Zahra Ali Cheik tiene 27 años, es originaria de Yibuti y, por fin, una mujer “completa”, como dice ella misma con una voz dulce que contrasta con su total ausencia de pelos en la lengua: la fuerza y la libertad con la que narra su experiencia incitan a querer conocer más sobre esta joven que durante años sufrió el rechazo de compañeros de clase y familiares:
“Sabía que era diferente porque lo veía en los ojos de los demás. Ser una chica no mutilada en un entorno en el que se practica implica ser señalada con el dedo, y mi abuela solía decirme que mientras tuviera eso colgando entre mis piernas, estaría sucia”, afirma Zahra, que desde 2006 trabaja para el Grupo de Hombres y Mujeres para la Abolición de la Mutilación Genital Femenina (GAMS-Bélgica).
Con dieciséis años le practicaron la infibulación (escisión total o parcial de los genitales externos y la sutura de la apertura vaginal, dejando un leve espacio para la orina y la menstruación), un castigo violento, traumático y doloroso, por “haber sido impura”.
Pero mereció la pena con tal de ser aceptada por la sociedad, por su abuela, y por convertirse en una chica normal, al igual que sus compañeras de clase, sus hermanas y sus primas. Hasta que desembarcó en Bélgica, con 24 años y una tuberculosis que le llevó al hospital. Allí, de la noche a la mañana, y ante la pregunta de una enfermera que sospechaba del comportamiento de su paciente (fuertes vómitos por dolores de menstruación y largos ratos en el lavabo), se convirtió en alguien distinta a quien era antes y, de nuevo, extraña, ante los ojos que la miraban: esta vez, en una mujer mutilada.
El caso de esta joven es similar al de centenares de mujeres en la Unión Europea, donde, fruto de la migración hacia el viejo continente, viven aproximadamente 500 000 víctimas de la Mutilación Genital Femenina (MGF) y alrededor de 180 000 mujeres y niñas corren el riego de sufrirlo cada año. Muchas de ellas nos eran conscientes de que fueron víctimas de la MGF ni de la incidencia de esta en sus males físicos o psicológicos hasta que llegaron a Europa y se convirtieron en “mujeres mutiladas”, tal y como apunta Zahra.
Existen innumerables programas en el terreno promovidos por organismos públicos y ONGs, como las campañas de información y prevención impulsadas por la plataforma “Lucha contra la Mutilación Genital Femenina”, de la que forma parte la Junta de Andalucía, en Malí o Burkina Faso. Sin embargo, las víctimas suelen ser olvidadas de puertas para adentro: muchas de las que llegan a Europa no obtienen la asistencia psicológica pertinente cuando descubren que han sido mutiladas; otras, demandantes de asilo, corren el riesgo de no se protegidas; y otras, ya embarazadas, no reciben la atención médica que necesitan para dar a luz fuera de peligro.
La MGF concierne cada vez más a la Unión Europea y, a pesar de que esta haya expresado su preocupación, sigue sin poner sobre la mesa verdaderas medidas dentro de su territorio. Así lo denuncia Amnistía Internacional que, con la campaña “Terminar con la MGF” lanzada en 2009, pretende “apoyar a las ONGs que ya están trabajando en ello y hacer presión para que se legisle a nivel europeo”, según afirma Prerna Humpal, responsable de comunicación de la Campaña en Bruselas.
MGF, recolecta de datos y asilo en Europa
Alrededor del 35% de las demandas de asilo que se tramitan en la UE son depositadas por mujeres, aunque se desconoce el número de candidaturas que corresponden a la MGF. Precisamente, una de las principales quejas de Amnistía es la ausencia de datos referentes al número de personas que lo solicitan o lo obtienen.
Así lo acusa también el Lobby Europeo de Mujeres (LEF, por sus siglas en inglés), cuando advierte que ante la ausencia de datos se bloquean las posibilidades de detectar necesidades específicas, como podría ser la contratación de personal especializado en los centros de asilo. “Para que una mujer hable abiertamente necesita un seguimiento adecuado y a largo plazo, por el propio trauma que supuso su experiencia. Pero en muchas ocasiones no es así y encuentran dificultades para expresar con claridad el motivo de su demanda, poniendo en peligro la obtención del asilo”, denuncia Amandine Bach, responsable de políticas de migración, asilo y discriminación de LEF, en Bruselas.
Amnistía señala además que, a pesar de que las mutilaciones deberían constituir motivo suficiente para obtener el asilo, no todos los países de la UE lo han introducido en sus legislaciones. Aunque existen algunas excepciones. En 2006, por ejemplo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se hacía eco del caso de Esther, una joven de 18 años procedente de Sierra Leona, a la que el Reino Unido concedía el asilo ante el temor de ser víctima de MGF.
Aissatou Diallo, es otro ejemplo. Rostro y voz de la campaña de Amnistía, esta mujer, cuya discreción roza la timidez, es esa madre coraje capaz de empequeñecer a cualquiera cuando habla de sus hijas y narra su periplo desde Guinea Conakry hasta Bélgica, en 2007.
Traumatizada por la mutilación que padeció a los catorce años y, posteriormente, testigo de cómo una niña de doce fallecía desangrada a causa de esta práctica, quedó marcada de por vida y dar a luz a niñas supuso para ella, a la vez, un sueño y una pesadilla: “Cuando me vi con dos niñas pensé que no sabría como luchar por su bienestar. A veces me despertaba en mitad de la noche para comprobar que estaban en su habitación, sanas y salvas”. Precisamente para que así siguieran, Aissatou tuvo que soportar tirones de pelo, insultos, el rechazo por parte de su familia política y un divorcio. Huyó a Bruselas para pedir asilo para sus pequeñas y todo fue rápido: en apenas un año se le acordaba la protección demandada.
