el Tribunal Penal Internacional va dando (buenos) resultados

Cuatro palabras para resumir la trascendencia de una decisión. Ayer el periódico keniano The Standard abría su portada con un titular elocuente: "Este es el día". Pero decía más: "Hoy al mediodía - por ayer-en la Haya, Ocampo hará una declaración que puede cambiar para siempre el paisaje político del país". Así fue. El puñetazo que recibió la esfera política de Kenia fue duro y directo a la mandíbula.

El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis Moreno Ocampo, acusó ayer a seis figuras clave de la política nacional de estar detrás de la violencia postelectoral de finales del 2007. Entre los imputados se encuentran el actual viceprimer ministro y titular de Finanzas, además de hijo del primer presidente del país, Uhuru Kennyata; el ex jefe de la policía nacional y el ex ministro de Educación, William Ruto, político controvertido pero considerado un héroe entre los de su etnia, los kalenjin. El escándalo salpica a más primeros espadas: el ministro de Industrialización, el secretario de Gobierno, Francis Muthaura, y un popular periodista radiofónico son los otros tres señalados.

Luís Moreno Ocampo

Ocampo deslizó una frase ayer que casi pasó inadvertida, pero fue más dura que los cargos de asesinato, tortura, deportación y violación a los que se enfrentan los acusados. "No se trata sólo de justicia, para Kenia es cuestión de supervivencia", lanzó. Para el TPI, subrayó su portavoz, los más de 1.200 muertos en los enfrentamientos postelectorales "no son únicamente crímenes contra kenianos inocentes, son crímenes contra la humanidad". Los seis acusados negaron todos los cargos, aunque dijeron que colaborarán con la justicia.

El presidente de Kenia, Mwai Kibaki, lidió el terremoto con un comunicado tibio. Pidió que no se prejuzgara a los acusados y recordó que su gabinete acaba de crear un tribunal local para juzgar a los culpables. Aunque no se le haya señalado directamente, el golpe es de difícil encaje para el líder keniano, que tenía en Kenyatta y Muthaura a dos de sus más estrechos colaboradores. Ambos formaban parte del denominado Monte Kenya Mafia, grupo que englobaba a los políticos y agentes sociales de la más absoluta confianza del presidente.

El tono de alegría entre quienes llevaban años pidiendo el fin de la cultura de la impunidad se percibía con claridad ayer. En conversación telefónica desde Nairobi, Víctor Lando, de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia, se felicitó por poder ver a los presuntos culpables en los bancos de La Haya. "Aún hay gente viviendo en campos de refugiados y por fin se manda el mensaje de que la violencia no será tolerada y los políticos deben ser responsables de sus actos", señaló.

Había alguna muesca en su alegría. Hace dos años, su organización independiente acusó a casi 200 figuras influyentes de haber incitado los enfrentamientos. Seis parecen pocos, pero no cree que sólo sean cabezas de turco. "La comisión señala a esos seis, pero hay muchos más implicados, claro. Los acusados ahora son altos funcionarios y políticos y está bien que se les juzgue internacionalmente, nosotros deberemos lidiar con el resto de responsables de medio y bajo nivel con el tribunal local", dijo.

El temor a un nuevo estallido de violencia sobrevoló Kenia ayer. Tres de los sospechosos forman parte de la comunidad kalenjin, enfrentada durante los choques postelectorales a la kiyuyu, la más numerosa del país, que podría sentir que sus principales líderes y sus portavoces quedan fuera del tablero político. Aunque ayer se reforzó la seguridad en todo el país, la chispa no se encendió sino de forma puntual.

El optimismo se contagió al otro lado del océano. Barack Obama opinó sobre lo ocurrido y fue positivo: "Animo a todos los kenianos a que se tomen un momento para pensar en el tremendo progreso que su país ha hecho desde aquellos días oscuros", apuntó.

