Sin embargo, diga lo que diga el Gobierno sueco, lo cierto es que los problemas judiciales que Assange está teniendo en Suecia empezaron justo en el momento en que Wikileaks decidió publicar miles de cables confidenciales sobre la diplomacia estadounidense y con los que la organización especializada en filtraciones ha puesto al descubierto algunos de los secretos mejor guardados de Estados Unidos. Estas revelaciones, junto con las precedentes sobre las guerras de Afganistán e Iraq, han desatado la ira de Washington, cuyo aparato judicial no descansará hasta abrir un proceso criminal contra Assange. Ante esta perspectiva, la defensa del australiano ha alertado sobre las consecuencias que podría acarrear para su cliente una eventual extradición a EE. UU., donde corre un "riesgo real" de ser condenado a muerte o acabar en la prisión de Guantánamo.
Una prueba más del empeño que EE. UU. está poniendo en llevar a Assange y a todo aquel que esté relacionado con su organización ante el estrado es la orden judicial acabada de emitir para obligar a la red social Twitter a revelar información relevante sobre la cuenta de Wikileaks, así como detalles personales de su fundador y de algunos de sus simpatizantes, entre ellos la parlamentaria islandesa Birgitta Jonsdottir, el pirata informático holandés Rop Gonggrijp o el programador estadounidense Jacob Appelbaum, que el lunes fue registrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. a su regreso de Islandia.
Sin embargo, el propio Assange ha querido precisar que, en realidad, el principal "enemigo tecnológico" de Wikileaks no es Estados Unidos, sino China, el país que más censura a las fuentes de información.
