Tras ser informado a través de sus representantes legales de que Scotland Yard estaba en posesión de una orden de detención de la Interpol correctamente formulada (la original, del 2 de diciembre, había sido rechazada por defectos de forma), Assange se presentó a las nueve de la mañana en una comisaría de Westminster. El juez británico no puede entrar en el fondo de las acusaciones, sino tan sólo en la tramitación de la llamada euroorden, el procedimiento establecido por la UE para acelerar la extradición de sospechosos cuando el delito en cuestión está recogido en la legislación de ambos países - en este caso el Reino Unido y Suecia-y conlleva una pena de al menos doce meses de cárcel. Aun así, el proceso podría demorarse un año y medio o dos años, durante los cuales permanecería privado de libertad en Gran Bretaña.
Stephens declaró que "es evidente que la detención está políticamente motivada" y recordó que los cargos contra Assange en Suecia se remontan al pasado agosto, un mes después de que Wikileaks comenzara a divulgar sus sensacionales filtraciones sobre la guerra de Afganistán, muertes de civiles y una posible connivencia entre un sector de los servicios de inteligencia pakistaníes y los talibanes. También recordó que no se ha presentado cargo alguno contra él, sino que oficialmente la Fiscalía sueca quiere interrogarlo en relación con el testimonio de dos mujeres que lo acusan de acoso sexual (una porque no usó preservativo, la otra porque alega haber estado dormida y por tanto no pudo dar su consentimiento al acto).
Curiosamente, poco antes de que se presentaran casi simultáneamente ambas denuncias en Estocolmo y la localidad de Enkoping, Assange había solicitado el permiso de residencia en Suecia con la idea de operar desde allí la página web de Wikileaks, un escenario que habría creado numerosas complicaciones al Gobierno conservador liderado por Fredrik Reinfeldt, especialmente en la relación con Estados Unidos. En agosto, una fiscal de guardia emitió una orden de detención por presunta violación, que fue revocada 24 horas después por la fiscal jefe, quedando reducida a un delito menor de acoso. En septiembre, sin embargo, la fiscal general, Marianne Ny - un cargo político-,reabrió la investigación y puso en marcha una alerta roja de Interpol, el nivel más alto de busca y captura.
Wikileaks ha respondido desafiante a la detención de su fundador y líder. La portavoz Kristinn Hrafnson anunció que la web continuará publicando los documentos secretos del Departamento de Estado "conforme al calendario previsto", ya que por el momento sólo han visto la luz una mínima parte de los que están a su disposición. La organización ha advertido que cuenta con una "póliza de seguro", una revelación encriptada capaz de hacer caer gobiernos y tambalear los cimientos del establishment internacional, que sería divulgada si a Assange le pasa algo.
Con ocasión del arresto y para dar su apoyo a Assange, se presentaron ante el juez el cineasta británico Ken Loach, el periodista John Pilger y la multimillonaria Jemima Khan (hija de un fallecido político euroescéptico y hermana de un diputado conservador), ofreciendo su dinero y sus bienes como garantía de que no iba a huir si se le concedía la libertad bajo fianza, que sin embargo fue denegada. Los tres denunciaron "un atentado oficial contra la libertad de información".
La gran cuestión es si Assange va a tener que defenderse tan sólo de los eventuales cargos de acoso sexual en Suecia, o si EE. UU. pretenderá también su extradición por "alta traición", "violación de secretos" o alguna otra de las acusaciones de las que hablan la potencial candidata a la presidencia de EE. UU. Sarah Palin y otras voces prominentes del Partido Republicano, algunos llegando incluso a pedir la pena de muerte. Estocolmo y Washington tienen un acuerdo muy amplio en ese sentido. El portavoz del Departamento de Estado, P. J. Crowley, insistió en términos generales en la "necesidad de que ciertas informaciones estén protegidas y en el respeto a las leyes".
Como ciudadano australiano, Assange, de 39 años, compareció ante el juez Riddle acompañado de funcionarios consulares de su embajada, a pesar de que la primera ministra, Julia Gillard, ha amenazado públicamente con retirarle el pasaporte, un comentario que ha dado pie a críticas de "censura y totalitarismo impropio de una democracia occidental" entre la comunidad de blogueros que siguen a Wikileaks en Sydney, Melbourne y otras ciudades del país. La organización Reporteros sin fronteras ha pedido al ministro de Justicia británico, Kenneth Clarke, que "no permita que el proceso verse sobre la publicación de los documentos clasificados".
