El texto final será aprobado la semana que viene por el pleno de la Eurocámara y antes de final de año por el Consejo de Ministros. Los estados tendrán un plazo de un año para incorporarlo en sus legislaciones.
Desesperada por recuperar el favor de sus ciudadanos, la Unión Europea ha decidido aligerar las normas que regirán la iniciativa ciudadana comunitaria, el primer gran ensayo de democracia directa a escala continental. Bastará con recoger un millón de firmas procedentes de siete países para impulsar una legislación.
Así lo acordaron anteanoche en Bruselas los representantes de los gobiernos, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, con vistas a que la iniciativa esté operativa en un año. Aunque las propuestas originales de la Comisión Europea eran bastante restrictivas, finalmente se impuso el criterio de facilitar al máximo su funcionamiento, tal como reclamaba la Eurocámara.
La Iniciativa ciudadana europea es una de las novedades recogidas en el tratado de Lisboa, aunque en realidad la heredó del proyecto de Constitución que, precisamente, los ciudadanos de varios países echaron por tierra. La idea es que la unión de los europeos sea su fuerza. La petición deberá referirse a un asunto en el que la Unión Europea tenga competencias para legislar.
La Comisión Europea será la encargada de juzgar su admisibilidad preventivamente, es decir, en el momento de registrarla en la web oficial, yno-como se planteaba-cuando ya haya recogido 300.000 firmas. El objetivo es evitar que la iniciativa ciudadana europea acabe siendo una frustración tanto para sus promotores como para quienes la respaldan.
Será necesario que se impliquen ciudadanos de un cuarto de los estados miembros de la UE (actualmente son 27) y no de un tercio - como pretendían los gobiernos y el Ejecutivo comunitario-ni de una quinta parte, como pedía el Parlamento. Para garantizar "la dimensión europea" de la petición deberá haber un responsable por país en la "comisión ciudadana" encargada de tramitarla.
Otro de los aspectos más espinosos ha sido decidir cómo se verificará la autenticidad de las firmas. Finalmente, esta parte del proceso estará en manos de cada país, según su tradición, aunque con el compromiso de no exigir excesiva información.
No está garantizado que la Comisión Europea tome en consideración todas las peticiones que consigan recoger un millón de firmas (la cifra en sí venía recogida en el tratado de Lisboa y no se ha cuestionado). Pero sí deberá darle seguimiento y convocar una audiencia pública para discutirla, dando visibilidad a las demandas. La Comisión Europea decidirá entonces si presenta o no una propuesta de ley en el sentido solicitado. La iniciativa ha suscitado una gran expectación entre las oenegés incluso antes de entrar en vigor. Greenpeace, de hecho, ya ha recogido un millón de firmas para pedir una moratoria sobre el cultivo de transgénicos.
El funcionamiento de este ensayo de democracia directa de ámbito europeo se revisará dentro de tres años, según el acuerdo interinstitucional sellado la noche del lunes. El texto final será aprobado la semana que viene por el pleno de la Eurocámara y antes de final de año por el Consejo de Ministros. Los estados tendrán un plazo de un año para incorporarlo en sus legislaciones.
8-XII-10, B. Navarro, lavanguardia
