Tendremos que estar atentos al día después de las elecciones municipales. Porque una de dos, o nos estuvieron engañando durante meses o se acerca una temporada de recortes de tal contundencia que no se parecerá en nada a la que hemos conocido hasta ahora. Los líderes catalanes, españoles y europeos estuvieron muchas semanas predicando que España y Catalunya se jugaban la vida: o actuaban rápido y con contundencia - incluidos recortes monumentales del gasto y reformas estructurales muy profundas-o los ciudadanos lo pagaríamos muy caro.
Nos dijeron que era cuestión de días, casi de horas y nos amenazaron con la quiebra, el precipicio y el abismo. Fue un año atrás, durante aquellos días de vértigo que nos asustaron y nos predispusieron a aceptarlo todo sin preguntas ni protestas. Pero ha transcurrido un año entero y ni hemos actuado rápido ni hemos actuado con contundencia.
A nivel español, ayuntamientos y comunidades autónomas han escondido sus déficit reales, con la complicidad de todos los partidos. En Catalunya, Artur Mas parecía que quería aplicarse, pero sin un acuerdo de estabilidad que le garantizara que los recortes quedarían fuera de la lucha partidista se asustó, y ya lleva cinco meses de retraso; ahora los recortes tendrán que concentrarse en mucho menos tiempo y por ello deberán ser mucho más rigurosos.
Nuestros dirigentes, los que gobiernan y los que están en la oposición, han aplazado unas medidas que se suponía que eran inaplazables porque han puesto los intereses de los partidos por delante de los ciudadanos. Todos han arriesgado el futuro del país a cambio de un buen resultado en las elecciones municipales del domingo.
Ahora ya podemos acusarlos: son unos irresponsables. Han consumido el poco tiempo que teníamos y ahora el calendario se acelerará y se les hará incontrolable. A partir del lunes, los nuevos alcaldes y los nuevos presidentes autonómicos se apresurarán a hacer aflorar los déficits ocultos de sus administraciones para cargar al muerto a sus predecesores. Y pueden apostar a que no explicarán los números con prudencia; al contrario, exagerarán los problemas y los agujeros, de manera que se visualizará el descontrol real del déficit y volverá la alarma internacional.
Automáticamente, nuestros socios europeos, nuestros acreedores y los organismos internacionales se sentirán engañados y exigirán que tomemos medidas más radicales, y más rápidamente. Y deberemos estrecharnos tanto el cinturón que seguramente se recortarán servicios esenciales y se colapsará la incipiente recuperación económica, pese al previsible buen comportamiento del turismo y la exportación.
La indignación ciudadana puede bascular hacia la furia, porque los trabajadores de los servicios básicos y los ciudadanosusuarios tienen derecho a quejarse por el descontrol con el que se ha afrontado la crisis. Ni se ha hecho un plan de prioridades -que tendría que haber dejado prácticamente al margen la sanidad, muy castigada los últimos años con políticas más gerenciales que profesionales-,ni se ha trabajado codo con codo con el sector, ni se han comprometido los calendarios del retorno a la normalidad. Y sobre todo no se ha abierto el diálogo. Ni con los profesionales, ni con los usuarios, ni con los partidos de oposición y los sindicatos.
CiU sabe que si quiere salvar la sanidad, la educación y los servicios sociales sin hipotecarlos o entregarlos a la privada tendrá que pactar la reforma. Pero la izquierda sabe que si no permite los cambios, será culpable de la quiebra del sistema. Por eso, la presencia en la manifestación del sábado de partidos como Iniciativa, Esquerra y el PSC, que han gobernado los últimos ocho años, es una vergüenza sin paliativos (y no hablemos ya del Partido Popular, que parece empeñado en convertirse en un grupo antisistema). Y que no vengan a reclamar otra vez la sensibilidad social: no hay una política más antisocial, más injusta o que ponga más en riesgo el Estado del bienestar que la que incumple los compromisos internacionales y nos pone a los pies de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional.
A partir del lunes, la lectura de los resultados electorales será una nueva oportunidad para anteponer el interés general a los partidismos. La campaña ha destapado candidatos de un nivel muy notable en muchas ciudades catalanas, que al día siguiente de las votaciones deberán estar a la altura y primar la gobernabilidad. Catalunya necesita gobiernos fuertes y estables en los ayuntamientos y en la Generalitat, capaces de tomar las medidas necesarias, con credibilidad para explicarlas y con fuerza para negociarlas. Los pactos postelectorales son una última oportunidad para dar paso a consensos amplios y excepcionales. Las oposiciones se tienen que comprometer a no alimentar el desgaste y a pactar las reformas, defendiendo las diferentes sensibilidades, pero aceptando el imprescindible ajuste de los presupuestos. Los gobernantes tienen que asumir de una vez responsabilidades, deben dejar de buscar culpables - la situación tiene sus raíces en las dos o tres últimas décadas y es cosa de todos-y abrir el diálogo sabiendo que para pactar hay que ceder. Si no se ponen a ello el próximo lunes algunos habremos pecado de ingenuos, pero ellos serán definitivamente los culpables.
20-V-11, Rafael Nadal, lavanguardia