el Senado, reserva parasitaria de la partitocracia (III)
- por la eliminación del Senado
¿Adónde va un presidente que pierde las elecciones? ¿Y un alcalde que decide no volver a presentarse en su municipio? ¿Y el consejero de un gobierno autonómico que deja el cargo?. La respuesta es abierta, pero hay un destino que se repite: el Senado, el Valle de los Caídos,según la broma que circula ahora en los corrillos políticos y periodísticos, ante el último movimiento de barones territoriales en sus bancos; llegan los que perdieron las elecciones autonómicas del 22 de mayo - los socialistas Francesc Antich en Baleares, José María Barreda en Castilla-La Mancha, Tomás Gómez en Madrid, Óscar López en Castilla y León o Javier Fernández en Asturias-,que se han visto compensados con un escaño de senador, mientras que los que las ganaron - los populares Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha o José Antonio Monago en Extremadura-dejan la Cámara Alta por la presidencia del gobierno autónomo. El movimiento es de ida y vuelta. Después de cuatro legislaturas como alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote se retira y el PP lo envía al Senado, donde ya estuvo en los 90. Y también será senador el secretario de organización del PSOE, Marcelino Iglesias, que deja la política autonómica después de doce años como presidente de Aragón.
El Senado es el comodín perfecto para que los partidos recoloquen sus piezas en el tablero institucional, aprovechando la renovación parcial de esta Cámara que se produce después de unas elecciones autonómicas. Los 17 parlamentos regionales eligen en total a 56 senadores, a razón de uno por autonomía y otro más por cada millón de habitantes de su territorio. Tras el 22-M entraron en juego 33 escaños, que han designado las trece autonomías que han celebrado elecciones. Catalunya, Andalucía, Galicia y el País Vasco renovaron los otros 23 senadores cuando celebraron las elecciones a sus respectivos parlamentos.
Estos 56 senadores de designación autonómica suponen un 20 por ciento de los 264 senadores de la Cámara Alta - los restantes 208 se renuevan cuando hay elecciones generales, mediante las candidaturas al Senado-.Sin embargo, dan para mucho: para jubilar con dignidad a dirigentes históricos, para promocionar a líderes territoriales que preparan su asalto a una presidencia autonómica o para altos cargos que cambian de una administración a otra, que pasan del partido al gobierno o que se ven descabalgados y deben esperar a que lleguen tiempos mejores. Para ellos, la Cámara Alta es el refugio temporal perfecto. Ahí está Gerardo Camps, que después de ser vicepresidente económico en el anterior Gobierno valenciano se quedó fuera del actual, y desde junio es senador por las Cortes valencianas; pero sólo por unos meses, ya que la previsión es que vaya en una lista del PP al Congreso. La ministra Leire Pajín también será candidata en las generales, pero renuncia a ser senadora: para unos meses que le quedan en la Cámara Alta se ahorra el mal trago de hace dos años, cuando el PP boicoteó su designación como senadora en las Corts valencianas y la retrasó varios meses, después de amenazarla con hacerle pasar un examen.
Los partidos ponen y quitan senadores según les conviene. Marcelino Iglesias acaba de heredar el puesto de senador por Aragón que la legislatura pasada el PSOE cedió al PAR, entonces su socio en el Gobierno autonómico. Y entre los senadores, hay también mucho pluriempleado:es habitual que los cuadros territoriales de los partidos compatibilicen su labor de oposición en la cámara autonómica con un escaño en el Senado, que les da proyección en la región y a la vez presencia en Madrid. Lo hacen todos los que pueden, y los que más pueden son PP y PSOE, aunque luego se echan en cara mutuamente que los dirigentes autonómicos no tengan plena dedicación al territorio. Con este argumento rechaza ir al Senado el socialista Guillermo Fernández Vara, que tras perder la presidencia de la Junta de Extremadura quiere dedicarse "en exclusiva" a la región.
31-VII-11, S. Hinojosa, lavanguardia
