equidad y el de derecho).
Pues bien, en el nuevo texto se suprime la exigencia de que el árbitro en derecho sea un abogado en ejercicio y sólo se requiere que sea una persona en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Esto permitirá que el arbitraje -fundado en derecho- se lleve a cabo por personas sin ninguna formación jurídica, a las que se obligará a decidir sustentándose en normas legales que desconocen. Pintoresca solución la de nuestros gobernantes, de dejar en manos de veterinarios, mecánicos, ingenieros de montes o panaderos la solución al colapso de la administración de justicia. Son dignísimas y necesarias las cuatro profesiones citadas como ejemplo, y se honra el abajo firmante en tener amigos en todas ellas, pero no es razonable pensar que les corresponda ni que puedan solventar uno de los grandes problemas endémicos de este país. Si se trataba de incrementar la confianza del sector empresarial y de la sociedad en su conjunto hacia la institución arbitral, ciertamente este no es el camino.
21-X-10, Francisco Tusquets Trias de Bes, Abogado y profesor de Derecho Mercantil UB, lavanguardia