Picaresca constitucional
El Tribunal Constitucional, con la contribución del Gobierno, el PSOE y el PP y la participación de las Cortes, está ofreciendo un espectáculo tan bochornoso en torno al Estatut y a los recursos presentados contra la iniciativa catalana, que ha arruinado el prestigio de la última institución del Estado encargada de garantizar neutralidad política y rigor jurídico.
Se han tomado decisiones tan arbitrarias e incoherentes que no tienen precedentes en los treinta años de democracia. En primer lugar, se recusó al magistrado Pérez Tremps con argumentos esotéricos e indisimulables intenciones de decantar la correlación de fuerzas entre magistrados progubernamentales y antigubernamentales, a favor de los segundos. Ese hecho provocó otro mucho peor. La Generalitat, que había solicitado la acumulación de recursos, rectificó y pidió todo lo contrario, es decir que el tribunal dicte tantas sentencias como recursos. O sea siete. Y por primera vez en la historia se van a dictar siete sentencias sobre una misma ley. Como Pérez Tremps sólo queda apartado de una, podría darse el caso de sentencias contradictorias sobre cuestiones idénticas. Pero eso no ocurrirá porque sería un escándalo tan grande que el espíritu de supervivencia de la propia institución ha llevado a algunos miembros del tribunal de ambos bandos a constatar la necesidad de una sentencia consensuada que valga para todos los litigios.
El espectáculo es triste pero continúa. Como se sabe, el tribunal lo componen doce magistrados, de los que también se sabe que seis están a favor del Gobierno y seis, en contra. El desempate lo determina el voto de calidad de la presidenta, considerada progubernamental. Pero el turno de presidencia de Emilia Casas expiraba en junio y debía pasar el relevo a un magistrado conservador. Normalmente ese relevo se aplaza cuando falta poco tiempo para la renovación del tribunal, como es el caso, pero los conservadores que apreciaron maniobras dilatorias progubernamentales, exigieron que se cumpliera lo establecido. Rápidamente, el Gobierno se sacó de la manga una ley a medida para forzar la permanencia de la presidenta en su puesto. Ella dijo que la ley no le afectaría a ella, pero la ley se tramitó con premeditación rauda y veloz, y la presidenta que decanta la mayoría sigue en su sitio. Y todo eso ¿por qué? ¿Por salvar el Estatut? Nada de eso. El Estatut importa un comino. Entre la posición del recurso del PP, que lo amputa de arriba abajo, y la posición del Gobierno, expresada en las alegaciones del abogado del Estado, que lo convierte prácticamente en papel mojado, no hay una gran diferencia de fondo. El interés residía en la victoria política que se disputaban PSOE y PP en el seno del tribunal, pero incluso eso se ha superado. Ahora lo único importante para el Gobierno es que la sentencia no llegue antes de las elecciones generales, porque teme que la decepción política que provoque en Catalunya tenga efectos perniciosos para la candidatura de Zapatero. Y por la misma razón, pero con motivos opuestos, los magistrados conservadores intentan acelerar la deliberación, aunque parece que no saldrán con la suya.
Se acusó con bastante razón a los representantes políticos catalanes de haber actuado con frivolidad en el proceso de reforma del Estatut, pero está claro que esa manera de ejercer la política no es una exclusiva catalana. Ahora bien, cuando la picaresca política llega a dominar las instituciones, lo que emerge no es un problema de frivolidad, sino la vulneración del Estado de derecho.
lavanguardia, 15-VII-07.