Hace unos años era un lugar común describir al papa Gregorio VII como el arquitecto del Occidente medieval. Gregorio VII es, sin duda, un personaje fascinante. Y también fue un hombre aficionado a identificar con claridad los conceptos clave de su acción de gobierno. Casi mil años después de su reinado, los libros de historia siguen repitiendo que la libertad de la Iglesia, el lema publicitario con el que describía la reforma o, mejor, la revolución institucional que lideró, fue su principal objetivo y el de sus entusiastas seguidores. Dada la pereza innata a la naturaleza humana, de la que no se sustraen con facilidad ni los historiadores ni los periodistas, la identificación por parte de un gobernante de los conceptos clave de su propia acción de gobierno abre la expectativa de que la versión del interesado tenderá a perpetuarse. Pero, salta a la vista, si se aparta el concepto que se usó para disimularlo, que el objetivo estratégico de los reformistas no era liberar la Iglesia de los poderes civiles sino sujetar estos poderes al poder del Papa. La imagen del emperador Enrique IV, descalzo y con hábito de monje arrodillado durante tres días y tres noches sobre la nieve a las puertas del castillo de Canosa para implorar con forzada humildad el perdón al orgulloso Santo Padre que lo había excomulgado, simboliza a la perfección la naturaleza orwelliana del edificio proyectado por Gregorio VII: la libertad eclesiástica a la que se aspiraba era la esclavitud del poder civil.
Milton Friedman, que ha sido uno de los arquitectos del nuevo orden neoliberal, también envolvió la revolución que propugnaba como un intento de liberar el mercado del poder estatal. Pero, como señaló Naomi Klein en su famoso libro sobre la doctrina del shock, la realidad de lo que sucede cuando esta liberalizadora visión acaba llevándose a la práctica, a la sombra de una u otra crisis o catástrofe, es muy distinta de la que vende la propaganda y tampoco pasa por la separación de los dominios respectivos. En el viejo orden gregoriano, que nada tuvo que ver con la separación entre la Iglesia y el Estado, debía darse por bueno que la obediencia a san Pedro del poder civil garantizaba la corrección política. Hoy la corrección política parece definirse por la sumisión a la voluntad de los mercados, que, como ayer la Iglesia, monopolizan el poder normativo y dictan cuáles son los mandamientos del poder civil. En este contexto, no resulta extraño que las fronteras entre el poder económico y el poder político tiendan a borrarse y que los representantes del poder empresarial acaben desembarcado en el gobierno. Como aquel tiempo en que Europa echaba sus raíces. Aquella época en la que los confesores del rey ejercían como comisarios políticos de la Iglesia y los frailes se bajaban de las ramas de la teología para cortar el bacalao en los consejos regios.
18-I-11, Josep Maria Ruiz Simon, lavanguardia