El presidente de México, Felipe Calderón, decretó tres días de luto nacional por la muerte de 52 personas en un centro de apuestas de la ciudad de Monterrey, incendiado con total impunidad y a plena luz del día por un grupo de sicarios, en el mayor ataque homicida del crimen organizado contra civiles que ha sufrido el país.
Calderón ofreció una recompensa por la captura de los responsables del golpe, que calificó de "acto de terror". Desde que emprendió su guerra contra las mafias de la droga en 2006 - con un saldo provisional de 40.000 muertos-,es la primera vez que el presidente utiliza esa expresión. También llamó "verdaderos terroristas" a los autores de la agresión y dedicó buena parte de su mensaje de condena a EE. UU., el mayor polo de demanda de estupefacientes en el mundo...
La magnitud de la tragedia obligó a Calderón a desplazarse a Monterrey para intentar mitigar el clima de zozobra que se vive en la ciudad y las muestras de indignación de sus habitantes ante la desbocada ola de violencia. La acción criminal del jueves es la más grave, pero . hay que sumarla a la interminable lista de asesinatos, secuestros, tiroteos, actos de extorsión y bloqueos viales que marcan la vida cotidiana de la gran capital económica del norte mexicano, hasta hace muy poco ejemplo de seguridad, convivencia y progreso.
Hoy, sin embargo, Monterrey es territorio comanche.Una plaza que disputan a sangre y fuego los carteles del Golfo y Los Zetas por su ubicación estratégica en el trasiego de droga hacia EE. UU. Allí, los sicarios campan a sus anchas, colgando a ejecutados en puentes peatonales e interrumpiendo el tráfico de las principales avenidas para impedir el paso del ejército o de las fuerzas policiales, infiltradas en buena medida por su dinero corruptor. Un dinero que proviene, entre otras fuentes, del cobro de cuotas a toda clase de establecimientos comerciales como forma de control territorial.
El llamado derecho de piso fue lo que, aparentemente, no habría cobrado el cartel que ordenó a sus sicarios prender fuego al Casino Royale, cuyo dueño está desaparecido aunque fue llamado a presentarse ante las autoridades.
Según el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, el local operaba sin permisos municipales de protección civil y había violado el reglamento por ampliar sus instalaciones sin permiso de obras. El Ayuntamiento lo clausuró en mayo, pero el tribunal de lo contencioso administrativo permitió su reapertura pocos días después. Las autoridades no pudieron aclarar si estas irregularidades explican el testimonio de las personas que lograron escapar del fuego cuando aseguraban que las salidas de emergencia estaban bloqueadas.
27-VIII-11, E. Sabartés, lavanguardia
Las primeras indagaciones parecen reforzar la hipótesis de la represalia contra los propietarios del casino, que se habrían negado a pagar la cuota semanal de protección al cártel de Los Zetas. Esta organización de narcotraficantes, conocida por su sanguinario modus operandi, se disputa con el cártel del Golfo el control territorial de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, fronterizo con Texas y por tanto estratégico para el trasiego de los cargamentos de droga hacia el mercado de Estados Unidos.
En el frente bélico, el gobierno de Nuevo León anunciaba que en las próximas semanas llegarán 1.500 policías federales y otros tantos elementos del ejército para reforzar la seguridad de la región, considerada la locomotora industrial del país y destino de millonarias inversiones de empresas extranjeras, entre ellas muchas españolas.
Todas las fuerzas políticas sin excepción condenaron el ataque incendiario, al igual que la iglesia católica y la patronal, que pidió aprobar cuanto antes nuevas reglas de seguridad nacional. Pero el consenso en la condena se diluyó ante la propuesta del ex presidente Vicente Fox, que llamó al gobierno de su sucesor, Felipe Calderón, a convocar "a los grupos violentos a una tregua y valorar la conveniencia de una ley de amnistía" para poner fin a la violencia y a la muerte de civiles inocentes. La propuesta de Fox levantó ampollas en las filas del oficialista Partido Acción Nacional y en el gabinete federal
28-VIII-11, E. Sabartés, lavanguardia