´Las elecciones presidenciales argentinas de octubre de 2011 en el contexto latinoamericano´, Carlos Malamud

Las elecciones presidenciales argentinas de octubre de 2011 en el contexto latinoamericano (ARI)

 

 

Carlos Malamud
ARI 93/2011 - 19/05/2011
realinstitutoelcano

 

 

 

Tema: Las elecciones presidenciales a celebrarse en Argentina en octubre de 2011 permiten analizar algunas constantes también presentes en otros procesos políticos de América Latina.

Resumen: En octubre de 2011 se celebrarán elecciones presidenciales y legislativas en Argentina. También tendrán lugar algunos comicios provinciales para elegir a los respectivos gobernadores. A falta de más de cinco meses para que la ciudadanía sea convocada a las urnas, todavía pueden ocurrir numerosos acontecimientos que influyan de manera decisiva sobre el resultado final. Por eso hay numerosas incertidumbres presentes, comenzando por la propia identidad de los candidatos, una cuestión que influye al mismo tiempo sobre las encuestas que se están realizando. El análisis que aquí se haga se concentrará en los siguientes nueve puntos: (1) la crisis, o desaparición del sistema de partidos, acompañada de la fragmentación de la oposición; (2) la aplicación de la última ley electoral, con primarias obligatorias en agosto; (3) la reelección, en el marco de reforma constitucional que la habilita; (4) la posibilidad de segunda vuelta con criterios correctores que la desnaturalizan; (5) el peso de la “política matrimonial” y de la cuestión de “género”; (6) el impacto sobre la elección de una situación de bonanza económica e inflación; (7) el peso del deterioro institucional; (8) la importancia de la seguridad pública en la agenda política; y (9) la calidad de los liderazgos políticos y la corrupción.

Análisis: Las próximas elecciones presidenciales argentinas, cuya primera vuelta se celebrará el 23 de octubre de 2011, están marcadas por la incertidumbre en una serie de cuestiones, comenzando por la resolución definitiva de los candidatos que acudirán a la misma, una cuestión que impacta sobre el resto de los problemas, como el de la validez de las encuestas realizadas hasta la fecha. Se da la circunstancia de que estos comicios reúnen una serie de elementos que permiten analizar algunas tendencias observables en algunos, por no decir numerosos, países de América Latina. Entre éstos se pueden mencionar los siguientes: (1) la crisis, o desaparición del sistema de partidos, acompañada de la fragmentación de la oposición; (2) la aplicación de la última ley electoral, con primarias obligatorias en agosto; (3) la reelección, en el marco de reforma constitucional que la habilita; (4) la posibilidad de segunda vuelta con criterios correctores que la desnaturalizan; (5) el peso de la “política matrimonial” y de la cuestión de “género”; (6) el impacto sobre la elección de una situación de bonanza económica e inflación; (7) el peso del deterioro institucional; (8) la importancia de la seguridad pública en la agenda política; y (9) la calidad de los liderazgos políticos y la corrupción.

La crisis o desaparición del sistema de partidos y la fragmentación de la oposición
El sistema de partidos argentino nunca se caracterizó por su excesiva fortaleza. Tanto el radicalismo como, en mayor medida, el peronismo surgieron como movimientos políticos de amplio espectro, que intentan cubrir, desde la izquierda hasta la derecha, a vastos sectores políticos y sociales. Tras la aguda crisis política y económica de 2001 la situación de los partidos se agravó con el impacto negativo de la campaña del “que se vayan todos”. A esto hay que agregar que nunca Argentina contó, a diferencia de otros países latinoamericanos, con un partido de centro-derecha fuerte y estructurado. Tampoco con un partido socialista o comunista ampliamente representativo. En realidad, el sistema político argentino gira más en torno a partidos provinciales que confluyen coyunturalmente en torno a grandes alianzas que pueden cambiar de signo de una elección a otra o a liderazgos nacionales que responden a una identidad común (o al reparto del presupuesto federal).

