Las Naciones Unidas evalúan en un centenar las víctimas mortales en las protestas en Túnez desde mediados de diciembre. Según el Ministerio del Interior tunecino, la represión de la llamada revolución de jazmín causó 78 muertos y 94 heridos. Sin embargo, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, calcula que los muertos fueron al menos 117, según un informe presentado ayer en Ginebra. La violencia ha provocado en cinco semanas la muerte de "más de setenta personas" víctimas de disparos, "siete en actos de suicidio como protesta y más de cuarenta en enfrentamientos dentro de las cárceles durante el fin de semana pasado". Pillay anunció el envío de una delegación, la semana próxima, para profundizar en la investigación y asesorar al gobierno de unidad sobre derechos humanos.
El Gobierno de Suiza anunció ayer la congelación de las cuentas bancarias de Ben Ali, mientras la Fiscalía tunecina investiga cuentas y propiedades en el exterior del derrocado presidente, su esposa, Leila Trabelsi, y otros miembros de su familia. El Gobierno suizo adelantó la entrada en vigor de una ley que estaba prevista para febrero y que tendrá una validez de tres años. Según la ministra de Exteriores, Micheline Calmy-Rey, las autoridades suizas tratarán de definir ampliamente el "círculo cercano" de los afectados, que es de unas 40 personas, agregó. Suiza tiene indicios de activos relacionados con Ben Ali, pero no se sabe con exactitud de cuánto se trata y dónde están. Calmy-Rey descartó que en los últimos días se hayan retirado fondos, ya que los plazos de espera son muy largos, dijo.
El primer ministro tunecino, Mohamed Ganuchi, acabó el día de ayer un poco mejor que la víspera. Su posición sigue siendo muy débil, pero haber resistido la presión de la calle, que pide su cabeza, ha sido un logro meritorio. Si lo alcanzó fue debido al cansancio de una población que necesita recuperar el pulso y, de momento, no clama venganza después de 23 años de una dictadura que ha pisoteado sus derechos humanos y civiles.
Las constantes promesas de libertad que salen del palacio de Cartago también contribuyen a que Ganuchi tenga, al menos, la oportunidad de demostrar con hechos lo que, de momento, son sobre todo palabras.
La manifestación de la avenida Burguiba fue tolerada por la policía por primera vez. Los antidisturbios dejaron hacer a un grupo de irreductibles que, en su momento de mayor apogeo, apenas lograron ser más de medio millar. Su oposición a Ganuchi es frontal y la comparten con otros muchos tunecinos. La concentración, al final del día, quedó reducida a unos cincuenta jóvenes que, sentados en círculo, cantaban y leían poesía. Los agentes no les molestaron ni siquiera cuando dieron las ocho, nueva hora del toque de queda, y ellos siguieron con la protesta.
La prohibición de salir de casa se ha reducido a la franja horaria que va de las ocho de la tarde a las cinco de la mañana. La noche del miércoles volvió a ser tranquila. Esto ha permitido reabrir muchos comercios. Los cajeros automáticos vuelven a tener efectivo. Las colas en las gasolineras y las panaderías son casi normales.
El presidente interino, Fued Mebaza, hizo una aparición solemne en televisión - la primera desde la caída del sátrapa Ben Ali, el pasado viernes-para garantizar "una ruptura total con el pasado". De momento, sin embargo, la única ruptura con el pasado que entienden los tunecinos es la marcha de los benalistas del poder y el procesamiento de los corruptos y los torturadores.
En esta línea se están expresando los dirigentes de la oposición no incluida en el gobierno, como Moncef Marzuki, exiliado hasta el martes en París. Ayer visitó la tumba de Mohamed Buazizi, el joven que, al suicidarse prendiéndose fuego, prendió la mecha del levantamiento. Rodeado de unas 300 personas que coreaban su nombre en Sidi Buzid, rechazó la legitimidad del gobierno Ganuchi. Dijo que era una farsa, mucho más continuista que rupturista.
Cambiar esta percepción es la principal preocupación de Ganuchi. De ahí, las medidas con gancho popular. Casi ninguna, sin embargo, es fácil de comprobar. Anunció la liberación de 1.800 presos a los que sólo les quedaban seis meses de condena, pero no se supo si entre ellos también había presos políticos. Sí salió de la cárcel el periodista Fahem Bukadus, condenado el pasado julio a cuatro años por informar de una huelga minera. La prometida amnistía general, por el contrario, aún no está lista. No está claro tampoco que se puedan recuperar los millones de euros que los Ben Ali sacaron de Túnez, aunque la Fiscalía ha anunciado una investigación. Parece cierto que la justicia recuperó ayer las instituciones que garantizan su independencia, pero está por ver si será capaz de organizar los juicios que espera la ciudadanía. Tres partidos de la oposición, uno ecologista y dos de izquierdas, fueron legalizados, pero al líder islamista Rachid Ganuchi, exiliado en Londres, aún no se le permite volver.
20-I-11, X. Mas de Xaxàs, lavanguardia