En el transcurso de la presente década las operaciones de concentración en el sector de la energía han suscitado reacciones de proteccionismo y de nacionalismo económico en España. Esto sólo ha sucedido cuando el objeto de la compra era una empresa española, pero no cuando han sido las empresas españolas las que han salido de compras por el exterior, en el sector de la energía, o en otros, como las infraestructuras de transporte y las telecomunicaciones. El cuadro es algo paradójico, pues la empresas españolas han comprado fuera bastante más de lo que empresas extranjeras han comprado aquí, por lo que el saldo global neto sitúa a España como país comprador.
Es muy probable que la acentuación de las tendencias proteccionistas y nacionalistas tenga su base en la coexistencia de dos políticas contradictorias: una política de privatización a la británica (es decir, una salida total temprana y rápida del Estado del accionariado de grandes empresas con gran poder de mercado) y una política industrial a la francesa (esto es, una política propensa al cultivo de los "campeones nacionales").
El nacionalismo económico en España está basado en la creencia de que el gobierno puede intervenir en algunos mercados a través de empresas privadas con poder de mercado, aunque la experiencia histórica española revela que, mucho más a menudo, son las empresas privadas con poder de mercado las que intervienen en los mercados a través del gobierno. La insistencia en mantener la españolidad de empresas privadas consideradas estratégicas se basa en la creencia de que éstas serán mucho más receptivas a las demandas del gobierno español, aunque ello limite su capacidad para ganar dinero (al fin y al cabo, si los esfuerzos requeridos no limitaran la capacidad de ganar dinero no se ve por qué debería negarse empresa alguna, nacional o extranjera). Esta preferencia se esgrime sobre todo si los potenciales compradores son empresas extranjeras sujetas a control público.
Por ponerlo de otra forma, se cree que la empresa privada del país A será mucho más sensible a los requerimientos del país A que la empresa pública del país B, que será mucho más sensible a los requerimientos del país B. Por ello, se prefiere que, en caso de venta a empresa exterior, sea una empresa privada del país C la que efectúe la compra. Claro que si es cierta la premisa de que una empresa privada española será más sensible a los deseos del gobierno español, de ello se sigue que la empresa privada del país C será mucho más sensible a los deseos del gobierno del país C. Lo contrario sería presumir que sólo es cierto en el caso de España que el gobierno pueda lograr "favores" de las empresas privadas nacionales.
Enredados en este bucle, en algunos sectores se han producido cambios permanentes en la regulación e intervenciones discrecionales en diferentes episodios de intentos de concentración, con el fin de evitar concentraciones que no eran deseadas por el gobierno del momento. La contradicción entre una política de privatización a la británica y una política industrial a la francesa ha fomentado una inconsistencia persistente entre las proclamas liberalizadoras de los sucesivos gobiernos y los hechos intervencionistas cuando algún campeón nacional ha sido amenazado de compra por empresas exteriores. Tal inconsistencia ha producido inestabilidad regulatoria e incertidumbre sobre las reglas de operación de los sectores afectados. Esto no es deseable, y debería suscitar una reflexión sobre la necesidad de políticas más consistentes de intervención sobre los mercados.
lavanguardia, 19-VII-07.