Fue en el contexto posterior a la crisis de 2011 que se produjo la emergencia del kirchnerismo, facilitado por las dificultades del momento de encontrar líderes audaces. Sin embargo, el kirchnerismo, como movimiento, ha cobrado mucha más fuerza después de la muerte de Néstor Kirchner. De este modo, este movimiento emergente se presenta, al menos según algunos, como el nuevo perfil político, uno más, del peronismo. Según otros, se trata de la encarnación de un movimiento político superador del peronismo, dotado de profundos contenidos nacionalistas, antiimperialistas y revolucionarios, factores que lo hacen tan atractivo para la juventud y las masas populares.

Esta última interpretación es la que lleva a vincular al kirchnerismo con otros movimientos populistas presentes en la región. La presidente Cristina Fernández de Kirchner juega, de momento, con la ambigüedad de su identidad frente a esta disyuntiva en torno a la identidad del movimiento. Si bien cuenta con un sesgo populista muy definido, las características del “modelo” no terminan de definirse y, a ciencia cierta, no se sabe cuánto hay de ruptura y cuánto de continuidad con el peronismo tradicional. Si bien se dicen herederos del peronismo revolucionario de la década de 1970, impulsado básicamente por los Montoneros, no hay propuestas concretas, como por ejemplo la construcción de una sociedad socialista.

El principal objetivo de Cristina Fernández con esta ambigüedad muy calculada es su pretensión de aglutinar el mayor número de votos en los comicios del 23 de octubre, intentando evitar una segunda vuelta que presenta mayores riesgos e incertidumbres que la primera. Así se ven, por un lado, numerosos guiños a la izquierda, especialmente a la no peronista. Este es el caso de las “listas de adhesión” (antiguamente “colectoras”), como la que quiere impulsar Martín Sabbattella en la provincia de Buenos Aires frente al gobernador Daniel Scioli, el teórico candidato oficialista. De ahí la emisión constante de un mensaje “progresista”, especialmente en materia de derechos humanos, y de fuerte contenido antinorteamericano. Pese a ello, por el otro lado, se mantienen fuertes lazos con el viejo sistema clientelar peronista, especialmente en las provincias donde el kirchnerismo está más necesitado de votos.

Entre los casos más elocuentes de esta contradicción (mensaje progresista y prácticas conservadoras) destaca la alianza con el otrora tan denostado Carlos Menem, cuyo voto en el Senado fue decisivo en numerosas ocasiones, o en Catamarca con los ex gobernadores Vicente y Ramón Saadi (involucrados en el escándalo del crimen de María Soledad Morales), un apoyo abiertamente explicitado por la gobernadora electa Lucía Corpacci, candidata del oficialista Frente para la Victoria. El respaldo del líder sindical Hugo Moyano a la presidente es un caso distinto, que por un lado le garantiza un cierto respaldo sindical al gobierno, pero por el otro le puede suponer el rechazo de importantes sectores medios urbanos, especialmente en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, pero no sólo. Ante esta contradicción y ante los crecientes chantajes provenientes del núcleo más cercano a Moyano, la respuesta oficial tiende a marcar distancias aunque las servidumbres frente a un personaje que de alguna manera fue producto de la pareja presidencial (los Kirchner) limitan el efecto contundente de una condena frontal que podría llevar a la ruptura total con el sindicalismo de Moyano, algo impensable en el actual esquema de poder.

La oposición vive en la misma situación pero sin el cemento aglutinador que supone la gestión del presupuesto y el ejercicio del poder, elementos ambos que sirven para limar numerosas diferencias y solidificar alianzas de otro modo impensables. La oposición se encuentra frente a dos dilemas fundamentales, como son la identidad de los candidatos y la amplitud de las alianzas posibles. Si bien es verdad que en las últimas semanas el panorama se ha despejado un poco, con los abandonos de Carlos Reutemann, Julio Cobos, Ernesto Sanz, “Pino” Solanas y Mauricio Macri, hay algunos contendientes que siguen en carrera, como Ricardo Alfonsin, Lilita Carrió y Eduardo Duhalde, entre otros, en representación de distintas opciones políticas.

