poner puertas al campo (o cerrar ventanas en internet)

El Gobierno francés vuelve a sufrir un nuevo revés en su cruzada contra las descargas de archivos protegidos por derechos de autor. La autoridad extrajudicial creada para perseguir a los usuarios, conocida por sus siglas Hadopi, se ha visto obligada a desconectar de los operadores de internet a la empresa Trident Media Guard (TMG), encargada de rastrear posibles descargas ilegales, después de que una brecha de seguridad haya dejado expuestas miles de direcciones IP, que identifican a los ciudadanos en internet.



El pasado fin de semana, la revista francesa Numerama recibió de un internauta anónimo un listado de 5.342 archivos de un servidor deTMG en un mensaje firmado por Anonymous France. Se trataba de archivos de BitTorrent vigilados por TMG y en ellos hay direcciones del servidor que emite los archivos, direcciones para el intercambio de los mismos y direcciones de usuarios. El archivo más antiguo data de abril del 2008, cuando no estaba aprobada la ley. Aparecen direcciones IP de usuarios de Francia, Estados Unidos, Suecia e Italia.

El problema de seguridad de TMG no sólo cuestiona el proyecto del Gobierno francés, sino que enfría las expectativas de ejecutivos de otros países de importar el modelo diseñado en Francia a otros países de la Unión Europea. España se desmarcó a finales del año pasado de imitar Hadopi. .

El proyecto Hadopi, con una fuerte implicación personal del presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha sufrido numerosos contratiempos. A mediados del 2009, cuando la ley ya estaba aprobada, fue tumbada por el Consejo Constitucional por considerar que sólo un juez, no una comisión, podía decidir cortar la conexión a internet de un usuario. El proyecto volvió a redactarse de forma más suave.

Ahora, cuando un usuario recibir tres avisos de Hadopi, su expediente va a parar a un juez, que decide si el internauta ha cometido una negligencia - con una multa de 1.500 euros y una desconexión a internet de un mes-o un delito de falsificación - que conlleva una multa de hasta 300.000 euros y una desconexión de internet que puede ser de hasta un año-.

El propio Sarkozy admitió hace unas semanas que estaría dispuesto a derogar o cambiar la ley si se encontrara una forma de proteger "la justa retribución de los creadores". Casi un año y medio después de su aprobación, la polémica ley antidescargas no está sirviendo al propósito para el que fue creada, porque los usuarios se han pasado del intercambio de archivos P2P a alternativas como la descarga directa o el streaming.

19-V-11; F. Bracero, lavanguardia