El gobierno tunecino lo está pasando mal. El primer ministro, Mohamed Ganuchi, no logra llevar adelante las reformas políticas que han de permitir un nuevo sistema político. La presión de la calle, con manifestaciones casi diarias en las que participan miles de personas, mantienen vivo un clima posrevolucionario que alienta el caos.
Ganuchi pierde las riendas de la transición y para intentar recuperarlas está dispuesto a dar al pueblo lo que tanto pide, la cabeza del dictador Zine el Abidine Ben Ali, refugiado en Arabia Saudí desde su huida de Túnez el pasado 14 de enero.
Ganuchi, que desde 1999 es primer ministro de Túnez, ha pedido a Riad la extradición de su antiguo jefe. Ben Ali, al parecer, habría sufrido un infarto y está hospitalizado. Nada se sabe, sin embargo, a ciencia cierta. Tal es el secretismo que Ganuchi ha solicitado información sobre su salud. Los rumores han llegado a decir que Ben Ali había fallecido.
Es muy improbable que Arabia Saudí lo entregue, aunque en esta nueva era que alumbra Oriente Próximo lo que antes hubiera sido muy claro hoy está confuso.
El gobierno Ganuchi acusa a Ben Ali de haber instigado la muerte de manifestantes y quiere juzgarlo por ello. La acusación, leída por el ministro de Asuntos Exteriores, afirma que Ben Ali "diseminó la tensión entre los ciudadanos incitando a que se mataran entre ellos".
Para reforzar este desmarque del antiguo régimen, el Gobierno ha difundido imágenes del tesoro encontrado en el palacio presidencial de Sidi Bou Said, próximo a la capital: fajos de billetes de quinientos y cien euros, además de dólares y otras divisas, escondidos en la biblioteca junto a joyas de gran valor. Acentuar la dimensión cleptómana del antiguo régimen ha de servir a Ganuchi, al menos, para coger un poco de aire frente a la presión popular que lo vincula con el pasado.
Ganuchi se ha propuesto convocar elecciones pero no está nada claro cómo va a conseguirlo. La estructura administrativa de la dictadura sigue en pie. La policía, la justicia y las gobernadurías no funcionan como es debido. El colegio de abogados ha identificado a un centenar de jueces corruptos que siguen en sus puestos. Los jefes policiales que han sido cesados no tienen sustitutos experimentados y la delincuencia se ha disparado.
Yadh ben Achur, el abogado que dirige la comisión para la reforma política, teme que el país esté a un paso de la anarquía. Hay una fuerte división en el Gobierno entre los que desean convocar elecciones para una asamblea constituyente y los que se contentan con reformar la actual Constitución. El problema es que las enmiendas tendría que pasarlas el actual Parlamento, compuesto por diputados más preocupados de sus intereses que del futuro del país.
22-II-11, Xavier Mas de Xaxàs, lavanguardia