Las lecturas sobre la coyuntura política argentina son diversas y en función de ellas se plantean las distintas alianzas posibles para la oposición. Beatriz Sarlo, una prestigiosa intelectual de la izquierda no kirchnerista, decía recientemente que Argentina no estaba frente a una situación de emergencia (como una invasión exterior, por ejemplo) que justificara una amplia coalición política. De esta forma respaldaba una opción más “progresista” (alianza del radicalismo con el socialismo, especialmente representativo en Santa Fe, donde gobierna, a la que se podría sumar la Coalición Cívica de Lilita Carrió y hasta algunos sectores del peronismo no kirchnerista –peronismo federal o disidente–), pero no la “derecha neoliberal” de Macri. Frente a esta postura hay otros que subrayan el grave deterioro institucional que se vive en Argentina, y el peligro de un nuevo mandato kirchnerista, lo que haría necesario una amplia alianza para que las fuerzas democráticas recuperen el poder.

En Argentina, como en aquellos países de América Latina gobernados por presidentes caudillistas y populistas, la oposición se ha quedado no sólo sin una organización poderosa que la represente, sino también sin discurso. Es más, se puede decir que el control de la agenda y el peso del discurso están en manos del gobierno. Así, vemos como la agenda de las reivindicaciones sociales viene dictada por el gobierno y sus seguidores, y las políticas públicas ejecutadas sin que emerjan opciones alternativas. El discurso opositor suele ser más defensivo, conservador si se quiere, que propositivo. Y esto se puede ver en el parlamento argentino, donde la oposición fue incapaz de traducir su mayoría en diputados en propuestas claras que se impusieran al gobierno. De este modo, se encuentra a la oposición argentina sin respuestas efectivas frente al desafío kirchnerista de gobernar por un tercer mandato consecutivo. No sólo no están definidas las candidaturas, sino tampoco están claras las alianzas en torno a las cuales se pretende enfrentar la candidatura de Cristina Fernández.

La aplicación de la última ley electoral, con primarias obligatorias en agosto
En 2009, cuando Néstor Kirchner aún vivía y tenía un índice de rechazo cercano al 70%, el gobierno impulsó una reforma política que incluía, entre otras consideraciones, la celebración de elecciones primarias nacionales, simultáneas y obligatorias dos meses antes de la elección presidencial. La reforma estaba orientada básicamente a reforzar las expectativas del oficialismo en su proyecto de reelección.

Las primarias, a celebrarse el 14 de agosto, resultarán vitales para los partidos que quieran concurrir a los comicios, ya que la agrupación que no alcance por lo menos el 1,5% de los votos válidos emitidos no podrá postularse en las generales del 23 de octubre. Se trata de conseguir cerca de 300.000 votos, una cifra alcanzable para los partidos grandes (UCR) o medianos (la Coalición Cívica de Elisa Carrió y el Partido Obrero), o inclusive para la Unión Popular de Eduardo Duhalde, en el caso de que finalmente opte a la reelección. Sin embargo, el panorama se presenta más complicado para los partidos pequeños.

El mismo listón del 1,5% de los votos útiles rige para las elecciones parlamentarias, pero a obtener en cada provincia. Esto complica las cosas para los partidos pequeños y medianos, que no están implantados en todos los distritos. Es más, al no concurrir a la elección presidencial con una lista de diputados, los candidatos nacionales pueden perder votos y, sobre todo, apoyos locales (tanto para la difusión de las candidaturas como para la fiscalización de la elección en octubre). El reto es también importante para las “listas de adhesión” que no podrán ir en agosto en compañía de las que quieran acompañar en octubre.

La reforma también afectó a la publicidad electoral, que se verá sensiblemente alterada. Los cambios introducidos suponen una gran ventaja para el gobierno, que prácticamente no tiene límites para difundir su labor (hasta 15 días antes de los comicios), mientras que los partidos políticos encontrarán mayores inconvenientes para difundir su ideario. Los partidos sólo podrán lanzar su publicidad electoral los 23 días previos a elecciones las generales y los 20 días anteriores a las primarias.

La reelección
La reforma constitucional impulsada por Carlos Menem en 1994 inauguró en América Latina la “moda” de las reformas ad hominem para garantizar la reelección. Es verdad que en el caso argentino esto ocurrió mucho antes de la llegada de los Kirchner, pero fue el factor que hizo posible la reelección consecutiva en el país. La Constitución de 1853/60 permitía la reelección en períodos alternos, y la reforma de 1949 impulsada por Perón introdujo la reelección consecutiva. Tras la “Revolución Libertadora” que lo derrocó en 1955 se volvió al sistema anterior.

