El pulso enfrenta ahora a los republicanos, mayoritarios desde enero en la Cámara de Representantes, y a los demócratas del presidente Barack Obama, mayoritarios en el Senado. El ala más conservadora de la oposición, alentada por el movimiento populista Tea Party, exige un recorte de 60.000 millones de dólares en el gasto. La Casa Blanca no está dispuesta a ir más allá de los 33.000 millones de dólares.
La Oficina de Gestión de Personal del Gobierno federal ya ha enviado un documento a los funcionarios con instrucciones por si el viernes la administración se queda sin dinero para mantener sus operaciones. El documento especifica que a partir del lunes, y con excepciones, los empleados federales deberán quedarse en sus casas, no cobrarán por los días trabajados hasta que lo decida el Congreso, y tendrán prohibido trabajar voluntariamente.
Hay confusión sobre quién podrá trabajar y quién no. Algunos no lo sabrán hasta que el lunes acudan a su puesto. Pero es probable que los parques naturales, zoos y museos públicos de Washington cierren, que el departamento de Hacienda paralice las devoluciones, y que durante el periodo de cierre federal los parados dejen de recibir los subsidios que les correspondan. Gran parte de las páginas web federales cerrarán, según dijo un alto funcionario de la Administración Obama en una conferencia telefónica. Los tribunales federales tienen dinero para abrir durante diez o quince días más, y el hospital del Instituto Nacional de Salud en Maryland no aceptará más pacientes.
La parálisis no sería absoluta. Funcionarios considerados imprescindibles quedarían exentos, lo que puede ocasionar problemas de ego: algunos que se creen imprescindibles descubrirán que no lo son. Las fuerzas armadas, el departamento de seguridad interior y el servicio postal seguirán abiertos. La Casa Blanca también, aunque funcionará a medio gas, con menos empleados.
Obama, que ha alertado sobre los efectos económicos del cierre administrativo, se reunió anoche con los líderes del Senado y de la Cámara de Representantes. Republicanos y demócratas calculan los costes del eventual fracaso de la negociación.
¿A quién culparán los ciudadanos? ¿Al presidente por negarse a aceptar recortes más drásticos? ¿O a los republicanos yal Tea Party por excederse en sus reivindicaciones?
"Los demócratas creen que se beneficiarán de un cierre gubernamental. Estoy de acuerdo", dijo el martes a su grupo parlamentario el republicano John Boehner, presidente de la Cámara. Para el Tea Party, que cuenta con decenas de congresistas republicanos, cualquier concesión es una traición, y la administración federal simboliza todo lo que va mal en EE. UU. Para algunos el cierre sería una victoria contra las oscuras fuerzas del Estado.
Si la historia sirve de guía, en 1996 Bill Clinton emergió como el vencedor. En noviembre de 1995, 800.000 empleados federales se quedaron en sus casas. Volvieron a trabajar, pero al mes siguiente el Gobierno cerró de nuevo y durante tres semanas 284.000 no trabajaron. El coste fue de 1.400 millones de dólares.
Clinton, que como Obama en 2010 sufrió una derrota electoral en las legislativas de 1994, se impuso sin problemas en las presidenciales de 1996. Entonces los votantes culparon a la oposición por su intransigencia. Está por ver qué sucederá ahora.
