Los diputados de la Eurocámara han rechazado aplicarse medidas de austeridad. Estaba en peligro volar en primera, acumular dietas y no congelar su salario, que en la metáfora de apretarse el cinturón no significa ni pasar de un agujero al otro. No todos se pronunciaron en el mismo sentido y por lo tanto es injusto ponerlos en el mismo saco. En lo que respecta a los representantes de España, ganó el no con los votos del PSOE y el PP, y sólo los diputados catalanes de CiU, ERC i IC votaron a favor de las restricciones.
¡Qué vergüenza! ¡Qué desfachatez! La indignación ha crecido en las casas de la ciudadanía de a pie y se ha expresado en la red de manera contundente. Los políticos siguen sumergidos en la impunidad y ello ha permitido que se institucionalice la irresponsabilidad. Ni siquiera la situación actual les ha hecho recapacitar sobre las prácticas a las que están acostumbrados.
Lo más fácil es hablar de la crisis en un solo sentido y responsabilizar de todo a los mercados, pero lo cierto es que la administración pública no deja de demostrar lo ruinosa que puede llegar a ser por la actuación de sus propios “responsables”. El Gobierno nos pide repetidamente que nos estrechemos el cinturón y ellos se instauran en el privilegio del derroche y el malbaratamiento.
Necesitamos un cambio que traspase la frontera de la queja y de la resignación. Hay países en los que se está yendo más allá y se ha pasado a la acción para abrir vías tanto que permitan que los políticos tengan que rendir cuentas fuera de las urnas de sus actuaciones, como que determinadas medidas no puedan ser aprobadas sin pasar por un referéndum.
En Estados Unidos se está explorando la vía judicial y la posibilidad de llevarlos a los tribunales. En Islandia –que desde que se declaró en bancarrota parece que haya desaparecido del mapa– se está produciendo una revolución del pueblo pacífica, silenciosa –también silenciada, no se habla de ello en los medios de comunicación– y efectiva mediante la cual se ha puesto veto al Gobierno y se ha perseguido judicialmente a los responsables directos del desastre.
No olvidemos nosotros –ya que los políticos lo han olvidado– que lo que tienen en sus manos es precisamente el patrimonio de la ciudadanía, es decir nuestro patrimonio y nuestro futuro.
11-IV-11, Cristina Sánchez Miret, lavanguardia