Con el ánimo de evitar un efecto inmediato del “síndrome del pato cojo (o rengo)”, Néstor Kirchner planteó al fin de su primer mandato la alternancia con su mujer, algo que hubiera podido ocurrir este año nuevamente (aunque en sentido inverso), pero que su muerte impidió corroborar. Como se señaló más arriba, la reforma electoral de 2009 se diseñó para reforzar las posibilidades de la pareja presidencial. De todas formas, hasta la fecha no está claramente decidido si Cristina Kirchner se presenta a la reelección pero todo parece indicar que así será, dadas las múltiples presiones de sus seguidores más directos y la falta de alternativa dentro del propio kirchnerismo. Ante la dispersión de los candidatos opositores es la presidente la que encabeza todas las encuestas y en algunas de ellas ya se habla de que obtendría el número de votos suficientes como para evitar la segunda vuelta.

La segunda vuelta
A diferencia del sistema clásico de segunda vuelta, que sólo declara vencedor en la primera al candidato que obtiene más del 50% de los votos, en Argentina la segunda vuelta se puede evitar si un candidato obtiene más del 45% de los votos o más de 10 puntos porcentuales de diferencia con el segundo si obtuvo entre el 40% y el 45% de los votos. Nicaragua tiene unas reglas todavía mucho más permisivas, producto de la convergencia de intereses entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, que fijan un mínimo del 40% para ser declarado triunfador, o tener más del 35% con cinco puntos porcentuales de diferencia.

Es obvio que este sistema desnaturaliza el significado de la segunda vuelta, especialmente en el aspecto de dotar de mayor legitimidad a gobiernos electos por amplias mayorías nacionales. La situación en Argentina, al menos según las últimas encuestas, no está clara. Algunas le dan a la presidente más del 45% de los votos, con lo cual evitaría una segunda vuelta algo más complicada. El problema, en este punto, es que al no saber cuántas listas opositoras habrá, ni cuáles serán, la predicción de los escenarios posibles es más complicada. De todos modos, tal como está la oposición, hoy en día la reelección de Cristina Fernández de Kirchner es bastante probable.

Política matrimonial y género
Los Kirchner plantearon en su momento la sucesión presidencial como una mera cuestión de “bienes gananciales”. La decisión de que fuera Cristina Fernández la que sucediera a Néstor Kirchner la tomó el entonces presidente, sin convocar a ninguna convención partidaria. La figura del “gran elector”, del “tapado” o la del “dedazo” de las épocas del PRI emergía nuevamente. Últimamente se ha visto en diversos países latinoamericanos un protagonismo político de los cónyuges presidenciales más allá de lo recomendable. Los ejemplos más claros son Argentina, Guatemala y Nicaragua, pero no son los únicos.

En la actualidad, cerrada la vía de un traspaso horizontal dentro del matrimonio gobernante en Argentina (a diferencia del divorcio por amor a la patria ocurrido en Guatemala), la decisión de si Cristina Fernández se presenta a la reelección es sólo de ella. Y en el caso de que decidiera no hacerlo, sería ella la que propondría a su sucesor, aunque en este terreno el papel de Daniel Scioli todavía es confuso. Por un lado, Scioli es de todos los líderes políticos próximos al oficialismo el que mejor imagen tiene y el mejor colocado en las encuestas, pero, por el otro, no cuenta con el respaldo de los sectores más “progresistas” del kirchnerismo, comenzando por el movimiento de Máximo Kirchner, La Cámpora.

Es verdad que están previstas elecciones primarias, a las que también se debe enfrentar el oficialismo, pero el calendario previsto y los tiempos manejados por la presidente para hacer pública su decisión impiden el surgimiento de candidatos alternativos dentro del peronismo oficial, salvo que deseen enfrentarse a la presidente, algo que no está en el ánimo de nadie. Un eventual triunfo de Cristina Kirchner mantendría el número de mujeres a cargo de la presidencia en América Latina, junto a Dilma Roussef en Brasil y Laura Chinchilla en Costa Rica. Cabe la posibilidad de un triunfo de Sandra Torres, en Guatemala, pero de momento eso está más verde.

