Plurilingüismo del Estado
En el pasado debate sobre el estado de la nación, el Congreso aprobó una moción en la que se insta al Gobierno a promover la utilización en los órganos constitucionales de las lenguas que son cooficiales en las comunidades autónomas. El cumplimiento de esta moción es importante para avanzar en el reconocimiento y garantía del pluralismo nacional y lingüístico del Estado. Un avance que, lejos de debilitarlas, redundaría en un aumento de la calidad de la democracia y de la cultura política españolas. De hecho, el insuficiente reconocimiento actual del pluralismo lingüístico en las instituciones comunes del Estado constituye un déficit tanto liberal (de protección de las minorías) como democrático (de participación desde la características culturales propias) del actual modelo constitucional.
Aunque la moción circunscribe el plurilingüismo a los órganos constitucionales, éste afecta también a algunas regulaciones del ámbito simbólico, de la Unión Europea y de la política internacional. No es preciso inventar nada nuevo. Tampoco es cuestión de copiar, sino de adaptar un modelo existente a las condiciones de la sociedad española. El modelo que proponemos es el de un plurilingüismo equitativo entre el castellano, el catalán/valenciano, el euskera y el gallego, similar al que establecen algunas federaciones plurilingüísticas (Bélgica, Canadá, Suiza) e incluso algunos estados no federales (Finlandia). Se trata de un modelo anclado en el insoslayable pluralismo lingüístico de los ciudadanos españoles, un hecho sociolingüístico que a menudo queda oculto en el debate político cotidiano. Para un buen número de ciudadanos, el castellano no es ni la única lengua que hablan, ni aquella con la que se identifican más inmediatamente, ni la única que desean que sea protegida por las instituciones comunes del Estado a través de sus impuestos.
Muy probablemente el plurilingüismo equitativo debería desembocar en una reforma del artículo 3 de la Constitución, destinada a situar el catalán/valenciano, el gallego y el euskera al mismo nivel que el castellano, en un marco general de respeto por una diversidad lingüística que comprende otras lenguas. En este empeño los referentes en política comparada no faltan. La Constitución suiza reconoce la oficialidad del alemán, del francés, del italiano y (con matices) la del romanche; la del Canadá hace lo propio con el francés y el inglés. La formulación de la Constitución canadiense es acaso modélica en la estela de la equidad: tras establecer la oficialidad de ambas lenguas, aclara que tienen un estatus y derechos iguales en cuanto a su uso en las instituciones del Parlamento y del Gobierno del Canadá. El plurilingüismo equitativo del Estado debería contener al menos tres aspectos:
1. Los símbolos. En el plano simbólico, el mismo nombre del Estado debería dejar de ser monolingüe, al igual que las monedas de euro o los sellos de correos. A caballo entre los símbolos del Estado y el uso administrativo, la documentación personal de todos los ciudadanos españoles (DNI, permiso de conducir, pasaporte, etcétera) también debería reflejar su diversidad lingüística.
2. Las instituciones del Estado. Las instituciones, empezando por las parlamentarias (Cortes), deberían adaptarse también a la igualdad de las lenguas, tanto en los usos escritos como en los orales. Es un error -que muestra una incomprensión del fenómeno que regular- decir que el plurilingüismo debe limitarse al Senado como "cámara de representación territorial" (que además no lo es). Las lenguas no coinciden con territorios. Es el Estado en conjunto el que es plurilingüe y ello debería reflejarse también en el Congreso, en cuanto representa a una ciudadanía lingüísticamente plural. Además de las dos cámaras de las Cortes, otros órganos constitucionales, como el Tribunal Constitucional, deberían operar también en plurilingüe. Y, por supuesto, la Corona. En sus apariciones públicas oficiales, por ejemplo, los miembros de la familia real deberían hacer un uso equilibrado de las cuatro lenguas de los ciudadanos.
3. La UE y la esfera internacional. Finalmente, el plurilingüismo equitativo debería extenderse más allá del ámbito de los órganos constitucionales españoles. Por un lado, la oficialidad del catalán/valenciano, gallego y euskera en España acarrearía su oficialidad en las instituciones de la Unión Europea, al mismo nivel que las demás, sin necesidad de establecer memorandos tan bienintencionados como proclives a la subsidiariedad. Por otro lado, debería proyectarse el pluralismo lingüístico del Estado en la esfera internacional. Un pluralismo que constituye una de nuestras mayores riquezas culturales colectivas.
En suma, el plurilingüismo equitativo consistiría en situar al catalán/valenciano, gallego y euskera en pie de igualdad con el castellano en los principales ámbitos de uso regulados por el Estado. Se trata de algo relativamente fácil de establecer si hay voluntad política, y de lo que hay buenos referentes en política comparada. El plurilingüismo equitativo constituye una de las claves de la España plural, entendida ésta en el sentido más preciso y profundo del término. Y es también parte del modelo hacia donde creemos que sería deseable avanzar políticamente para desarrollar la Constitución de 1978: un modelo de federalismo plurilingüístico y plurinacional como vía para mejorar la calidad de la democracia española.
lavanguardia, 29-VI-05