La estabilidad perdida como consecuencia de las convulsiones a que se han visto sometidas las estructuras económicas y sociales exige la responsabilidad de todos en la recuperación de la confianza. Transparencia Internacional ha presentado recientemente dos documentos que deberían ser motivo de reflexión de todos los ámbitos de responsabilidad, sean públicos o privados. Según el Barómetro Global 2010 de la Corrupción, análisis que engloba a 86 países, entre otras conclusiones se percibe que los niveles de corrupción han aumentado en los últimos 3 años y que empeora la opinión pública sobre los partidos políticos.
Otro documento de la misma organización, el Índice de Transparencia sobre las Comunidades Autónomas 2010, incluye cinco áreas de análisis: información, relaciones con los ciudadanos, contratación de servicios, ordenación del territorio y transparencia económico-financiera. La calificación media global es muy positiva, 71,5 sobre 100, pero la asignatura pendiente es la transparencia económico-financiera, donde la media no llega al aprobado (48,8).
El Tribunal de Cuentas de España (TCE) acaba de aprobar y hacer público su último Informe de fiscalización del sector público local.Entre las observaciones del TCE destaca que más del 30% de entidades no cumplen con la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, siendo este incumplimiento de mayor incidencia en municipios pequeños que en los mayor dimensión. Y observa, además, en las entidades que han rendido cuentas numerosos defectos, incidencias y omisiones.
Auspiciado por el comisario Barnier, en la CE se debaten cuestiones relativas a la auditoría: mercado e independencia del auditor. En el mismo bloque y justificado por la aparente reducción de las cargas administrativas de las empresas, la CE plantea la posibilidad de reducir las obligaciones de información y de auditoría de las pymes. Ello comportaría un retroceso en la fiabilidad de la información y de la transparencia en este sector. La auditoría constituyen uno de los instrumentos esenciales en el proceso de transparencia y de rendición de cuentas, tanto de la gestión pública como de la privada. El auditor, con su experiencia y profesionalidad, puede añadir fiabilidad a la información y mejorar transparencia en la gestión de los recursos.
El buen gobierno y la responsabilidad de rendir cuentas, también de exigirlas, el control independiente de su gestión, la no impunidad de las actuaciones irregulares, la denuncia de la opacidad, son elementos clave e imprescindibles para fortalecer la necesaria transparencia que genere confianza en los interlocutores sociales y asegure la legitimidad de las actuaciones de sus líderes.
16-VI-11, Daniel Faura , Presidente de Censors Jurats de Comptes, lavanguardia