El Gobierno y el PP no creen tener espacio para pactos sobre justicia en lo que queda de legislatura. Aparte de renovar el Tribunal Constitucional,el Ejecutivo quería cambiar la ley para agilizar el proceso penal y potenciar a los fiscales.El PP, sin embargo, se opone con el argumento de que la Fiscalía no tiene la misma independencia que los jueces. En paralelo, el lento desarrollo de la nueva oficina judicial hace muy difícil que pueda lograrse el proclamado objetivo de erradicar el papel de los juzgados en un plazo de cinco años. El problema más grave de la justicia española es el elevado número de asuntos penales que se tramitan al año, alrededor de los 6 millones.
Las grandes reformas de la justicia, uno de los objetivos teóricos de la actual legislatura, van a seguir a la espera de mejor oportunidad. La falta de recursos económicos, el clima de fin de etapa y la debilidad objetiva del actual Gobierno para impulsar cambios de fondo en cuestiones estructurales alejan ahora toda perspectiva de acuerdo para la modernización del aparato judicial.
La división entre los partidos se traslada en estas circunstancias al propio ámbito de la magistratura y las asociaciones judiciales. La puesta en marcha de la nueva oficina judicial ha generado balances contradictorios, y en lo único que hay acuerdo es en que el funcionamiento de la justicia seguirá atrancado, porque no se han creado este año los órganos precisos para agilizarla.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo ha denunciado, a sabiendas de que ni el Gobierno ni las comunidades autónomas con los medios materiales de la administración de justicia ya transferidos están en condiciones de atender sus demandas. A ello se añade que las relaciones institucionales entre dicho Consejo, el Gobierno y la Fiscalía no atraviesan su mejor momento.
Así, no es sólo la renovación del Tribunal Constitucional (TC) lo que amenaza con quedar sobre la mesa. También deberán esperar las grandes reformas anunciadas para desbloquear la justicia penal, a la que corresponde el mayor número de asuntos, seis de los nueve millones de pleitos que se tramitan al año en España.
La pieza clave para este ansiado cambio debía ser una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que facilitara la agilización de los procesos penales. El proyecto está ultimado, pero no ha sido llevado aún a debate en el Consejo de Ministros. El Gobierno es plenamente consciente de que se trata de una iniciativa demasiado ambiciosa como para ser lanzada al final de una legislatura.
El proyecto del Gobierno prevé un nuevo reparto de funciones entre los jueces y los fiscales, para que sean estos los que investiguen e instruyan los sumarios. El texto supone, por tanto, un vuelco radical del modelo de justicia penal que se aplica de manera permanente en España desde hace más de un siglo. En el esquema vigente, es el juez el que investiga los hechos que luego serán sometidos a juicio. No obstante, la Fiscalía ha tenido también un protagonismo creciente en la fase de instrucción en los últimos años, sobre todo en cuanto se refiere a la persecución de los delitos relacionados con la corrupción. Como instancia especializada, la Fiscalía Anticorrupción ha impulsado los sumarios de mayor complejidad y trascendencia en este ámbito, desde el relativo al caso Gürtel hasta el más reciente sobre la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).
Mientras el Gobierno pretende consolidar y ampliar el papel instructor de los fiscales, el PP no quiere ni oír hablar de un cambio de este tipo, con el argumento de que en nuestro sistema no hay garantías de independencia de la Fiscalía. El PSOE, a su vez, es consciente de que un proyecto de este alcance requiere un impulso político ahora inalcanzable. Pero ha decidido darlo a conocer en píldoras porque cree que esta materia se podrá negociar a medio plazo. Para el PSOE, el modelo penal hace aguas por todas partes y el PP será el primero que se encuentre ante la urgencia de reformarlo si, como reflejan todas las encuestas, se hace con las riendas del poder tras las próximas elecciones generales.
La cúpula judicial, a su vez, lamenta el nuevo compás de espera que ha abierto el periodo preelectoral, e insiste en que la organización de la justicia no levanta cabeza. El presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Dívar, se quejó recientemente ante el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, de que este año no se han creado las 200 plazas de jueces comprometidas. El pleno del Consejo, a su vez, ha cifrado en 500 el número de nuevos juzgados que serían necesarios para que la justicia pudiera digerir la carga de trabajo que soporta.
17-VII-11, J.M. Brunet, lavanguardia
