Siempre había creído que el sufragio activo y pasivo era un derecho inalienable de todos los ciudadanos en un sistema democrático. Nunca pensé que el infame corporativismo de la casta política española, ese establishment impenetrable que se caracteriza por su descarado parasitismo del dinero público, pudiera alcanzar un nivel tan escandaloso como para impedir directa y abiertamente la concurrencia de nuevos partidos. Pues lo ha hecho.
El PP, el PSOE, el PNV y CiU acordaron hace unos meses una confusa reforma del artículo 169.3 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Conforme se va arrojando luz sobre las intenciones de esa reforma, queda patente que el objetivo es hacer inviable, de facto, la presentación de partidos y coaliciones reales, existentes, pero pequeñas o carentes de grandes apoyos económicos. El partido que tengo el honor de presidir, el P-Lib, ha centrado durante estos meses su atención en el objetivo de clarificar el alcance de este severo recorte de nuestros derechos constitucionales. Para ello, el P-Lib se dirigió a la autoridad electoral máxima, la Junta Electoral Central (JEC), pidiendo un conjunto de aclaraciones concretas que son de la mayor importancia para cualquier partido nuevo que desee concurrir a las próximas elecciones a Cortes Generales. Pero la JEC se limitó a acordar a regañadientes la elaboración de una guía de instrucciones, dándose para ello un plazo muy generoso, que ambiguamente se concretaba en la expresión “en septiembre”. Habida cuenta de la inminencia de un proceso electoral, de su posible adelanto y de la confusión generalizada ante una norma nueva que deshace el procedimiento habitual de presentación de candidaturas, vigente durante treinta y cinco años, la respuesta de la JEC resulta claramente insatisfactoria e induce a pensar que la casta política (que en último extremo influye en la composición de este tipo de órganos) está decidida a imponer la interpretación más dura posible de esta infame norma.
Si la JEC opta por esa interpretación severa, obligará a todo partido nuevo a presentar cerca de cuarenta mil avales ciudadanos a sus listas en toda España, avales que además no habrá podido recabar de antemano, ya que deberán cotejarse por fedatario público –se supone que presencialmente–, sólo en los veinte días posteriores a la convocatoria de elecciones por el Consejo de Ministros. Por si fuera poco, los ciudadanos que acudan a avalar una candidatura no podrán dar su apoyo a la presentación de ninguna otra, y firmarán que apoyan políticamente a la candidatura en cuestión. Es decir, no se apoya el derecho de tal partido a presentarse, sino que se revela anticipadamente el voto, en lo que a mi juicio implica una merma del derecho constitucional a mantener en secreto las convicciones políticas propias. Para conseguir que tu partido (pequeño, minoritario o nuevo) se presente, se te obliga a declarar ante notario tus ideas. Pero además, esta exigencia no afecta a los partidos que ya tienen representación (no queda claro si por la misma circunscripción o por cualquier otra). Es decir, se conculca de forma abierta y directa el derecho constitucional a la igualdad en el ejercicio del sufragio pasivo, pues los candidatos de PP, PSOE, CiU o PNV, por citar a los partidos que han cometido este atropello, no tienen que recabar este apoyo popular previo, y los del P-Lib o cualquier otro partido sin representación, sí. Además, si se supone que las campañas electorales sirven para dar a conocer el programa de los partidos, ¿cómo puede considerarse legítima la exigencia de revelar el apoyo a una candidatura nueva y por lo tanto desconocida antes de que se realice esa campaña?