El impacto de la bonanza económica
Tras el breve bache de la crisis económica, América Latina ha vuelto a crecer. Argentina no es una excepción y las tasas alcanzadas en los dos últimos años y la prevista para éste (casi un 7% según Goldman Sachs) así lo atestiguan. En este punto se trata de ver cómo la situación económica favorece o no al gobierno que defiende la reelección. Pese a algunos problemas como la inflación (estimaciones extraoficiales la sitúan entre el 25% y el 30% en 2011 frente a unas cifras oficiales maquilladas que hablan de un 10% a un 11%), todo indica que el principal beneficiado por el crecimiento económico, y la fiebre consumista que se vive en el país, será el gobierno. Los resultados peruanos, con la peculiaridad de que no había un candidato oficialista que defendiera “el modelo”, señalan que no siempre el electorado vota con criterios únicamente económicos.

Peso del deterioro institucional
Al igual que otros países latinoamericanos, en Argentina hay una cierta percepción, más o menos fuerte según los distintos sectores concernidos, de un importante deterioro institucional. Esto se observa en relación con el funcionamiento de la justicia y el parlamento y, en mayor medida en relación a la prensa. La cuestión de fondo es cuánto afecta todo esto el desarrollo normal de las elecciones.

En lo que respecta concretamente al panorama electoral, la ley que establecía el sistema de elecciones primarias no fue regulada en tiempo y forma por el gobierno nacional, el responsable de hacerlo. En este sentido, uno de los puntos más conflictivos es el de las llamadas listas de “adhesión” o “colectoras”, que permiten presentar distintos candidatos menores pero el mismo candidato superior (por ejemplo, dos o más candidatos a la gobernación de una provincia que lleven el mismo candidato presidencial). Teóricamente el gobierno se había decidido a eliminarlas, pero recientemente la presidente Fernández decidió reimplantarlas para garantizarse parte del voto progresista de la provincia de Buenos Aires. Otra cuestión importante, que está generando algo de debate, es el de la publicidad oficial.

Importancia de la seguridad pública en la agenda política
La sociedad argentina se encuentra muy preocupada por la violencia y la inseguridad ciudadana, como muestran diversas encuestas de opinión. Según el “Índice de victimización” de la Universidad Di Tella, de agosto de 2010, el 33,6% de los hogares entrevistados en 40 centros urbanos del país declaró ser víctima de al menos un delito en los últimos 12 meses. Los recientes sucesos de Villa Soldati (invasión de un predio público en la Ciudad de Buenos Aires para ocupar las tierras por parte de pobladores de otras villas miseria), con su secuela de muertos y heridos ha puesto de manifiesto la importancia del problema. Aquí también, como en otros temas importantes de la agenda política, la cuestión de fondo es su impacto en el desarrollo electoral.

Conclusiones: Es evidente que estos temas no agotan la discusión. Sólo se han presentado de un modo algo desordenado para ilustrar los problemas a que se enfrenta la sociedad argentina frente a las próximas elecciones. Hay otras cuestiones importantes como el papel de los medios (medios controlados por el Estado versus los medios privados, especialmente Clarín y La Nación) y la distribución de la publicidad pública.

De todas formas, la percepción dominante en estos momentos es la del triunfo oficialista, a tal punto que algunos candidatos han decidido bajarse de la contienda para esperar tiempos mejores (la elección de 2015, cuando Cristina Fernández de Kirchner no pueda volver a presentarse). La creencia generalizada de que a partir de 2012 comienzan graves dificultades para la economía argentina y que un plan de ajuste duro será necesario también incide en la actitud de muchos políticos de “desensillar hasta que aclare”.

La idea de la inevitabilidad del triunfo kirchnerista intenta reforzarse a partir del resultado de las tres elecciones provinciales celebradas hasta la fecha. Sin embargo, y si bien la idea instalada en la opinión pública es la de los éxitos presidenciales, reforzadas por la reconstrucción de la imagen de la presidente a partir de su viudedad, los comicios provinciales mencionados, tanto por el volumen de votantes implicados como por la dimensión de los resultados, es poco concluyente. Por tanto, si hay una característica que hasta el día de hoy domina la próxima elección presidencial en Argentina es el de la incertidumbre.

Carlos Malamud
Investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano