´La respuesta que tardó 33 años´, Rafael Nadal

Un agricultor recibió el pasado 12 de enero del 2011 una carta de la Agència Catalana de l´Aigua (ACA) en la que se le notifica el registro de un aprovechamiento de aguas subterráneas (un pozo) en su casa del término municipal de Vallgorguina (Vallès Oriental). Uno más de los miles de actos de la Administración catalana, si no fuera por un pequeño detalle: la legalización del pozo responde a una instancia presentada por el agricultor el día 30 de abril de 1977. ¡La respuesta de la Administración ha tardado 33 años y ochos meses!

Antes de obtener respuesta a su instancia, el afectado ha visto el ascenso de Adolfo Suárez a la presidencia del Gobierno español, el regreso de Josep Tarradellas a Catalunya, la restauración de la Generalitat, los seis gobiernos presididos por Jordi Pujol y los dos gobiernos tripartitos. Desde que recibió la inscripción definitiva, el agricultor está intentando reponerse de la impresión y a mi me sucede otro tanto, sobre todo después de descubrir que tras este proceso surrealista, nadie de la ACA ha pedido disculpas por un retraso tan bochornoso.

¿Cómo se puede responder una carta con 33 años de retraso como si fuera la cosa más normal del mundo? ¿Cómo puede ser que a ningún alto cargo, a ningún cuadro intermedio, ni a ningún funcionario de la ACA se le haya ocurrido que debía una explicación al afectado?

¿Hay otras cartas similares? Y una sospecha más grave: ¿las necesidades apremiantes de recaudación han reactivado en los últimos años expedientes que estaban abandonados en estantes polvorientos?

Peor es aún la convicción de que este funcionamiento es la norma en otros muchos departamentos: cada profesional, cada autónomo, cada pequeño empresario al que he preguntado sufre una historia parecida. Hoy mismo, muchos promotores - incluso la propia administración-quieren invertir en el arruinado sector de la construcción y no pueden hacerlo porque los planes urbanísticos siguen demorándose entre cinco y diez años, atrapados en una maraña de leyes, entes y administraciones que se solapan, se estorban y a veces se hacen la puñeta directamente.

¡En plena crisis! Y otros muchos ciudadanos intentan llevar a cabo obras de restauración en sus casas y después de meses de lentas y absurdas tramitaciones tienen los proyectos bloqueados en un cajón porque las comisiones provinciales de urbanismo se reúnen sólo una vez al mes; y en enero, por resaca de las fiestas o por cambio de gobierno, han decidido no reunirse.

Hay historias menos dramáticas pero enormemente ilustrativas: un joven profesional de Girona acabó en junio las obras de reforma de su futura residencia, pero siete meses después no ha podido instalarse porque Repsol no le puede servir todavía las bombonas de gas propano para la calefacción y el agua caliente. Veamos: un ingeniero (1) proyectó la red de gas propano que el arquitecto (2) incorporó a su proyecto de instalaciones; el aparejador (3), responsable de la dirección de la obra, supervisó el montaje, que fue realizado por un instalador autorizado (4); finalizada la obra, esta fue supervisada por una ECA (5), empresa autorizada especialmente para revisar las instalaciones de gasy emitir un sello de conformidad. Ahora, al parecer, Repsol mandará a sus propios técnicos (6) para comprobar que la localización de las bombonas es correcta. Sólo después, el distribuidor autorizado de la zona (y 7) suministrará el gas. Todo esto para una simple unidad familiar y en el peor año de la crisis de la construcción, cuando se supone que debería haber facilidades para todos aquellos que aún se sienten con fuerzas para invertir.

¿Nos hemos vuelto locos? En las últimas cuatro o cinco legislaturas, los gobiernos centrales y autonómicos se han aplicado en producir una enorme cantidad de leyes y reglamentos exagerados, a menudo contradictorios y a veces simplemente inaplicables. Se trata de un desastre transversal que implica a gobiernos de todos los colores y al conjunto de la sociedad, porque a menudo las normas responden a presiones sociales irresponsables, propias de una sociedad infantilizada y sobreprotegida. El nuevo Gobierno catalán tiene un enorme trabajo de simplificación y racionalización de este entramado legal que entre todos empezamos a liar diabólicamente hace al menos 20 años, y que ahora será muy difícil desenmarañar.

Pero con la actuación del Govern no será suficiente. Hay que empezar a exigir responsabilidades individuales. En plena crisis económica, se impone un cambio de mentalidad de todos los servidores públicos, que deben recordar que están en la función pública por encargo de la sociedad y por tanto para servirla, no en contra de ella. Es evidente que muchos todavía no se han enterado y, en lugar de colaborar agilizando los trámites, siguen sesteando y poniendo pegas.

PD: Con el artículo ya entregado  me llega la documentación de un propietario forestal de las Guilleries, que en otoño del 2007 recibió otra carta de la ACA en relación con una petición para registrar un pozo, presentada en junio de 1988. Al propietario se le ocurrió contestar que pese al tiempo transcurrido, seguía interesado en legalizar la captación de agua. Resultado: al cabo de un mes recibió una inspección y una multa de 6.000 euros por tener un pozo sin registrar. Es decir, la misma administración que en 22 años no ha completado el expediente de legalización - hoy por hoy sigue sus trámites-necesitó sólo unos meses para completar el expediente de sanción. Glorioso.

28-I-11, Rafael Nadal, lavanguardia