Desde 2007, Bélgica, donde la mutilación y refugio se dan la mano, ha registrado un fuerte aumento de demandas de asilo por cuestiones ligadas a esta práctica, pasando de 87 a 210, en apenas tres años. Sin embargo, es de los pocos países que realiza este tipo de recolecta de datos.
Apoyo sanitario: Bélgica y Francia, dos ejemplos a seguir
Varios socios comunitarios están tomando medidas tanto para combatir esta práctica dentro y fuera de sus fronteras, como para acompañar a mujeres que, al igual que Zahra o Aissatou, lo padecieron en su país de origen.
Entre ellos, se encuentra, de nuevo, Bélgica donde existe una guía sobre desinfibulación, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), distribuida por el Ministerio de Sanidad y redactada por Fabienne Richard, una matrona especialista en MGF del Instituto de Medicina Tropical de Amberes y colaboradora en GAMS-Bélgica. La concepción de este manual surgió hace años, cuando Fabienne volvía de un viaje en África y tuvo que explicar por teléfono a un joven médico belga como practicar la desinfibulación a una mujer somalí para que diera a luz sin que peligrara ni su vida ni la de su bébé.
De este desarrollo se benefició Zahra, que poco después de aceptar su realidad, surgió la posibilidad de operar y reconstruir. “Cuando me enseñaron la imagen de unos genitales sin escindir me puse a llorar. No podía creer que me hubieran hecho eso”, declara esta joven y afirma que no se lo pensó dos veces antes de aceptar.
En el ámbito de la cirugía, Francia, se sitúa a la cabeza desde que en 2003 incluyera la operación este tipo de intervención, practicada en alrededor de quince hospitales en todo el territorio, entre los servicios reembolsados por la seguridad social.
En lo que respecta la protección legal, si bien fue Suecia el primer país europeo en tipificar la MGF como delito, Francia, ha tomado rápidamente el relevo al convertirse en principal referente en esta lucha, con el apoyo de la asociación GAMS-Francia, que trabaja desde 1977 y que posee carácter consultivo para el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.
La legislación gala establece penas que llegan a los diez años de cárcel (veinte en caso de que la mutilación haya sido llevada a cabo en una menor por parte de su responsable) o el pago de hasta 150 000 euros de multa. Además, penaliza a aquellas personas que aún pudiendo prestar socorro a las víctimas, no lo hicieron. Con estas armas, uno de los principales motores de la Unión Europea, se erige en referente judicial al convertirse en uno de los primeros países comunitarios en llevar a una partera a la cárcel, en 1999. Se trataba de Hawa Gréou, una mujer de origen malí que desde la década de 1980 había practicado la MGF a alrededor de cincuenta jóvenes y que fue condenada a ocho años de prisión.
¿Qué puede hacer la UE?
Si bien distintos socios comunitarios han tomado medidas pertinentes, sigue faltando una estrategia a nivel global, según ha denunciado en repetidas ocasiones el Parlamento Europeo, con Emma Bonino, antigua eurodiputada y ex titular de Cooperación al Desarrollo de la Comisión Europea, como principal combatiente durante los últimos diez años.
A Bonino se han ido sumando otros actores políticos de primera línea como Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión europea y responsable de la cartera Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, o el presidente de la Eurocámara, Jerzy Buzek. Ambos mostraron su apoyo firmando uno de los 42.000 pétalos de rosas blancas que Amnistía distribuyó para respaldar la campaña el año pasado. “Esta cuestión ha entrado por fin en la agenda política europea, pero aún no hay una estrategia y queremos acciones claras”, señala Prerna, que alerta de un déficit en las legislaciones nacionales: “Muy pocos países incluyen el término MGF como delito, por lo que la gente no lo respeta. Sólo alrededor de diez países europeos lo condenan”, entre los que se encuentran Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Italia, Noruega (no comunitario), Gran Bretaña y Suecia. Únicamente estos dos últimos poseen leyes específicas contra la MGF.
Además, Amnistía apunta la necesidad de colaborar estrechamente con los países en los que se practica. A pesar de los esfuerzos llevados a cabo por varios estados africanos, (la MGF formó parte de la agenda de trabajo de la 19º sesión del Consejo Ejecutivo de la Unión Africana el pasado mes de junio Malabo), alrededor de tres millones de niñas siguen corriendo el riesgo cada año en todo el mundo (incluyendo América latina, Oriente Medio y determinadas comunidades kurdas en Irak e Irán), según estimaciones de la OMS. En este contexto, “sería importante, por ejemplo, que diputados europeos y africanos trabajaran juntos. Europa podría aprender mucho de lo que se está haciendo en África”, especialmente de aquellos que lo tipifican en sus legislaciones, como es el caso de Costa de Marfil, Gana, Nigeria, Senegal o Togo, afirma Prerna.
Durante los últimos años, las asociaciones que luchan contra la MGF han vivido en constante transformación: lo que antes era impulsado por las propias víctimas, hoy en día cuenta con el apoyo de expertos en la materia y una población civil cada vez más concienciada, haciendo que este tema empiece a dejar de ser tabú. Los Gobiernos, por su parte, también han empezado a tomar conciencia del papel que juegan en esta lucha. No obstante, mientras siga prevaleciendo un vacío legislativo comunitario que obligue a cada uno de los actores estatales o asociativos a tomar medidas, todas esas voces no serán más que gotas de lluvia en mitad de una tormenta que sigue siendo violenta.
1-VIII-11, G. Mombo, guinguinbali