El establishment temía con razón que la extraordinaria desafección social frente a los políticos le pasara factura en las Generales. El movimiento No Les Votes recabó más de un millón de firmas en las semanas en que se decidía esta reforma, mientras era evidente que se estaba fraguando el futuro movimiento 15-M, y mientras desde el P-Lib y desde las más diversas posiciones del arco ideológico se cuestionaba duramente la partitocracia española. Mientras los casos de corrupción desgastaban a los grandes partidos, y cuando el CIS alertaba sobre el hecho insólito de que nuestra sociedad considerase a los políticos en general como uno de los más graves problemas del momento, la casta decidió atrincherarse y barrer de un plumazo cuatro décadas de pluralismo político, no fueran a organizarse los críticos para irrumpir en el parlamento y descabalar su juego de mayorías y minorías. El PPSOE, el régimen de partido único bicéfalo que nos manda desde 1982, escenificando desencuentros y diferencias de estilo y de look que son puro teatro, no estaba dispuesto a permitir luz, taquígrafos y ventilación en el hemiciclo. Y lo único que podía hacerle daño era la aparición de diputados nuevos y desconocidos, pertenecientes a formaciones carentes de los resabios y los intereses cruzados de la casta.
El pluralismo político murió en España en el primer semestre de 2011, dando al traste con la incipiente tradición democrática que se había iniciado tras la muerte del dictador. El PP, el PSOE, CiU y el PNV son los culpables últimos de este golpe durísimo a nuestra democracia, quizá el más grave desde el 23-F.
Si nos echan de la política, ¿qué haremos? Si quienes aún creíamos que el sistema era reformable desde dentro no vamos a tener ni la menor oportunidad de participar en el juego, ¿cómo expresaremos nuestra voz y nuestra alternativa? Si la casta se aferra a sus sillones y a nuestros bolsillos, sedienta del producto de nuestro esfuerzo cotidiano, ¿cómo nos sacudiremos tan formidable sanguijuela, cuando los cauces democráticos nos han sido vetados? La legitimidad moral del régimen se desmorona ante los ojos atónitos, no ya de los extremistas, sino incluso de ciudadanos cuya opción política es el liberalismo.
Pero el título de esta reflexión sólo es un reto al intelecto porque no nos van a echar de la política, no van a poder, no les vamos a dejar. Vamos a agotar todas las vías posibles para jugar con sus normas injustas, antijurídicas y liberticidas. Si no lo conseguimos, quedará patente que son ellos quienes nos impiden actuar en política, con exigencias que causarían carcajadas de no ser por la extrema gravedad del autogolpe perpetrado por la casta política española. Acudiremos a todas las instancias nacionales, europeas e internacionales para reclamar la restauración del pluralismo político en España. Deberemos, quizá, mentalizarnos de que este importante cambio de escenario, esta fuerte involución democrática de nuestro país, nos sitúa en una posición antisistema, aunque por supuesto pacífica. Son ellos quienes nos expulsan, nuestra vocación era y es la de participar. Son ellos quienes no quieren permitir que nadie pueda reclamar documentos y sacarles los colores con el altavoz mediático de la tribuna del Congreso. Pero la política se hace de muchas maneras, desde las instituciones y desde fuera. Los liberales libertarios españoles, reunidos en el P-Lib, llevamos dos años haciendo política cada día sin haber pisado el Congreso ni el Senado. Somos un movimiento social imparable, que crece en Internet y en la calle, que concita ya las voluntades de cerca de veinte mil personas, que dice las verdades del barquero y une, a lo largo y ancho de nuestra geografía, a los políticos de mañana o de pasado mañana, aquellos que habrán de limpiar toda la basura de esta casta endogámica que acaba de dar una vuelta de tuerca más a la represión de nuestra libertad.
Desde el convencimiento de que las cosas pueden y van a cambiar aunque no sea mañana, llamo a todos los liberales y libertarios a sumarse, ahora con mayor motivo que nunca, al proyecto político del P-Lib. Y pido a todos los partidos minoritarios democráticos que coordinen con el P-Lib sus esfuerzos para plantar cara a este incalificable liberticidio que a todos nos agrede. Por la democracia y el pluralismo, es el momento de actuar con generosidad y altura de miras.
Información detallada: http://www.p-lib.es/veto-electoral
Hashtag en Twitter: #VetoElectoral
21-VII-11, juanpina.com