No atinamos del todo cuando asociamos el problema de la corrupción únicamente con la política y la llamada clase política. De hecho, casi todos incidimos de algún modo en esta lacra que campa a sus anchas por todo el territorio español y erosiona nuestro sistema político, económico y social.
Si bien es verdad que son relativamente pocas las personas u organizaciones que, de forma sistemática, forman parte del entramado de la corrupción, también cabe reconocer que son algunas más las que indirectamente tienen relación con ella y se benefician de ella. Si realmente queremos erradicar la corrupción, nuestro gran reto como sociedad está en esa mayoría de la población que hasta el momento no se ha distinguido por su determinación para combatirla.
Así ha quedado demostrado en las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo en las que los candidatos con causas judiciales abiertas por corrupción, y las listas electorales por las que se han presentado, no se han visto penalizados en las urnas. Los analistas políticos ya nos habían avisado de que la corrupción no pasa factura electoralmente. Con todo, no deja de ser una muy mala noticia que lo hayamos comprobado de nuevo, esta vez en unas elecciones locales en las que los ciudadanos podemos tener un conocimiento más cercano del bagaje personal de cada candidato.
No estoy afirmando que a los ciudadanos no nos preocupe la corrupción. La rechazamos y nos quejamos de ella, pero no es un factor importante para decidir nuestro voto. Los partidos tendrían que percibir que un número creciente de ciudadanos, independientemente del partido al que votemos, estamos dispuestos a excluir de nuestras opciones cualquier lista electoral en la que haya candidatos imputados por la justicia. Esta actitud representaría un paso importante para cambiar la situación.
A los directivos de nuestras empresas les corresponde otro paso fundamental. Según un reciente estudio de la consultora Ernst and Young, un 90% de los ejecutivos españoles está de acuerdo en que los sobornos y las prácticas corruptas son justificables para ganar un contrato o negocio. En el conjunto de Europa el porcentaje es inferior - 50%-, aunque la cifra no ha disminuido desde que se realizó la encuesta anterior, hace dos años. La situación de crisis económica, y la encarnizada competición que genera, no ayuda a que las empresas hagan avances en este ámbito.
Esta actitud de tolerancia hacia prácticas corruptas como los sobornos en forma de aportaciones en efectivo, regalos o servicios personales para conquistar a los clientes y de esta forma alcanzar los objetivos empresariales no es un rasgo exclusivo de los altos cargos. Según el mencionado estudio, un 82% de los empleados españoles justifica este tipo de actuaciones no éticas, siendo en este caso un 62% el resultado a nivel europeo.
Cualquier empresa que quiera ser socialmente responsable ha de tener una política anticorrupción, darla a conocer de forma clara a sus empleados y actuar con contundencia con aquellos que no la cumplan. Algunas empresas, aún muy pocas, comunican en sus memorias de RSE (responsabilidad social de le empresa) los despidos realizados por prácticas de corrupción. Es un primer síntoma, alentador aunque sea minoritario, de que empiezan a tomar en serio esta cuestión y de que las cosas pueden cambiar.
10-VII-11, Ignasi Carreras, Director del Instituto de Innovación Social de Esade, lavanguardia