16-XII-10, X. Aldekoa, lavanguardia

Jean-Pierre Bemba ocupó la vicepresidencia de RD Congo durante tres años y ahora podría convertirse en el primer alto cargo congoleño en ser condenado por el TPI. Huyó de la República Democrática de Congo en el 2007 y fue detenido en Bruselas por las autoridades belgas en mayo del 2008, tras la orden de detención emitida por el tribunal, que también ha embargado sus bienes.

Vestido con un traje azul marino y una corbata azul claro, el vicepresidente de Congo del 2003 al 2006, Jean-Pierre Bemba, asistió ayer al primer día de su juicio en el Tribunal Penal Internacional (TPI), en La Haya. Está acusado de cinco crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos presuntamente en la República Centroafricana entre el 2002 y el 2003. Aunque el tribunal de La Haya ya está juzgando a ex rebeldes congoleños, esta es la primera vez que juzga por crímenes de guerra a alguien que ocupó un cargo de responsabilidad en el Gobierno de Congo.

Bemba, de 48 años, dirigía entonces el Movimiento de Liberación de Congo (MLC), un grupo miliciano que ayudó al que era el presidente de la República Centroafricana, Ange-Félix Patassé, a intentar contener el golpe liderado por el rebelde François Bozizé.

Finalmente, los 1.500 miembros del MLC no pudieron frenar a Patassé - quien se hizo con el poder en el país-,pero en su intento cometieron crímenes atroces, como violaciones para atemorizar a la población civil, asesinatos a sangre fría y pillajes. "Eran crímenes para humillar y dominar", aseguró ayer en rueda de prensa el fiscal jefe del TPI, Luis Moreno Ocampo.

El juicio es histórico no sólo porque nunca antes se había sentado en el banquillo de los acusados de La Haya un alto cargo congoleño, sino también porque "por primera vez en la historia de la justicia internacional un jefe militar es juzgado por su responsabilidad indirecta por violaciones cometidas por sus hombres". Según los alegatos de la fiscalía, el ex vicepresidente congoleño no participó activamente en los atropellos cometidos por los miembros del Movimiento de Liberación de Congo, pero no hizo nada para evitarlo. Además, según la acusación, su liderazgo y poder al frente del MLC está fuera de toda duda. De hecho, Bemba utilizaba el MLC como si fuera

"su propia empresa" y tomaba todas las decisiones.

Como acostumbra a ocurrir en crímenes de guerra, el relato de las víctimas - las que sobrevivieron-es escalofriante. Moreno Ocampo explicó que los miembros del MLC se dividían en grupos de entre dos y cuatro soldados para ir casa por casa violando a mujeres, a niños e incluso a ancianos, robando lo que encontraban y matando a cualquiera que opusiera resistencia. A veces, las violaciones se cometían en público. Según la acusación, sólo en Bangui, la capital centroafricana, los hombres de Bemba cometieron 400 violaciones. El fiscal general subrayó en el inicio del juicio que los miembros del MLC "robaron a la gente más pobre de uno de los países más pobres".

Está previsto que en el proceso iniciado ayer y presidido por la juez brasileña Sylvia Steiner, comparezcan 40 testigos. En total se han admitido las denuncias de 759 víctimas, aunque la mayoría estarán representadas en el juicio por dos abogados. Si se prueban los hechos juzgados, las víctimas y sus familias podrían ser indemnizadas. El tribunal de La Haya, además, aún tiene que estudiar el dossier de más de 600 afectados, con lo que el total de víctimas podría superar el millar.

Si es declarado culpable, Jean-Pierre Bemba podría ser sentenciado a cadena perpetua. El ex vicepresidente congoleño se declaró ayer inocente a través de sus abogados. En unas declaraciones a la agencia France Presse, la defensa aseguró que Bemba es inocente porque "combatió con el uniforme y bajo bandera centroafricana", motivo por el cual eran las autoridades del país las responsables "del mando efectivo y la disciplina" de los hombres que combatían a los rebeldes de Bozizé. Sus abogados han intentado en los últimos meses todas las artimañas posibles para evitar el juicio desde que el acusado fue detenido en el 2008. Tras desestimar todas sus peticiones, ayer Bemba se sentó en el banquillo.

23-XI-10, L. Forès, lavanguardia