Treinta y un diputados votaron ayer en favor de la ley que prevé multar la promoción de la homosexualidad en lugares públicos, 7 votaron en contra y el resto de los 141 se abstuvo. En diciembre habrá otra consulta, pues faltan dos votos para aprobar el texto. 13-XI-10, afp, lavanguardia
En su próximo periodo de sesiones, el Parlamento lituano se dispone a debatir leyes que criminalizarían la "promoción de la homosexualidad en lugares públicos", según han denunciado Amnistía Internacional y la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB).
Estas leyes podrían convertir en delito la promoción de la salud sexual entre personas del mismo sexo, las manifestaciones del Orgullo Gay, los locales de ambiente o las campañas contra la homofobia, según indica la Federación en un comunicado.
"Esta ley es una resurrección de la Ley de Vagos y Maleantes, de la persecución estatal a las y los homosexuales y transexuales, y desde la Unión Europea no se puede permitir que un país miembro encierre en cárceles a las personas que libremente viven su derecho a amar y ser amados tal y como son", señala Antonio Poveda, presidente de la FELGTB.
Leyes contra homosexuales
Las nuevas leyes significarían un paso más del país contra la homosexualidad. En julio pasado, el Parlamento ya aprobó la Ley sobre la Protección de Menores contra el Efecto Pernicioso de la Información Pública, que prohíbe materiales que "agiten en favor de las relaciones homosexuales, bisexuales y polígamas" en escuelas o en lugares públicos y medios de comunicación en los que puedan ser vistos por menores.
Las nuevas reformas van incluso más allá, según Amnistía, ya que podrían criminalizar prácticamente cualquier expresión pública o retrato de la homosexualidad, o la información sobre ella.
Las reformas también impedirían a lesbianas, gays y bisexuales acceder a información, ayuda y protección adecuadas para poder vivir su orientación sexual, según Amnistía. También es probable que conduzcan a un aumento de la discriminación en el empleo y otros ámbitos.
"Cuesta creer que un miembro de la Unión Europea pueda siquiera considerar la posibilidad de adoptar una legislación así", señala Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de la organización
10-IX-09, 20minutos
