´Transparencia´, Jordi Canals

El anuncio de la dimisión del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores levanta de nuevo el debate sobre la independencia de los reguladores en la toma de decisiones y, en general, sobre la transparencia de la gestión de los entes públicos. Las recientes discusiones sobre el buen gobierno han arrojado lecciones claras para las empresas. La transparencia es una de ellas y el sector público debería tomar buena nota.

Es cierto que, durante las últimas décadas, numerosos entes públicos en España han efectuado un progreso notable en este campo. Lamentablemente, el poder ejecutivo aún elude informar sobre los criterios en que se basa para tomar decisiones o sobre el balance económico de ciertas actividades públicas. Entre otras, destacan por su relevancia los procesos de decisión de los organismos reguladores, el coste real por alumno escolarizado y los indicadores de éxito del sistema educativo –incluyendo el universitario–, el coste y la eficiencia del sistema hospitalario, o el balance económico de los aeropuertos del Estado.

En ocasiones se argumenta que no es fácil efectuar los cálculos y las asignaciones correctos de costes e inversiones. Tampoco lo es para una empresa que cotiza en bolsa y, sin embargo, está obligada a ello. Y es que la falta de información concreta y fiable crea desconfianza, y el secreto absurdo impide cualquier discusión sensata sobre asuntos que son cruciales para todos.

No se trata de responder a una curiosidad malsana, similar a la que algunos mentideros despliegan para conocer, por ejemplo, la retribución del equipo directivo de una empresa. Por el contrario, en el caso de los entes públicos se trata de un derecho esencial de la ciudadanía, pues estas actividades persiguen el bien común y se financian con recursos de todos; por consiguiente, es lógico que sepamos qué destino tienen y qué resultados se consiguen.

La transparencia en la gestión pública, la obligación de dar cuenta y la vocación de servicio que debería regir la conducta de los altos cargos de la Administración son pautas que no admiten excepciones.

En aquellas actividades se da, además, una razón especial. Estamos hablando de cuestiones esenciales para el futuro de cualquier sociedad: educación, investigación, sanidad, regulación o infraestructuras. No se puede eludir un serio debate sobre estas cuestiones. Sin embargo, este debate queda bloqueado cuando la transparencia sobre aquellas actividades es deficiente.

En una empresa privada, el poder del equipo directivo puede ser mayor que el de los accionistas, y el buen gobierno de la empresa afirma que esto no es deseable. Sin embargo, los inversores están en una empresa porque quieren, pues –en la mayoría de los casos– pueden irse cuando les plazca, también cuando piensan que los gestores son poco transparentes. En el caso de las administraciones públicas, el ciudadano no siempre tiene el derecho de votar con los pies y marcharse.

Ésta es una razón más para que los entes públicos extremen la transparencia en su actuación. Les obliga a ello un sentido elemental de respeto a las instituciones que representan y, por consiguiente, a todos los ciudadanos.

12-IV-07, Jordi Canals, profesor del IESE, lavanguardia